La JEP está investigando la victimización de miembros de la Unión Patriótica en el marco del caso 06. Las víctimas solicitan mayor avance en las investigaciones y que se evalúen correctamente las medidas restaurativas.
La masacre de 16 jóvenes ocurrida el 29 de junio de 1996 ya no se olvida en el corregimiento Altavista, suroccidente de Medellín. Una obra de teatro y un grupo de jóvenes impetuosos se ha encargado de recordar y representar aquellos sucesos en la obra 1996, que desde 2022 recorre con llenos totales las salas comunitarias y los escenarios de ciudad, como una manera de contribuir a la memoria de su territorio, condolerse con los vecinos que perdieron a sus hijos y apostar por un futuro diferente.
Patricia Orozco, Alejandra Morales y Benjamín Rojas son líderes sociales del Oriente antioqueño. Sus historias y liderazgos tienen algo en común: la Corporación Adagio, una organización que trabaja por el reconocimiento de los derechos de las personas con expresiones de género diversas en una de las regiones más conservadoras de Antioquia.
A veinte años de la sentencia que exhortaba al Estado a proteger a las víctimas de desplazamiento forzado, la situación continúa evidenciando una crisis social y humanitaria. Desde la firma de los Acuerdos de Paz se han registrado en Colombia más de 1050 casos de desplazamiento forzado masivo y 1 600 000 personas han resultado afectadas por esta modalidad de victimización. En el departamento, Bajo Cauca, Norte y Nordeste son las subregiones más afectadas; Medellín es la principal ciudad receptora.
Está ubicada en El Poblado y está valorada en 12 000 millones de pesos. Durante todo este año, víctimas y académicos tendrán la tarea de resignificar el lugar que alguna vez fue uno de los cuarteles generales del mayor capo del narcotráfico en Colombia.
El Laboratorio de Fuentes Históricas de la Universidad Nacional puso a disposición del público el micrositio del Archivo Histórico de la Corporación Región, presentado el 7 de junio en Medellín. Este incluye manuscritos, obras de arte, impresos, fotografías, objetos, audios y videos que permiten comprender dinámicas sociales y culturales de la sociedad colombiana entre los años 1980 y 2013.
Como parte del Caso 08, denominado “Crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado”, la Jurisdicción Especial para la Paz citó a nueve exparamilitares a declarar sobre las masacres de La Granja y El Aro, en Ituango, y Las Juntas, en Valdivia, perpetradas por el bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia en colaboración con agentes del Estado.
En el 2006, el Estado definió un amplio territorio de la cordillera Occidental como el Cinturón de Oro de Colombia, una zona estratégica para la extracción de minerales, donde se ubica el Suroeste antioqueño, reconocido por su vocación agrícola y cafetera. En el 2011, organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas y sociales crearon el Cinturón Occidental Ambiental, un movimiento regional que abraza las montañas y defiende el territorio del modelo económico extractivista.
Las organizaciones de víctimas se reunieron en Medellín para conmemorar la Semana Internacional del Detenido Desaparecido y dignificar la memoria de sus familiares desaparecidos durante el conflicto armado. En varios eventos hablaron sobre sus logros y desafíos con relación a su participación en la formulación de políticas públicas, como el recién creado Sistema Nacional de Búsqueda y la aprobación de la ley que protege a las mujeres buscadoras.
Por más de una década, la asociación Acasa ha trabajado en la defensa del territorio y por los derechos del campesinado en la región de Urabá. A pesar de las estigmatizaciones y las vulneraciones de los grupos armados que buscan acallar su voz, continúa firme en el compromiso por reconstruir el tejido social, a través de una iniciativa de acercamiento a la memoria en un mercado campesino.