En las montañas del Catatumbo un grupo de mujeres tiene una antigua amistad con las plantas. Desde el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) luchan por el reconocimiento de su rol histórico como cuidadoras y por mantener una voz representativa en este movimiento social, que defiende los derechos de la población campesina y su autonomía alimentaria y territorial.
En la vereda La Esperanza, de El Carmen de Viboral, el proceso de reparación colectiva se ha pausado en diferentes ocasiones. El cambio de profesionales que llevan el proceso, el silencio de la Unidad para las Víctimas en las etapas iniciales y algunas diferencias entre las mismas víctimas de la vereda han hecho que este proceso ya se tome más de diez años. En este momento, aunque ha habido algunas reuniones, sigue en la incertidumbre.
Por un anuncio de radio, Raquel Torres Romero, desaparecida en el conflicto armado, halló a su hermana Isabel, que la aguardaba en Concepción, Santander. El cuerpo plenamente identificado de Raquel es el primero que por la estrategia de búsqueda inversa, desplegada por la UBPD, la JEP y Medicina Legal, puede ser entregado a su familia.
En el departamento hay 78 sujetos de reparación colectiva reconocidos por el Estado; tres están en Medellín. Mientras las poblaciones que los componen señalan lentitud en los trámites, la Unidad para las Víctimas aduce que se ha avanzado pero aún hay muchos retos por enfrentar.
La Asociación para la Investigación y la Acción Social Nomadesc promueve la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades que han sido víctimas del desplazamiento forzado en el Pacífico colombiano. Su apuesta más representativa: la Universidad Intercultural de los Pueblos.
En el quinto acto de perdón, de los 53 que el Ministerio de Defensa asumió como obligación judicial en 2022, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en los asesinatos de civiles cometidos entre 1998 y 2009 en Antioquia y Córdoba. En esta tercera publicación, Hacemos Memoria recoge los pronunciamientos de familiares de las víctimas y del ministro Iván Velásquez.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, en Colombia han desaparecido 1730 personas según datos del Comité Internacional de la Cruz Roja. Una cifra que habla de la continuidad de este crimen, si se tienen en cuenta las 111 640 personas que en el contexto del conflicto armado fueron desaparecidas, como lo registra la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
El Estado colombiano reconoció la responsabilidad de la Fuerza Pública en los asesinatos de civiles cometidos entre 1998 y 2009, que fueron presentados por distintas unidades militares como resultados operacionales. En esta segunda publicación, Hacemos Memoria recoge lo que dijeron los familiares de 10 de las víctimas y el pronunciamiento del ministro Iván Velásquez.
La Jurisdicción Especial para la Paz citó a alias ‘Lucas’ a declarar en el Caso 08, que busca aclarar los crímenes cometidos por agentes del Estado o la Fuerza Pública en asociación con grupos paramilitares, para que explique cómo y quiénes financiaron a Carlos Castaño y su grupo paramilitar.
El ministro de Defensa Iván Velásquez y el comandante del Ejército Nacional, Luis Emilio Cardozo, reconocieron la responsabilidad de la Fuerza Pública en los asesinatos de civiles cometidos entre 1998 y 2009 que fueron presentados por distintas unidades como resultados operacionales. Hacemos Memoria recoge en tres publicaciones lo que dijeron los familiares de las víctimas y el pronunciamiento del ministro.
