Rafael Rodríguez, “Raro”, es un artista plástico de Samaná, Caldas, que fue el único civil que atestiguó en este abril de 2024 la intervención del cementerio San Agustín por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El objetivo de la entidad con aquella labor era hallar a posibles desaparecidos del conflicto armado; el de Rafael, al estar presente, crear un testimonio para la memoria nacional.
La JEP está investigando la victimización de miembros de la Unión Patriótica en el marco del caso 06. Las víctimas solicitan mayor avance en las investigaciones y que se evalúen correctamente las medidas restaurativas.
Las organizaciones de víctimas se reunieron en Medellín para conmemorar la Semana Internacional del Detenido Desaparecido y dignificar la memoria de sus familiares desaparecidos durante el conflicto armado. En varios eventos hablaron sobre sus logros y desafíos con relación a su participación en la formulación de políticas públicas, como el recién creado Sistema Nacional de Búsqueda y la aprobación de la ley que protege a las mujeres buscadoras.
Por más de una década, la asociación Acasa ha trabajado en la defensa del territorio y por los derechos del campesinado en la región de Urabá. A pesar de las estigmatizaciones y las vulneraciones de los grupos armados que buscan acallar su voz, continúa firme en el compromiso por reconstruir el tejido social, a través de una iniciativa de acercamiento a la memoria en un mercado campesino.
Las víctimas le piden a la JEP que las incluya en la formulación de los proyectos que harán parte del Sistema Restaurativo. Una de las tres iniciativas que ya empezó es “Siembras de Vida”, en Bogotá, pero carece, según las víctimas, de conexión territorial con los hechos victimizantes, enfoque restaurativo y socialización sobre su funcionamiento.
La JEP realizó una audiencia pública como parte de una medida cautelar nacional que busca proteger los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada. La entidad llamó la atención sobre falencias, como la falta de un universo consolidado de las personas afectadas. Las organizaciones celebraron esta medida; sin embargo, criticaron la forma en que se impulsó y pidieron más participación en este tipo de encuentros. La diligencia fue convocada para el 14 y el 16 de mayo, en Bogotá y en Barrancabermeja, Santander.
El reclutamiento y la utilización de niños y niñas en el conflicto armado hacen parte de las investigaciones que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el Caso 07. Este caso se subdivide entre las acciones de la fuerza pública y las de las FARC. Las organizaciones de víctimas piden que se avance en ambos subcasos.
La UBPD, el Ministerio de Justicia y del Derecho y las organizaciones sociales y de familiares que buscan a sus seres queridos instalaron hoy, 2 de mayo, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, reglamentado por el Decreto 0532 del 29 de abril de 2024. Las víctimas aplauden el decreto, pero insisten en una mayor participación en el mecanismo y en su implementación.
Las directoras de cuatro organizaciones de víctimas hablaron de las reivindicaciones de su movimiento, de las adversidades que han enfrentado y de los desafíos que tienen en el contexto actual de Colombia, cuando hay avances en el reconocimiento del conflicto armado y en la participación de grupos antes silenciados, pero aún hay mucho por recorrer en la construcción de memoria histórica y en el acceso a derechos como verdad, justicia, reparación y no repetición.
El Caso 04 investiga las masacres, la desaparición forzada, los antes denominados “falsos positivos”, el reclutamiento de menores y los asesinatos selectivos, entre otros hechos violentos, ocurridos durante el conflicto armado en diez municipios de Antioquia y Chocó, en la región de Urabá, de los que hasta ahora se han acreditado 46 709 víctimas. La Jurisdicción Especial para la Paz ha vinculado a 327 personas, principalmente de las extintas FARC y del Ejército, como comparecientes.
