Asociaciones de víctimas en Antioquia persisten a pesar de las adversidades

Las directoras de cuatro organizaciones de víctimas hablaron de las reivindicaciones de su movimiento, de las adversidades que han enfrentado y de los desafíos que tienen en el contexto actual de Colombia, cuando hay avances en el reconocimiento del conflicto armado y en la participación de grupos antes silenciados, pero aún hay mucho por recorrer en la construcción de memoria histórica y en el acceso a derechos como verdad, justicia, reparación y no repetición. 

Por Fabián Uribe Betancur 
Foto: Unidad para las Víctimas

Las organizaciones sociales de víctimas en Antioquia llevan décadas construyendo paz en medio del conflicto y han visibilizado sus territorios al situarlos en el centro de un ejercicio de resistencia pacífica a los violentos, impidiendo que se rompa el tejido social de la población. Estas asociaciones trabajan por la protección de las víctimas, desarrollando acciones para el acceso a derechos como la educación, la salud y la vivienda; y, a su vez, promueven la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de esta población, al igual que llaman a la no repetición de los hechos violentos en la sociedad.  

Según el exdirector del CNMH Gonzalo Sánchez, en el prólogo del informe ¡Basta Ya! Colombia, “durante décadas, las víctimas fueron ignoradas tras los discursos legitimadores de la guerra, fueron vagamente reconocidas bajo el rótulo genérico de la población civil o, peor aún, bajo el descriptor peyorativo de ‘daños colaterales’”. Sin embargo, con la promulgación de las leyes 975 de 2005 (Justicia y Paz) y 1448 de 2011 (Víctimas y Restitución de Tierras), se abrió un nuevo espacio de reconocimiento para las víctimas del conflicto y sus demandas sociales. Fue en este contexto que se formalizaron las organizaciones y grupos de víctimas, que desde mucho antes venían trabajando al respecto en todo el país.    

Para conocer más sobre cómo ha sido su labor y cuáles son los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones en los territorios, Hacemos Memoria conversó con cuatro mujeres que son líderes de estas asociaciones: Lilia Peña, de la Asociación de Víctimas de Crímenes del Estado – Magdalena Medio, Asorvimm; Gloria Ramírez, de la Asociación de Víctimas Unidas de Granada, Asovida; Aída Jiménez, de la Asociación de Víctimas y Desplazados de Urabá, Asovidez, y Luz Amparo Mejía, de la Asociación Madres de la Candelaria – Línea Fundadora.  

Orígenes y luchas  

Estas asociaciones surgieron inicialmente para representar y asesorar a las personas afectadas por los actos violentos cometidos durante el conflicto armado y buscar su reparación y reconocimiento por parte del Estado. 

Asovidez (Urabá) 

Aída Jiménez es fundadora de Asovidez y siempre ha sido su directora. Fue desplazada en el 2004 de Carepa y se exilió en Suiza con su familia, tras denunciar graves violaciones a los derechos humanos por parte de grupos armados en la región de Urabá.  

Entre los antecedentes significativos para la creación de la organización, está el Comité de la Masacre de Pueblo Bello, un grupo conformado por diez personas que tenía como propósito participar en el caso denominado Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.    

Asovidez surge en el 2004, integrada por cinco personas de la región de Urabá. Su misión era asesorar y acompañar a las víctimas en los procesos de reclamación de sus derechos, incluyendo acceso a servicios de salud, vivienda, educación, atención psicosocial y los procesos de reparación individual para los familiares afectados por el conflicto armado.  

“Cuando logramos la cédula jurídica, en el 2011, empezamos a atender personas en cantidades; a la oficina se acercaban unas doscientas personas a diario para que les ayudaran con sus trámites o que los asesoraran para las reparaciones individuales de sus familiares”, narra Jiménez. 

Madres de la Candelaria – Línea Fundadora (Valle de Aburrá) 

Por otro lado, la Asociación Madres de la Candelaria – Línea Fundadora tuvo sus inicios en Medellín. De acuerdo con su representante legal, Luz Amparo Mejía, con el objetivo de exigir justicia y verdad ante la impunidad del secuestro, las desapariciones forzadas y los asesinatos selectivos de los familiares por parte de diferentes grupos armados. 

“Llegué a esta organización porque formo parte de las 70 familias que a finales de los noventa en la comuna 6 fuimos víctimas del secuestro de nuestros familiares por parte del ELN y las FARC. En esas tomas masivas cae mi hermano de crianza”, comenta Mejía.    

Inspiradas en las Madres de la Plaza de Mayo, un grupo de mujeres decidió hacer más visible su dolor mediante una marcha y un plantón el 17 de marzo de 1999 en la Catedral Nuestra Señora de la Candelaria.  

Desde entonces, este movimiento social ha sido reconocido como las Madres de la Candelaria, y cada miércoles al mediodía se escuchan consignas como “¡Los queremos vivos, libres y en paz!”. 

“En los inicios tuvimos una lucha muy fuerte para que se comprendiera que la desaparición era un delito. Luego, enfrentamos otro desafío para que se reconociera el desplazamiento intraurbano, ya que los grupos delictivos de esta ciudad nos expulsaban de nuestros propios barrios. Todo ha sido una lucha constante; nada nos ha sido dado de forma gratuita por parte del Estado. A pesar de las muchas dificultades, perseveramos”, expresa Mejía.  

Asovida (Oriente antioqueño) 

En la misma época, el conflicto golpeaba también el Oriente antioqueño. El 6 de diciembre de 2000, el casco urbano de Granada padeció la detonación de 400 kilos de dinamita, puestos por las FARC, en la calle principal del pueblo, cuando el carrobomba se dirigía a la estación de Policía. Un mes antes, el 3 de noviembre del 2000, los paramilitares habían asesinado a 19 personas. Con estos horrores a cuestas, los granadinos, desplazados por toda Colombia, se congregaron para reconstruir el pueblo y propiciar eventos de paz.  

Gloria Ramírez, directora de Asovida desde sus orígenes, también ha sufrido los estragos de la violencia en este municipio del Oriente. En el 2000, ella y su familia fueron desplazados de la vereda La Florida tras un ataque de la guerrilla a la comunidad. 

Pasaron algunos años entre las tomas de los grupos armados, los desplazamientos masivos y los retornos a levantar de nuevo la vida en comunidad. Asovida se conformó el 30 de agosto de 2007, como una organización civil local que busca la restitución de los derechos vulnerados durante el conflicto armado. Ramírez explica que la entidad se enfocaba entonces en la capacitación en derechos y en el acompañamiento psicosocial de la población; se reunían mediante asambleas mensuales. Durante estos ejercicios de diálogo, surgió la iniciativa de crear un espacio físico para conservar la memoria de Granada: el Salón del Nunca Más, que hoy es uno de los principales y más reconocidos lugares de memoria en Colombia. 

Leer más: El Salón del Nunca Más vuelve a abrir sus puertas

“La asociación era una puerta abierta al derecho; o sea, nos permitía escudriñar en todos los derechos. Nos acompañaban en esa exigencia abogados, instituciones, entidades y ONG; siempre estaban ahí para defendernos. Después desarrollamos marchas, abrimos trochas, hicimos foros, encuentros, capacitaciones, y creamos un espacio de memoria para el municipio”, comenta Ramírez.  

Asorvimm (Magdalena Medio) 

Mientras tanto, Lilia Peña, directora y fundadora de Asorvimm, fue desplazada de San José del Guaviare por persecuciones y por el asesinato de su esposo en 1998. La violencia del conflicto la siguió hasta Santander, cuando en el 2002 fue asesinado su hermano después de hostigamientos continuos. 

Asorvimm se creó el 31 de agosto de 2004, en Barrancabermeja (Santander), como respuesta a la necesidad de las víctimas de la región del Magdalena Medio de organizarse para exigir verdad, justicia, reparación integral y no repetición de los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado. 

La asociación hace parte del Movimiento Nacional de Crímenes del Estado (Movice) y tiene presencia en los municipios de la ribera del Magdalena, en Antioquia, Bolívar, César, Santander y Cundinamarca. 

De acuerdo con su directora, en el 2006 se realizó la segunda asamblea con delegados de 18 municipios de esta región del país, en la que participaron 1100 víctimas de la violencia, y se decidió formalizar la entidad. Desde sus inicios, la asociación ha recibido amenazas por la labor que realizan en los territorios.  

“Hemos recibido amenazas por parte de los grupos armados. Nos quitaban los mercados, nos hacían hostigamientos a través de llamadas telefónicas y mensajes de textos. Hemos sufrido la persecución de los integrantes de la asociación; en los dos primeros años hubo dos renuncias de miembros de la junta directiva por las amenazas. Nuestra labor con las víctimas ha estado y sigue siendo estigmatizada en la actualidad por los actores que hacen presencia en el territorio”, dice Peña.   

Futuros desafíos  

La falta de recursos ha obligado a que algunas de las asociaciones vean limitadas sus actividades sociales o tengan que cerrar sus sedes por los altos costos de alquiler y los servicios públicos, y porque el desarrollo de sus programas depende netamente de la disponibilidad y voluntad de los integrantes, pues pocas veces cuentan con alguna remuneración por estas labores. A su vez, la mayoría de sus bases sociales son personas de la tercera edad y hay poco relevo generacional. Además, sus actividades de defensa de los derechos humanos en ocasiones se ven vulneradas por las amenazas y la persecución de los actores armados que persisten en los municipios.   

En el 2020, Asovidez tuvo que cerrar su sede en Carepa; además, las medidas de aislamiento de la pandemia obligaron a que varios de sus usuarios e integrantes dejaran de asistir presencialmente a la organización. Según Jiménez, actualmente prestan sus servicios de asesoría y acompañamiento a las víctimas de forma virtual.  

“Por la falta de recursos ya no nos da para tener una sede, porque todo ha subido mucho. Cuando teníamos la sede la pagábamos entre dos personas, nos costaba 700 mil pesos, y nos cabían 80 personas. Ahora ese local cuesta dos millones de pesos, más los servicios e Internet. Por ahora estamos trabajando desde las casas”, explica Jiménez.    

A la fecha esta organización está compuesta por cinco mujeres, pero en la última asamblea desarrollada el 18 de febrero de 2024, se acordó que se integrarían 26 personas de diferentes municipios de Urabá, y que se reunirían cada martes. Además, en sus actividades por desarrollar se encuentra la creación de un comité de mujeres campesinas para potenciar proyectos agropecuarios en la región. 

“En este momento estamos modificando los estatutos de la organización, porque la teníamos enfocada en la defensa de los derechos humanos y la atención psicosocial, pero queremos ampliarnos a otros temas: ambientales, realización de talleres sobre paz y proyectos productivos. Esto nos permitirá obtener recursos y participar en convocatorias”, detalla Jiménez. 

La directora de Asovidez destaca la importancia de que el Estado se involucre en las regiones para respaldar las múltiples iniciativas de paz que las comunidades están implementando. “Este es un llamado al Gobierno nacional a que mire a las organizaciones de base. Que entiendan la importancia de nuestra labor, porque nosotros no ganamos un salario. Necesitamos que nos apoyen para poder continuar con nuestras actividades. Solo nos buscan en temporada de elección, ahí sí existimos”, puntualiza.   

Por su parte, la Asociación Madres de la Candelaria – Línea Fundadora celebró en marzo sus 25 años de existencia. La organización está conformada por 1715 familias procedentes de toda Antioquia. En la actualidad, se enfrenta a desafíos como el acompañamiento en la búsqueda de personas de la población LGBTIQ, en colaboración con Casa Diversa de la comuna 8 de Medellín, y en la búsqueda de 11 familias de desaparecidos que fueron encontrados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, en el contexto de las investigaciones de la JEP.  

Leer más:  Madres de la Candelaria: 25 años buscando la verdad

De igual manera, Asorvimm tiene como desafío principal fortalecer su presencia y base social en los municipios de Yondó, Puerto Berrío y Puerto Nare, conformada por más de 400 personas. Peña detalla: “Queremos continuar con nuestra gestión con las víctimas, promover proyectos productivos y lograr el autosostenimiento de la organización. Además, queremos seguir con el reconocimiento de las víctimas, documentando los procesos y realizando informes, así como apoyar los procesos con la JEP y la UBPD en este departamento”, puntualiza.   

Para Asovida, entre los desafíos están reactivar su participación en el municipio y en la subregión del Oriente antioqueño, y continuar con las obras de adecuación del Salón del Nunca Más, que fue reparado hace poco y ahora renueva sus exposiciones. “Queremos continuar con el proceso que hemos llevado hasta ahora y seguir contando la historia de nuestro municipio. Además, tenemos la idea de abrir un café que nos permitirá, tal vez, evolucionar un poco en términos de recursos, y completar el montaje de la exposición en el salón. Deseamos seguir teniendo presencia en los espacios públicos y continuar representando un retorno digno”, señala Ramírez.   

Las organizaciones sociales de víctimas en Antioquia y en el resto del país enfrentan diversos riesgos al llevar a cabo sus labores; riesgos económicos que impiden o limitan la misión de las entidades en los municipios: la deserción de sus bases sociales debido a que un buen número de víctimas ya han sido reparadas por el Estado, o han fallecido desde el momento de creación de la organización, o han desistido de sus reclamos, entre otros aspectos; las fracturas dentro de la administración de las asociaciones por disputas en los liderazgos, como puede suceder en todas las organizaciones de la sociedad civil; y a amenazas a la labor que desarrollan en los territorios, pues sus insistencias y voces de liderazgo aún molestan o no convienen a variados actores legales e ilegales.