La Fundación Social Córdoba Controversial —Cordoberxia— promueve los derechos humanos, la defensa del territorio y la protección de los líderes sociales en el departamento de Córdoba, a través del empoderamiento de los ciudadanos de sus derechos y la prevención de la violencia.
A veinte años de la sentencia que exhortaba al Estado a proteger a las víctimas de desplazamiento forzado, la situación continúa evidenciando una crisis social y humanitaria. Desde la firma de los Acuerdos de Paz se han registrado en Colombia más de 1050 casos de desplazamiento forzado masivo y 1 600 000 personas han resultado afectadas por esta modalidad de victimización. En el departamento, Bajo Cauca, Norte y Nordeste son las subregiones más afectadas; Medellín es la principal ciudad receptora.
El Caso 01 de la JEP, que está relacionado con las tomas de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos por las extintas FARC, lleva hasta la fecha dos imputaciones: la primera fue emitida por el tribunal de justicia transicional contra el antiguo Secretariado y la segunda contra miembros del Comando Conjunto Central de las FARC-EP.
El Gobierno actualmente tiene dos mesas de diálogo abiertas con dos estructuras armadas, que buscan una salida negociada al remanente conflicto armado colombiano, luego de la desmovilización de las AUC en el 2005 y el Acuerdo de Paz alcanzado con las FARC-EP en el 2016. Hacemos Memoria consultó a los expertos Germán Valencia y Fernando Hernández acerca de cómo las experiencias de procesos de paz previos en el país pueden contribuir al avance de las negociaciones actuales.
Clemencia Carabalí Rodallega es una reconocida lideresa de Buenos Aires, Cauca; es fundadora y presidenta de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, ASOM, una organización que desde hace más de dos décadas se dedica a la defensa de los derechos territoriales y del pueblo afrodescendiente, en un territorio afectado por las violencias del conflicto armado y la economía de la minería del oro.
Hasta el momento no hay una agenda de negociación clara entre el Gobierno y el EMC, pero han acordado tratar temas como el narcotráfico, para lograr transformaciones en las regiones, y la participación de las comunidades, especialmente las campesinas. Además, no se tiene claridad sobre qué hacer con los miembros del EMC que firmaron el Acuerdo de Paz en 2016 y lo incumplieron.
La Unidad para las Víctimas declaró al pueblo raizal como víctima del conflicto armado y como sujeto de reparación colectiva. En el archipiélago de San Andrés persisten las violaciones a los derechos humanos, por el accionar de grupos armados ilegales que ejercen control a través de las bandas locales del crimen organizado.
Caso 7 de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado
Miles de niños han engrosado las filas de los grupos armados ilegales en sesenta años de conflicto. Muchos se han desvinculado. Este es el testimonio de uno de ellos.
Gestores de Paz Potosí es una organización que se sostiene gracias al trabajo autogestionado de jóvenes como Valentina, Darling, Nedzib, Nicole y Yhoiner, quienes trabajan con niños, niñas y jóvenes en el barrio Potosí, parte alta de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Les enseñan a pensarse como personas con derechos y como parte de una ciudad que históricamente los ha marginado.
