El Caso 01 de la JEP, que está relacionado con las tomas de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos por las extintas FARC, lleva hasta la fecha dos imputaciones: la primera fue emitida por el tribunal de justicia transicional contra el antiguo Secretariado y la segunda contra miembros del Comando Conjunto Central de las FARC-EP.

Por Fabián Uribe Betancur 
Foto: JEP

Las tomas de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos por las extintas FARC son investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el Caso 01. Esta investigación inició el 4 de julio de 2018 y tiene como prioridad el periodo entre 1982 y 2012.  

Según la JEP, este tipo de hecho violento fue una política criminal del grupo armado ilegal a nivel nacional, que tenía como motivación el financiamiento de la organización, el control social y territorial y, en algunos casos, el intercambio de personas. 

La entidad dividió la investigación del macrocaso de acuerdo con la distribución de los bloques de la extinta guerrilla: Oriental, Sur, Occidental, Caribe, Noroccidental, Magdalena Medio y Comando Conjunto Central.

Durante el proceso investigativo, la JEP ha logrado identificar a 21 396 víctimas de secuestro con nombre y cédula. La apertura de este caso se dio a partir de los informes entregados por la Fiscalía General de la Nación, denominados, uno, Inventario de casos relacionados con el conflicto armado y, dos, Retenciones ilegales realizadas por parte de las FARC-EP. 

Además, se complementa con informes de organizaciones sociales como País Libre, la Asociación Colombiana de Víctimas de Desaparición Forzada y Otros Hechos Victimizantes (Acomides), el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la Federación Colombiana Víctimas de FARC (FEVCOL), la Fundación Colombiana de Ganaderos (Fundegán), la Corporación Vivamos Humanos y otras agrupaciones que representan a las víctimas de secuestros perpetrados por el extinto grupo armado ilegal. 

El Caso 01 se abrió con el término utilizado por la Fiscalía en el informe número dos: retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP. Con ello la JEP buscaba evitar acusaciones de prejuzgamiento al calificar jurídicamente la conducta antes del momento indicado por la ley. 

Después del Auto de Determinación de Hechos y Conductas 019 del 26 de enero de 2021, que imputa al antiguo Secretariado de la organización por el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes, entre otros, el macrocaso pasó a denominarse de Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad. 

Imputaciones al antiguo Secretariado  

Con este auto, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, SRVR, imputó a ocho miembros del antiguo Secretariado por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en el contexto del Caso 01. 

Los responsables de estos hechos son los exmiembros del Secretariado que están sometidos a la JEP: Rodrigo Londoño Echeverry (Timochenko), Pablo Catatumbo Victoria (Pablo Catatumbo), Pastor Lisandro Alape Lascarro (Pastor Alape), Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Juan Hermilo Cabrera (Bertulfo Álvarez), Jaime Alberto Parra (Mauricio Jaramillo), Julián Gallo Cubillos (Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda Escobar (Ricardo Téllez). La responsabilidad individual varía según los cargos de mando asumidos durante el conflicto armado.  

La SRVR de la JEP también les imputó otros crímenes de guerra relacionados con el trato a los secuestrados, como homicidio, tortura, tratos crueles e inhumanos, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado. 

Que los comparecientes Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar aceptaran su responsabilidad en los crímenes de guerra de toma de rehenes, el crimen de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad y otros crímenes internacionales cometidos de manera concurrente, según lo imputado por la Sala en el Auto 19 de 2021, fue un hito significativo; ya que esta aceptación derivó en la primera Resolución de Conclusiones, expedida el 24 de noviembre de 2022. 

Durante la Audiencia de Reconocimiento del 21 de junio de 2022, la magistrada Julieta Lemaitre resaltó que los comparecientes aceptaron las imputaciones el 30 de abril de 2021 mediante un documento escrito, y que la SRVR estableció el estándar de reconocimiento para los comparecientes. 

“En este caso, se trata de comparecientes con liderazgo en la organización armada, quienes generalmente no fueron los ejecutores directos de los crímenes y en muy pocos casos estuvieron presentes en los secuestros. Sin embargo, dieron órdenes generales a la organización. Por lo tanto, la Sala espera no solo el aporte a la verdad sobre su rol y participación personal en los hechos, sino también que demuestren una intención sincera de liderar el reconocimiento colectivo”, detalló la magistrada Lemaitre.  

En esta audiencia, los siete comparecientes que hacían parte del antiguo secretariado de las FARC-EP reconocieron públicamente las imputaciones realizadas por la SRVR por la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes. Esta diligencia contó con la participación de las víctimas acreditadas del Caso 01, representantes de las organizaciones que presentaron los informes ante la JEP, entidades del Gobierno, organizaciones internacionales y representantes de diversos países. 

Comparecientes y víctimas

El compareciente Pablo Catatumno, durante su testimonio, detalló que la toma de rehenes perpetrada por las FARC-EP fue uno de los crímenes más atroces cometidos durante el conflicto armado. Explicó que esta práctica se intensificó y se diversificó debido a las distintas dinámicas presentes en los bloques, frentes, compañías y milicianos que conformaban la estructura de la extinta organización guerrillera. 

“Estas son algunas de las preguntas que les he escuchado a las víctimas: ¿por qué fueron tan crueles?, ¿por qué no escucharon mis súplicas?, ¿por qué mataron a mi padre?, ¿por qué mataron a mi hijo? Tenemos que reconocer ese por qué, y las respuestas que podamos dar no aliviarán totalmente ese dolor que hemos causado a las víctimas. Pero estas explicaciones y este reconocimiento público y libre nos llevarán por un largo camino de perdón y reconciliación con el propósito de tener un país con una paz estable y duradera”, resaltó el compareciente Catatumbo. 

Por otro lado, durante la diligencia de reconocimiento, Anyela Sierra, hija del agente de policía Víctor Hugo Sierra, quien fue privado de la libertad el 12 de julio de 1999 durante la toma guerrillera de Cucutilla, Norte de Santander, y posteriormente fue dado por desaparecido, señala que es necesario que los comparecientes brinden más detalles sobre la desaparición de los familiares de las víctimas y que haya una verdad amplia sobre los hechos violentos ocurridos en el conflicto. 

“Hoy siento que suelto una maleta del dolor, y realmente brindo el perdón, porque eso lo da cada uno desde su corazón. Quiero que los niños y jóvenes de hoy en día puedan vivir realmente en paz. No quiero que más niños vivan situaciones como la que nosotros vivimos; no quiero ver a los niños crecer sin la presencia de sus padres o pasando por hambre debido a las situaciones del conflicto armado”, resalta Sierra.  

Sanciones 

La Resolución de Conclusiones es un documento mediante el cual la SRVR presenta sus valoraciones respecto a los comparecientes individualizados en el Auto 19 de 2021, en relación con sus responsabilidades como autores de los hechos y delitos atribuidos por la Sala en el Caso 01. 

En la Resolución, la SRVR aprobó el proyecto de sanción presentado por los comparecientes el 27 de septiembre de 2022, que fue elaborado a partir de las propuestas de las víctimas. El documento consta de seis partes, entre los temas destacados están: la justicia restaurativa, la aplicación de enfoques diferenciales de niñez y adolescencia, género, étnico-racial, de discapacidad y territorial, y los mecanismos de consulta con víctimas. 

Entre los proyectos de sanción aprobados por la SRVR se encuentran: trabajos de desminado humanitario, aportes a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la restauración ambiental del páramo de Sumapaz y actividades transversales de dignificación de la memoria de las víctimas. Estas propuestas fueron remitidas a la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz.  

Este tribunal decidirá las sanciones que impondrá a los siete exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC-EP, los comparecientes que reconozcan responsabilidad y aporten verdad exhaustiva, detallada y plena. Contemplan una pena de mínimo cinco y máximo ocho años, bajo un régimen de restricción efectiva de libertades y derechos. Estas sanciones serán verificadas y monitoreadas por la JEP y la Misión de Verificación de Naciones Unidas. 

Imputación regional  

Además del proceso que se siguió en la justicia transicional con miembros del antiguo Secretariado, el Caso 01 realizó una segunda imputación, mediante el Auto 01 de 2023 emitido por la SRVR, que tiene una característica regional e imputa a 10 integrantes del otrora Comando Conjunto Central. Esta imputación se realizó también por los crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos y los crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, como asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos.  

En esta primera imputación regional del Caso 01, la JEP a través de la Sala de Reconocimiento llama a reconocer responsabilidad a quienes comandaron las estructuras que operaron en el sur del Tolima, Quindío y Huila. 

Los imputados por la SRVR en el auto mencionado son: Luis Eduardo Rayo (Marlon), Enoc Capera Trujillo (Giovanni), Jhon Jairo Oliveros Grisales (Armando Pipas), Nelson Antonio Jiménez Gantiva (Gonzalo), Édgar Ramírez Medina (Onofre Camargo), Víctor Hugo Silva Soto (el Chivo), Raúl Agudelo Medina (Olivo Saldaña), Gustavo Bocanegra (Donald), Álvaro Henner López (JJ) y Wilson Ramírez Guzmán (Teófilo). 

La JEP determinó que son máximos responsables por su liderazgo y que ostentaron el mando sobre los seis frentes, tres columnas y tres compañías, además de la comisión financiera Manuelita Sáenz y la comisión política René González que componían el Comando Conjunto Central. 

En el tiempo de investigación que le resta a la JEP (aproximadamente tres años), la SRVR expedirá nuevos autos en el Caso 01 para imputar y llegar a conclusiones con respecto al accionar de los demás bloques de las extintas FARC-EP.