El Consejo de Estado tiene suspendida la práctica del fracking en Colombia. Sin embargo, no ha puesto reparos a los llamados ‘planes piloto’ que tienen como propósito recoger evidencias de la viabilidad de esta práctica considerada perjudicial por el mismo Consejo.

 

Por: Pompilio Peña Montoya

Fotos: José Miguel Arias

El pulso en contra y a favor del fracking en Colombia hoy está más vivo que nunca y se mueve entre el anuncio del presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, de que la primera perforación piloto para evaluar la viabilidad de esta práctica será en el 2023 en el municipio de Puerto Wilches en el departamento de Santander, y las protestas de organizaciones ambientales de todo el país, agrupadas en el colectivo Alianza Colombia Libre de Fracking, le continúan exigiendo al Consejo de Estado que declare inviable la puesta en marcha de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII), que el gobierno nacional reconoció a través del decreto 328 del 28 de febrero de 2020.

Junto a iniciativas como la de Ecopetrol, cuyo proyecto lleva el nombre Kalé y fue adjudicado en diciembre del 2020, están también otras apuestas de exploración de hidrocarburos como la de compañía petrolera estadounidense ExxonMovil, a la que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) le adjudicó el proyecto Platero en abril del 2021.

Ante este panorama, en Puerto Wilches se vive lo que en este municipio fue denominado como una “intimidada resignación”, ante la llegada de este ejercicio técnico-científico que representan los proyectos pilotos, por medio de los cuales el gobierno espera recoger evidencias suficientes para que el Consejo de Estado revoque la actual suspensión judicial de esta práctica, en una tira y afloje que se da desde el 2014. Todo esto en un contexto de protestas, amenazas y asesinato de ecologistas.

Jorge Ardila, vocero del comité para la defensa del agua y el territorio AguaWil, de Puerto Wilches, manifestó a Hacemos Memoria que desde que cinco integrantes de este colectivo fueron amenazados de muerte en febrero del 2021 por hombres que se movilizaban en moto, el poblado sucumbió en gran parte al miedo, y la comunidad menguó su participación en actividades públicas frente al fracking.

“En definitiva, la comunidad, sobre todos jóvenes y quienes no dependen de la industria petrolera, se oponen al fracking; aunque ante la inminencia de su ejecución y las promesas de empleos y mejoras para el municipio de parte de las petroleras, muchos dicen que buscarían trabajo allá, porque Puerto Wilches es un pueblo abandonado por el Estado y solo unos pocos cuentan con trabajo estable y con servicios básicos como agua potable”, afirmó Ardila.

 

Ambientalistas amenazados

Además de las mencionadas amenazas a los integrantes de AguaWil, el colectivo ha sufrido otras intimidaciones que fueron denunciadas ante las autoridades e incluso ante el presidente de Colombia, Iván Duque, a quien a través de una carta le comunicaron que las agresiones coincidieron con debates públicos contra el fracking y que miembros de la Policía persiguen la labor de este comité al quitar los afiches de ‘No al fracking en Puerto Wilches’ que hacen parte de la campaña contra esta práctica de extracción de hidrocarburos.

Pero las agresiones no se limitan a Puerto Wilches, en Magdalena Medio santandereano otros 15 ambientalistas fueron amenazados en noviembre del 2020, lo que alertó a ecologistas de municipios como Cimitarra, Barrancabermeja, Landázuri, Puerto Parra y Sabana de Torres.

Según Julián Soto Durán, del Movimiento Nacional Ambiental, la amenaza en el Magdalena Medio llegó a través de un panfleto firmado por las ‘Águilas Negras’, luego de que grupos ambientales de este territorio denunciaran supuestos daños ambientales en cuerpos de agua que abastecen a más de 300 mil habitantes, provocados al parecer desde el puerto petrolero de la ciudad de Barrancabermeja y los rellenos sanitarios (investigados por licenciamientos en áreas protegidas) alrededor de la Ciénaga de San Silvestre, en este mismo municipio.

Por estos daños al ecosistema, los ambientalistas pidieron investigar la muerte de manatíes antillanos en los complejos cenagosos afectados pues, según registró la Organización Cabildo Verde, desde el 2011 han aparecido muertos 54 manatíes. Solo en el 2020, tres de ellos fueron encontrados sin vida por pescadores de la región.

 

Las promesas de progreso

Para Óscar Sampayo, integrante de la Corporación Regional Yariguíes, Grupo de Estudios Extractivos, Ambientales y Sociales del Magdalena Medio, lo que sucede en Puerto Wilches con los líderes ambientales, y su población en general, tiene una razón de ser que va acorde con el propósito de implementar el fracking y desviar la atención sobre los posibles daños ambientales que derivarían de esta práctica, prohibida ya entre otros países como Uruguay, España, Francia e Italia.

Lo que quieren, dijo Sampayo, es venderla como una oportunidad de empleo y progreso en poblaciones que han vivido fuertemente el conflicto armado, y donde la línea productiva que más genera empleo es la del cultivo de palma de aceite, con unas 38 mil hectáreas sembradas.

Sampayo parte del hecho de que el decreto que ampara a los dos proyectos piloto en Puerto Wilches señala que, para el desarrollo apropiado de las exploraciones, la opinión de las comunidades debe ser tenida en cuenta, así como el principio constitucional de precaución, como base para debatir los riesgos de este tipo de perforaciones en ámbitos socioambientales y de salud pública.

Y este punto es quizá el más importante, según el líder ambiental, puesto que la salud de todo un territorio se vería afectada a futuro, entre otras cosas, debido a que el proyecto Kalé está a menos de siete kilómetros de la ciénaga de Paredes, y el proyecto Platero a poca distancia de la ciénaga Montecristo; y ambos pilotos están a poca distancia del río Magdalena. A ello se suma que a lo largo de este territorio se han identificado ricas fuentes de aguas subterráneas que a su vez alimentan las ciénagas.

El asunto, según el líder ambiental, es que estos cuerpos cenagosos constituyen un área de pesca para más de dos mil familias y una fuente de riego para los cultivos campesinos y de palma de aceite. Mientras las tierras secas son el hábitat de una rica variedad de especies animales entre las que se cuentan los ocelotes y jaguarundis. De hecho, en varias ocasiones los pescadores, agrupados en la Federación de Pescadores Unidos de Puerto Wilches, han salido a protestar por la inminente puesta en marcha de los pilotos.

Pescadores de Puerto Wilches protestando contra la implementación del fracking. Foto: José Miguel Arias.

“La contaminación por fracking del agua nos preocupa: para el proyecto Kalé tienen pensado captar agua del río Magdalena o del río Sogamoso, alrededor de 300 mil barriles, algo más de 40 millones de litros para sus 20 etapas de fracturamiento. Igual con el proyecto Platero, que captará el agua del Magdalena, cerca de 320 mil barriles. Las empresas petroleras dicen que van a utilizar entre 15 mil y 20 mil barriles por cada etapa de fractura y piensan desarrollar cerca de 20 etapas de aprobarse el fracking, y toda esta agua va a ser mezclada con químicos tóxicos y arena para romper la piedra, y este líquido tarde o temprano terminará contaminando las aguas subterráneas y las ciénagas”, asesguró Sampayo, quien cuenta con esquema de seguridad debido a las amenazas de muerte que ha sufrido, según él, por denunciar irregularidades de empresas contratistas de petroleras.

Frete a este tema Jorge Ardila, estudiante de química aplicada a la industria, manifestó que, de contaminarse el agua, la proyección de exportación de aceite de palma se vería gravemente afectada, debido a que esta está sujeta a una certificación llamada RSPO que no permite, en términos generales, el uso de agua contaminada para este tipo de plantaciones, “lo que pondría en riesgo la mayor fuente de empleo de Puerto Wilches”, manifestó el líder ambiental.

A esto se añade, según una denuncia hecha desde la Alianza Colombia Libre de Fracking, la puesta en marcha de una estrategia para convencer a las Juntas de Acción Comunal de la viabilidad de este modelo de extracción de hidrocarburos y para desacreditar a los ambientalistas.

 

Los argumentos del gobierno

La carrera del gobierno nacional por buscar mecanismos para desarrollar el fracking en Colombia está impulsada por la idea del mantenimiento de la seguridad energética del país. De hecho, en junio del 2021, el Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, y el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Armando Zamora, informaron al diario La República que a Colombia le quedan reservas de petróleo para 6,3 años y de gas para otros 7,7 años, por lo que guardaban bastantes expectativas frente a la regulación del fracking en el país.

A esto se suman las palabras de uno de los mayores impulsores del fracking en Colombia, el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (ACIPET), Luis Guillermo Acosta, quien aseguró el pasado 10 de agosto en el medio Petroguía que las reservas de petróleo en el país se multiplicarán por 10 gracias a los proyectos fracking. Y añadió que “si nosotros logramos desarrollar los proyectos de fracking de forma sostenible, de la mano de empresas, gobierno y comunidades y todos los grupos de interés, la riqueza que viene para el país es inmensa. Estamos hablando de una multiplicación de las reservas de los hidrocarburos”.

A su vez, a principios de julio de ese mismo año, El Ministerio de Minas, la ANH, Ecopetrol y ExxonMobil, llevaron a cabo la segunda audiencia pública en Puerto Wilches sobre yacimientos no convencionales, con el fin de socializar lo que sería el proyecto Platero, que tendrá una perforación de 3,2 kilómetros de profundidad, atravesando roca sellada y una sección horizontal de 1,2 km. Cinco meses antes este mismo ejercicio se realizó con el proyecto Kalé.

En aquella ocasión el viceministro de Energía, Miguel Lotero, expuso que el sector petrolero representa el 7 por ciento del Producto Interno Bruto del país y genera cerca de 95 mil empleos.

Es de recordar que el fracking es una técnica para extraer petróleo y gas atrapados en rocas que se encuentran en el subsuelo. Para ello es necesario inyectar, través de tuberías y con alta presión, grandes cantidades de agua que debe ir mezclada con arena y químicos. Este líquido regresa a la superficie y, eventualmente, es tratado para evitar que contamine.

 

Una campaña por la conservación del agua

Desde finales de junio del 2021, la Alianza Colombia Libre de Fracking comenzó una campaña en los municipios de Puerto Wilches y Barrancabermeja, llamada ‘Agua piloto, el sabor del futuro’, en la que a través de actividades culturales y pedagógicas con comunidades, los integrantes de la alianza hablan acerca de los riesgos a futuro de esta práctica en el país.

La campaña trata los siguientes temas: los contaminantes radioactivos, la destrucción de la biodiversidad, la violencia generada por intereses económicos emergentes (en los que participarían grupos al margen de la ley como el ELN, las disidencias de las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia) y el engaño que representa el recibir dineros para obras a cambio de no protestar en contra del fracking, según explicó Sampayo.

El lanzamiento de esta campaña se dio a las afueras del edificio del Consejo de Estado, en Bogotá, entidad que finalmente deberá decidir el futuro del fracking en Colombia, una vez los resultados de impacto de esta práctica en Puerto Wilches estén analizados por los ocho magistrados encargados de decidir sobre una práctica que espera replicarse en los departamentos del César y la Guajira.