Acaba de ser aprobado por unanimidad en el Senado de la República el texto de la ley que protege los derechos de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada. El proyecto de ley fue impulsado por la Fundación Nydia Erika Bautista y liderado por los congresistas que acompañan la defensa de los derechos humanos.

Por Margarita Isaza Velásquez

Foto: archivo Fundación Nydia Erika Bautista

Al comenzar la discusión del proyecto de ley 139 de 2023, en la plenaria de hoy 4 de abril de 2024, dedicada a las mujeres, la senadora María José Pizarro recordó el aniversario del asesinato de Martin Luther King, defensor de los derechos civiles de los pueblos afrodescendientes en Estados Unidos.

Con optimismo, la senadora por el Pacto Histórico sustentó la trascendencia y la necesidad de la aprobación del proyecto de ley, entregado en 2022 a la Cámara de Representantes, que busca el reconocimiento a la labor y exige acciones de protección integral para las mujeres y personas buscadoras de víctimas de desaparición forzada.

Pizarro mencionó el acompañamiento de 19 congresistas, entre senadores y representantes, a la iniciativa, que es impulsada por la Fundación Nydia Erika Bautista. “Este proyecto ha sido ratificado y respaldado por organismos internacionales, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la embajada de la Unión Europea y algunos de sus países”, dijo. El proyecto de ley había sido aprobado por unanimidad en agosto del 2023 en la Cámara, con el liderazgo del representante Alirio Uribe Muñoz, también del Pacto Histórico.

“La lucha de las buscadoras de personas desaparecidas es una lucha solitaria, incansable, absolutamente digna. Son mujeres que han tenido que pasar muchas veces de sus hogares a hacer litigios en instancias nacionales e internacionales, mujeres que llevan un duelo suspendido durante años, y han sufrido afectaciones físicas, mentales, económicas y una revictimización constante”, dijo Pizarro en alusión al valor de las buscadoras de desaparecidos, y se refirió especialmente a las víctimas de desaparición forzada, quienes “deben cargar no solo con el dolor de la desaparición, sino también, cuando se encuentra el cuerpo, con el dolor de saber por lo que sus seres queridos tuvieron que atravesar, que fueron abusados y torturados”, agregó.

La nueva ley, aprobada con 73 votos a favor y ninguno en contra, que pasa al trámite de conciliación antes de entrar en vigor, se enfoca en dos aspectos: uno, reconocer la labor de las mujeres buscadoras como sujetos políticos que pueden aportar a la construcción de paz en Colombia, y dos, ordenar y motivar a las instituciones del Estado para que protejan y garanticen los derechos a estas mujeres en aspectos como la promoción de la educación y la cultura, la salud física y mental, y el acceso a vivienda digna, entre otros.

Con base en información construida por la Fundación Nydia Erika Bautista, la población que directamente puede beneficiarse de esta ley corresponde a unas 400 mil mujeres, que son madres, abuelas, hijas, hermanas y compañeras de las víctimas; si se tiene en cuenta que la Comisión de Verdad estableció en 210 mil el número de desaparecidos en Colombia entre 1985 y 2016.

Yaneth Bautista, madre de Nydia Erika y líder de la organización que lleva su nombre, dijo que la búsqueda de desaparecidos en Colombia “tiene rostro de mujer”, porque son ellas quienes siguen insistiendo en el grito: “¡Que nos los devuelvan vivos, porque vivos se los llevaron!”. En palabras de la mujer buscadora: “Ese grito nos ha costado violencia sexual, secuestro, privaciones de la libertad; nos ha costado la vida a las mujeres cuando vamos a preguntar a los actores armados dónde están nuestros seres queridos”. Si bien también hay hombres buscadores, son las mujeres las que en Colombia han abanderado desde los años ochenta esta lucha por encontrar a sus familiares e insistir en saber la verdad ante todo tipo de actores y organismos del Estado.

Las senadoras por el Pacto Histórico Gloria Flórez, Aída Avella e Isabel Zuleta también intervinieron al final de la sesión.

Flórez levantó un bastón de la comunidad indígena kichwa del Putumayo, para recordar a las jóvenes del resguardo San Marcelino en el municipio de San Miguel, quienes en el año 2005 fueron desaparecidas por el Bloque Sur, al mando de alias Macaco. Con ese símbolo, la senadora reconoció especialmente la persistencia de las madres de esas víctimas, quienes nunca han dejado de buscarlas.

Avella recordó a las más de 500 víctimas de la Unión Patriótica que continúan desaparecidas y que sus familiares y compañeros sobrevivientes siguen buscando. Por su parte, Zuleta mencionó que en la zona de influencia del proyecto Hidroituango, en Antioquia, hay unas 2000 personas desaparecidas; al respecto, pidió apoyo para los Bomberos que ayudan al rescate de cuerpos en zonas de difícil acceso como las fuentes hídricas.

La aprobación del proyecto de ley terminó con celebración, por el llamado a la solidaridad y a la empatía frente a las víctimas y a las personas buscadoras, y también con cautela, pues materializar esta protección integral requerirá del acompañamiento de la sociedad, el esfuerzo de todas las entidades públicas, y el apoyo de agencias de cooperación y organismos internacionales.

“La implementación de esta ley es la lucha que sigue para todos nosotros. Quiero hablarles a las mujeres indígenas, negras, campesinas, a todas las que están aquí representadas, a mi nieto y a mi hija; quiero decirles que la lucha continúa y que gracias a esa lucha de años hoy tenemos estos derechos. La aprobación de esta ley es una lección de dignidad para el país”, finalizó, conmovida, Yaneth Bautista.