El 23 de junio el Gobierno y las Farc dieron a conocer el Acuerdo sobre el Fin del Conflicto. En su implementación, la Fuerza Pública cumplirá un papel fundamental. Hacemos Memoria conversó con el general en retiro Rafael Colón Torres sobre los puntos esenciales de este acuerdo.
Por Juan Camilo Castañeda
Fotografía: Periódico El Meridiano
El 23 de junio de 2016 el Gobierno colombiano y las Farc dieron a conocer desde La Habana el Acuerdo sobre el Fin del Conflicto. Con este anuncio, terminaban la discusión de los cinco puntos que se habían planteado antes de iniciar formalmente el proceso de paz.
Este acuerdo desarrolla algunos asuntos operativos y logísticos que serán tangibles en el corto plazo como el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo; la dejación de armas por parte de las Farc; y las garantías de seguridad para la implementación de los acuerdos y la construcción de paz en Colombia.
La firma de este acuerdo generó en el país gran expectativa porque, entre otras cosas, definió 23 zonas veredales transitorias de normalización en las que los miembros de las Farc se prepararán para la entrega de armas e iniciarán su proceso reintegración a la vida civil. Todo esto bajo la veeduría de la ONU, organismo que también recibirá las armas de la guerrilla.
El texto establece, además, en el apartado de garantías de seguridad, las nuevas disposiciones que tendrá la Fuerza Publica colombiana para garantizar la construcción de paz; por ejemplo, la lucha contra las organizaciones criminales que han sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo.
El general en retiro Rafael Colón Torres considera que en esta nueva etapa la Fuerza Pública tendrá la responsabilidad de seguir combatiendo al ELN y a las Bacrim, con el objetivo de evitar que los territorios que abandonarán las Farc sean ocupados por estas estructuras armadas.
Colón Torres lleva 33 años de servicio activo en el Ejército Nacional de Colombia. Una de las misiones más importantes en su vida militar fue la de desvertebrar las estructuras paramilitares y guerrilleras en la región de los Montes de María. “Allí –cuenta el general (r) Colón Torres- el 24 julio de 2007 cayó la última bomba contra las Farc”. Habla, sin duda, del operativo en el que falleció Gustavo Rueda Días, alias Martín Caballero, entonces jefe del Frente 37 de las Farc.
Fue director de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal, en la que estuvo al frente del proyecto piloto de desminado humanitario que surgió del proceso de paz en La Habana. En este proceso militares y guerrilleros trabajaron justos para desminar las veredas Orejón, en Briseño, Antioquia, y Santa Helena, en Mesetas, Meta.
Hacemos Memoria conversó con el general (r) Rafael Colón Torres sobre el Acuerdo de Fin del Conflicto y los retos que este impone a la Fuerza Publica colombiana.
¿Qué manejo se le dará a las zonas veredales dentro del proceso de reintegración de los miembros de las Farc a la vida civil?
Estas van a ser unas zonas de tránsito para que las Farc preparen la entrega de las armas, para que se identifiquen como ciudadanos, para que expidan cédulas de ciudadanía si no las tienen, para que se resuelvan problemas logísticos y, por supuesto, las zonas veredales son necesarias para iniciar el proceso de reincorporación a la vida civil de los guerrilleros.
Los alcaldes y gobernadores estarán muy atentos al desarrollo de estas concentraciones en las veredas; la Fuerza Pública y todas las instituciones del Estado estarán listas para apoyarlos. Por su puesto, hay zonas veredales que tendrán unos límites geográficos, pero que permiten, de alguna manera, que en esos lugares se lleve a cabo lo que se ha dispuesto en la mesa de negociaciones antes de que algunos guerrilleros sean llevados al tribunal dispuesto por la justicia transicional.
¿Por qué las Farc le van a entregar las armas a la ONU y no al Estado colombiano?
Son procesos de construcción de confianza en los acuerdos. No ha sido fácil la negociación. Allí en La Habana se reunieron antagonismos, se reconocieron legitimidades. Las Farc reconoció que es el Gobierno de Colombia el que debe gobernar el país, que estamos en un estado social de derecho en el cual existen leyes que se deben respetar. Por su parte, el Gobierno también reconoció que las Farc tienen una influencia importante en un vasto sector de la población rural donde no ha habido presencia del Estado ni institucionalidad.
Dentro de todo ese proceso complejo de derribar antagonismos y generar confianzas, de común acuerdo, la mesa de negociaciones tomó la decisión de que la ONU haga el monitoreo y la recepción de las armas, pero la Fuerza Pública estará muy cerca de esas áreas para apoyar.
Las Fuerzas Militares van a ser, de alguna manera, quienes garanticen la seguridad de los miembros de las Farc que dejen las armas, ¿usted cree posible una reconciliación entre los militares y los guerrilleros?
La Fuerza Pública respeta los Derechos Humanos. Es cierto que muchos de sus miembros cometieron errores en el pasado fruto de la misma crudeza del conflicto; seguramente, serán juzgados o se someterán a la justicia transicional.
Siendo respetuosas de los Derechos Humanos, será fácil poder entenderse con personas que ya entregaron las armas; de hecho, en el seno de las Fuerzas Militares, hace muchos años, se vienen realizando procesos de reincorporación de guerrilleros a la vida civil. En ese programa, los hombres de nuestro Ejército han acogido a los guerrilleros; inclusive, intercambian experiencias y los orientan a la vida civil.
Una prueba de ello es lo que está ocurriendo con el proyecto piloto de desminado humanitario en las veredas Orejón, en Briseño, Antioquia, y Santa Helena, en Mesetas, Meta. Allí, los miembros de nuestro ejército conviven con los guerrilleros de las Farc compartiendo el mismo techo, la misma comida, los mismos espacios, intercambiando ideas.
¿Cuál será el papel de la Fuerza Pública en el escenario de posacuerdo?
Frente al postconflicto, las Fuerzas Armadas cumplirán un rol fundamental que es el de acompañar a los alcaldes, a los gobernadores y a las instituciones nacionales que van a ingresar a los territorios donde ha habido conflicto con las Farc.
Es una labor muy importante porque las autoridades locales necesitan fortalecer sus capacidades de gobernanza, y eso será posible si la Fuerza Pública garantiza que a estos territorios no ingresen otro tipo de actores armados. Además, acompañarán los procesos que se han acordado en La Habana: la sustitución de cultivos ilícitos, el desminado humanitario, la construcción de vías terciarias con los ingenieros militares, la adecuación de puentes, la llegada de esa cantidad de bienes de uso público que van a ser necesarios para que las comunidades rurales tengan acceso a sus tierras y hagan uso libre de sus derechos ciudadanos.
Las Fuerzas Militares también tendrán un papel fundamental en el desarrollo de las fronteras que han estado abandonadas. Tendrán mayor capacidad para hacer presencia en las aguas territoriales, en los espacios marítimos y en los espacios aéreos. Se usarán todas las fuerzas en la protección de la soberanía nacional.
¿Qué sentido le encuentra al plebiscito? ¿Qué pasaría si gana el no?
Si gana el no, el riesgo es que se reactive el conflicto con las Farc. Los colombianos no somos muy dados a leer, más bien a escuchar las voces del activismo político que han producido una polarización enorme en el país.
Algunos matizan el lenguaje diciendo que con el no se busca una renegociación, pero las Farc no van a ceder más y el gobierno ya hizo todo lo necesario para conservar un margen de negociación. Como dice Humberto de la Calle, no tenemos un acuerdo perfecto, pero sí es un acuerdo bien logrado. El fin último es que las Farc no usen más las armas y que enfrenten su futuro con argumentos democráticos, y los que no quisiéramos que llegaran al gobierno nos pusiéramos a trabajar y hacer bien las cosas por el país.
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