Una investigación en la que se detalla el contexto, las modalidades y los responsables de 193 ejecuciones extrajudiciales en tres subregiones de Antioquia, fue entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Por: Esteban Tavera
Foto: Colectivo de Abogados

Que las ejecuciones extrajudiciales no fueron ni casos aislados, ni producto del accionar de “manzanas podridas” al interior de las Fuerzas Militares, es algo que tienen claro tanto las víctimas como las tres organizaciones defensoras de derechos humanos que, el pasado 27 de mayo, le entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz un informe que detalla 193 casos de “falsos positivos” ocurridos en las subregiones del Magdalena Medio, el Oriente y Nordeste antioqueño; además del Sur de Bolívar y Sucre.

El principal señalado como responsable de estos hechos es el coronel (r) del Ejército Nacional, Juan Carlos Barrera Jurado, quien ocupó varios cargos de mando en Antioquia. El primero, entre el 4 de diciembre de 2003 y el 22 de diciembre de 2004, cuando comandó el Batallón Coronel Jorge Eduardo Sánchez (Bajes), desde el que presuntamente participó en 65 casos de ejecuciones extrajudiciales que dejaron 97 víctimas.

Luego, entre el 1 de junio de 2006 y el 29 de septiembre de 2007, cuando Barrera integró el Estado Mayor de la Séptima División del Ejército, y supuestamente estuvo involucrado en 81 casos de «falsos positivos». Y finalmente, entre el 30 de octubre de 2007 y el 31 de octubre de 2008, cuando Barrera Jurado ocupó el cargo de comandante de la Brigada XIV, en la que presuntamente participó en 47 casos de ejecuciones extrajudiciales que dejaron 57 víctimas.

Sin bien el exoficial del Ejército ya se encuentra sometido a la JEP, por cuenta de una investigación que adelantó la Unidad Especial contra las Violaciones a las Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía 106, por los hechos ocurridos cuando fue comandante del Bajes, quienes presentaron el informe quieren que se investiguen más hechos que el tribunal no está considerando.

“En este momento, la JEP priorizó los hechos cometidos por el Batallón Bajes, pero nosotros queremos pedirle que considere este informe para que incluya todos los crímenes cometidos por Juan Carlos Barrera en las demás divisiones que integró. Y también queremos que se escale la responsabilidad a otros presuntos responsables, como son Luis Roberto Pico, Enrique González Peña y Mario Montoya Uribe”, explicó el abogado Óscar Pardo, integrante de la Corporación Humanidad Vigente.

Uno de los territorios en los que el Batallón Bajes operó supuestamente de forma ilegal fue el Oriente antioqueño. Allí las guerrillas de las Farc y el ELN lograron un fuerte dominio territorial explicado en gran parte por el arraigo territorial de muchos de sus combatientes.

Concretamente en el municipio de Granada y específicamente en el corregimiento de Santa Ana, las Fuerzas Militares aplicaron toda su fuerza y criminalizaron, en ocasiones, a campesinos inocentes. Como consecuencia de esto, según la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), en territorio granadino se concentró el 40 por ciento de las ejecuciones extrajudiciales de todo el Oriente antioqueño.

En ese lugar fueron asesinados el padre y hermano de Mauricio García, una víctima que, con la esperanza de conocer la verdad, suscribió el informe presentado a la JEP. “Mi familia y yo llevamos 15 años soñando con que se nos diga la verdad sobre la muerte de mi padre y mi hermano. En estos años hemos logrado recabar los nombres propios de los responsables, pero no pasa nada. Tampoco sabemos qué fue lo que motivó a este grupo de soldados para que fueran a mi casa en Santa Ana, sacaran a mi papá, lo tuvieran una semana retenido quien sabe haciéndole qué cosas, y luego fingieran un combate y lo presentaran muerto como si fuera un guerrillero”, explicó García.

Aunque es consciente de que la JEP no investiga casos particulares, pues su labor se centra en patrones de acción, así como en modalidades sistemáticas de victimización, también tiene claro que, como el suyo, hay cientos de casos más. Por eso le pide a la JEP que esclarezca lo que sucedió.

Con eso se comprometió la magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento, en el acto de entrega del informe: “Vamos a investigar quiénes dieron las órdenes, quiénes planearon las falsas operaciones en las que ejecutaron a sangre fría a miles de personas indefensas; quiénes recogieron toda la información, quiénes reclutaron a las víctimas, quiénes falsearon los documentos oficiales para reportar una muerte en combate, quiénes entrenaron a los soldados para dar sus versiones amañadas en la Justicia Penal Militar y, en últimas, quiénes se inventaron esta macabra práctica de matar civiles para presentarlos como bajas en combate”, dijo Díaz.

Una responsabilidad que va más allá de los militares

Fernando Valencia, abogado y cofundador de la Corporación Jurídica Libertad, una de las organizaciones que colaboró en la construcción del informe presentado a la JEP, habló sobre el contexto en el que se dio la investigación: “Al inicio era bastante difícil acceder a las denuncias de los campesinos porque ellos vivían en un escenario de guerra. En el Oriente antioqueño había siete batallones, cuatro frentes guerrilleros, dos bloques paramilitares y dos unidades aéreas. Además, la información se empezó a obtener porque los abogados nos metimos en las veredas, no es que los campesinos iban a la ciudad a denunciar”, aclaró Valencia.

Desde su punto de vista, el entramado de factores que hicieron posible las ejecuciones extrajudiciales no se explica solo en la actitud de los militares. Para él, aunque no puede hablarse de una cadena de malas intenciones, sí hubo responsabilidades de muchas otras instituciones municipales que facilitaron la presentación de cuerpos de civiles como subversivos muertos en combate. “Sobre muchas instituciones municipales había una presión muy grande de todos los grupos armados que condicionaban su ejercicio. Uno no le podía pedir a un inspector municipal que estaba haciendo un levantamiento de un cadáver, que lo hiciera rigurosamente cuando tenían el batallón al lado. Y como muchos de estos cadáveres eran llevados ya desfigurados, vestidos de camuflado y con armas o explosivos, la gente daba por hecho de que se trataba de un combatiente, entonces, también había cierto menosprecio por la forma en que se trataba el cadáver. La institucionalidad partía del supuesto de que era un positivo válido y eso bajó la rigurosidad que se tenía en los procedimientos de control y de registro”, explicó.

Por su parte, para el abogado Óscar Pardo, la sistematicidad con la que accionaron las Fuerzas Militares colombianas en el período que reseña el informe, tiene al menos tres explicaciones: la doctrina del enemigo interno, las presiones por generar bajas y la política de ascensos al interior de las Fuerzas Militares.

“La formación de los militares se hace desde la doctrina del enemigo interno con la que se busca que se estigmatice a la población marcándola como aliada o no del Ejército, esto está contenido en varios documentos militares que nos sirven de prueba. Además, con la política de Seguridad Democrática se presionó a los militares para generar bajas. Fue una política de Estado para mostrar que la guerra se iba ganando. Esto se vio reflejado en los asensos que lograban quienes seguían esta directriz, y queda evidente en la hoja de vida de Barrera Jurado, que pasó de ser comandante de batallón a jefe de operaciones de la división, y posteriormente a comandante de una brigada”, precisó Pardo.

¿Revivirá el fantasma de las ejecuciones extrajudiciales?

Luego de la publicación del artículo de The New York Times titulado Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, desde varios sectores políticos y académicos se levantó una advertencia sobre la posibilidad de que el capítulo de los «falsos positivos» se repita.

Para Pardo, la alarma que se levantó es justificada porque la directriz del Ejército sí puede generar una nueva ola de ejecuciones extrajudiciales. “Es necesario no solo que se retiren este tipo de políticas de la doctrina militar, sino también que se forme a los militares en derechos humanos para evitar que se repitan estos crímenes de Estado”, recalcó Pardo.

Mientras que, para Valencia, aunque el actual Gobierno representa un riesgo enorme frente a la no repetición de los hechos, por cuanto pretende repetir la política de Seguridad Democrática, los crímenes del pasado dejaron un valioso aprendizaje. “Finalmente quien más perdió con los ‘falsos positivos’ fue la Fuerza Pública, porque quedó con una carga muy grande de responsabilidad y con una imagen muy negativa. Por eso muchos militares están saliendo a decir que ellos no se sienten identificados con esa práctica. Pero también quedó demostrado que quienes pagan por esos delitos son los mandos medios y bajos, mientras que los que dieron las órdenes se quedaron bien guardaditos señalando a los demás para no terminar comprometidos, cosa que generó que sectores de las Fuerzas Armadas se rehusaran a seguir siendo instrumentalizados de esa manera”, concluyó.

El informe, que ya hace parte del acervo de la JEP, será estudiando por la Sala de Reconocimiento y luego se determinará si hay información suficiente como para llamar a declarar a Luis Roberto Pico, Enrique González Peña y Mario Montoya Uribe, quienes fueron los mandos superiores de Barrera Jurado. También se determinará si las responsabilidades sobre estos hechos escalaron a un nivel mayor.