La comunidad de la vereda El Águila, en el municipio de Dabeiba, padeció la crudeza del conflicto armado. Pese a las incertidumbres, sus habitantes mantienen viva la esperanza de transformación mediante la implementación de los acuerdos de paz.

Por: Carlos Olimpo Restrepo S.

A El Águila se llega desde Dabeiba tras poco más de una hora en carro y dos horas a lomo de mula o tres a pie, luego de 15 kilómetros que transcurren por cañones estrechos, con pasos en los que solo cabe un animal o una persona. Esta vereda limita con el Nudo del Paramillo por el norte y con la vereda Llano Grande por el occidente, lo que la convirtió en centro de combates frecuentes entre las Farc, las fuerzas militares y los paramilitares, que se incrementaron desde la década de 1990, por ser un corredor estratégico.

Por eso, las 26 familias que viven allí esperaban que el proyecto de transformación en ese municipio del occidente de Antioquia —que tiene como eje el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, ubicado en Llano Grande— les ayudara a mejorar las condiciones de vida, tras años de enfrentamientos armados, que obligaron a algunas de ellas a meterse al monte durante días y noches, para luego escapar a la cabecera y, de ahí, a Medellín —en busca de un nuevo proyecto de vida que no encontraron—, de donde emprendieron el regreso hace dos y tres años, para volver a integrarse a su tierra y a su gente.

Hoy ronda la desesperanza, pues son pocos los proyectos que han recibido algún respaldo de las administraciones municipal, departamental o nacional, aunque muchos funcionarios de diversas entidades han pasado por allí en los dos años anteriores.

Por eso, el cuestionamiento inicial que recibió el grupo de profesores de la Universidad de Antioquia que llegó hasta la escuela veredal el pasado 16 de marzo, más que conocer el propósito de la visita, tuvo que ver con el apoyo real que se puede dar desde el centro de educación superior a los campesinos.

Darley Oquendo, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Águila, destacó«el desorden social de la tierra» como el principal asunto para resolver allí y en comunidades vecinas. «¿Cómo traemos al Estado para que le diga a la gente cuál es el predio que les pertenece?», fue la pregunta que dejó el dirigente campesino, quien recordó el Decreto Ley 902 de 2017, expedido por el Gobierno nacional para facilitar la reforma rural integral, uno de los puntos fundamentales del acuerdo con las Farc.

Ante esto, los docentes e investigadores no tenían una respuesta clara, aunque manifestaron su disposición para buscar orientaciones con la Facultad de Derecho. La visita del grupo de universitarios fue liderada por la Unidad de Paz, dependencia de la Universidad de Antioquia que orienta las acciones de la institución en favor de la construcción de paz territorial. Hasta El Águila llegaron profesionales de las facultades de Artes, Educación, Enfermería, Medicina y Ciencias Agrarias,quienes expusieron las iniciativas que cada célula académica desarrolla desde hace meses —o incluso años— y que hoy se orientan estratégicamente desde la Unidad.

Para esta zona, en concreto, se proyecta desde la Facultad de Enfermería un plan piloto de formación; este incluirá a excombatientes que ejercieron labores de enfermería durante el conflicto armado, para aprovechar su conocimiento y los saberes de las comunidades locales, y, así, fortalecer la atención en salud. La Facultad de Ciencias Agrarias —mediante sus programas de Medicina Veterinaria y Zootecnia— también pretende aprovechar su experiencia de acompañamiento en otros ETCR, para apoyar el desarrollo de proyectos como la crianza de aves de corral o cerdos.

La meta es que estas y otras iniciativas, para las cuales se debe empezar a buscar financiación, empiecen a funcionar en el mediano plazo —entre uno y dos años—, con el objetivo de que las comunidades mejoren su calidad de vida y recuperen algo de la esperanza perdida sobre la implementación del acuerdo.

Una zona marcada por la guerra

Dabeiba, según registros oficiales de 2016 recopilados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi —Igac—, fue escenario de 194 «acciones de conflicto armado» entre 1990 y 2013, entre ellas dos tomas a la cabecera municipal por parte de las Farc —en 1998 y 2000—, que produjeron la muerte a cerca de un centenar de integrantes de la fuerza pública.

También se registraron varias masacres ejecutadas por grupos paramilitares, de las que se destaca la de noviembre de 1997, con alrededor de 18 campesinos asesinados. Actores armados, según denuncias de organizaciones de derechos humanos, mantienen presencia en la zona y algunos de ellos tratan de atraer a sus filas a quienes están en proceso de reincorporación.