Timisay Monsalve, profesora de la Universidad de Antioquia y directora del laboratorio de Antropología Osteológica y Forense de este centro de educación superior, explica su labor en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico y aclara dudas respecto a las medidas ordenadas por la JEP en la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.
Women’s Link Worlwide entregó a la JEP un documento que compila 35 testimonios de jóvenes que fueron obligadas a abortar y a usar anticonceptivos en contra de su voluntad cuando hacían parte de las Farc.
Desde el año pasado, la Unidad de Investigación y Acusación ha dialogado con más de 2.600 víctimas de estos crímenes y con organizaciones que las ayudan. Ya empezó a elaborar un manual para investigar estos hechos y acompaña a la JEP en tres macro casos que incluyen este tipo de delitos.
Ha pasado un mes desde que el periodista y presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol) tuvo la aprobación por parte de la Registraduría para recolectar firmas del referendo con el que propone reformar la JEP, el Congreso y las altas cortes. En entrevista con Hacemos Memoria habla de sus intereses, métodos y progresos.
Una investigación en la que se detalla el contexto, las modalidades y los responsables de 193 ejecuciones extrajudiciales en tres subregiones de Antioquia, fue entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz.
La superación de la impunidad, en todos sus niveles, debería ser el centro de las demandas sociales a la JEP y a la Comisión de la Verdad. Tal vez así se podrían romper los ciclos de violencia.
La entidad exigió la entrega de más información sobre lo realizado para proteger los lugares donde se presuma la existencia de fosas con víctimas. Zona de influencia de Hidroituango y la comuna 13 son áreas de interés especial.
Para tres profesores expertos en derecho constitucional, derecho penal y justicia transicional, las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP presentadas por Néstor Humberto Martínez, carecen de validez jurídica y son uno más de los ataques políticos que recibe el Acuerdo de Paz por parte de sus opositores.
Si bien la comparecencia del general (r) Mario Montoya Uribe ante la JEP marca un gran precedente, pues se trata del oficial de más alto rango postulado a este mecanismo de justicia transicional, la posibilidad de que ello se traduzca en verdad para las víctimas es bastante cuestionable. Abogados de víctimas y organizaciones sociales advierten un duro debate jurídico que podría tomar años.
El documento contiene pruebas y testimonios sobre violencia, desplazamiento forzado y despojo de tierras en la región durante el periodo 1995 – 2016. Los crímenes comprometen la participación de terceros civiles.
