El general más condecorado del Ejército colombiano, Mario Montoya Uribe, compareció ante la Jurisdicción Especial de Paz en medio de críticas y reclamos de víctimas y organizaciones de derechos humanos que le exigen toda la verdad sobre cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales.
La Ruta Pacífica de las Mujeres le entregó a la Comisión de la Verdad el informe Una verdad que repare, donde recogen las experiencias que tuvieron con su propia «comisión de la verdad».
Si bien el llamado “Congreso de la Paz” le dio trámite a proyectos fundamentales de la agenda legislativa del Acuerdo relacionados con la participación en política de excombatientes de las Farc, la justicia transicional y el estatuto de oposición, quedó en deuda con la reglamentación de proyectos prioritarios y que están en el corazón del Acuerdo, como las reformas política y electoral, las circunscripciones especiales de paz para las víctimas, la ley de adecuación de tierras y el tratamiento penal diferenciado a pequeños cultivadores.
Francisco Cortés Rodas, director del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, presentó el libro “Justicia transicional y derecho penal internacional”, del que es coautor. Para el profesor, el respeto por el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz es uno de los principales retos que enfrenta el país.
Hasta ahora solo dos organizaciones han presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz informes con hechos victimizantes asociados al conflicto armado. La magistrada Lemaitre insistió en la importancia de la participación de las víctimas para que el tribunal pueda cumplir con su objetivo.
Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, hizo un llamado a los senadores de la República para que reconsideren la decisión de aplazar el debate de la Ley de Procedimiento de esa Jurisdicción. Según Linares, es fundamental para algunos procesos que adelanta la JEP.
La falta de preparación y recursos de muchas organizaciones sociales para presentar informes ante la JEP y la participación de las comunidades indígenas, fueron las mayores preocupaciones que les manifestaron las víctimas a los magistrados Julieta Lemaitre y Oscar Javier Parra, en su visita a Medellín.
La Sala de Reconocimiento de Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz, dio a conocer la guía que servirá de base para que la sociedad civil elabore informes sobre crímenes cometidos en el marco del conflicto armado colombiano.
Credhos fue la primera organización de víctimas en presentarle a la JEP un informe que recoge treinta casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del conflicto armado en el Magdalena Medio.
Para la líder de las Madres de Soacha, los militares responsables de las ejecuciones extrajudiciales no deberían recibir los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues son culpables de crímenes de lesa humanidad y no de actos del servicio.
