La entidad exigió la entrega de más información sobre lo realizado para proteger los lugares donde se presuma la existencia de fosas con víctimas. Zona de influencia de Hidroituango y la comuna 13 son áreas de interés especial.
Para tres profesores expertos en derecho constitucional, derecho penal y justicia transicional, las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP presentadas por Néstor Humberto Martínez, carecen de validez jurídica y son uno más de los ataques políticos que recibe el Acuerdo de Paz por parte de sus opositores.
Si bien la comparecencia del general (r) Mario Montoya Uribe ante la JEP marca un gran precedente, pues se trata del oficial de más alto rango postulado a este mecanismo de justicia transicional, la posibilidad de que ello se traduzca en verdad para las víctimas es bastante cuestionable. Abogados de víctimas y organizaciones sociales advierten un duro debate jurídico que podría tomar años.
El documento contiene pruebas y testimonios sobre violencia, desplazamiento forzado y despojo de tierras en la región durante el periodo 1995 – 2016. Los crímenes comprometen la participación de terceros civiles.
El general más condecorado del Ejército colombiano, Mario Montoya Uribe, compareció ante la Jurisdicción Especial de Paz en medio de críticas y reclamos de víctimas y organizaciones de derechos humanos que le exigen toda la verdad sobre cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales.
La Ruta Pacífica de las Mujeres le entregó a la Comisión de la Verdad el informe Una verdad que repare, donde recogen las experiencias que tuvieron con su propia «comisión de la verdad».
Si bien el llamado “Congreso de la Paz” le dio trámite a proyectos fundamentales de la agenda legislativa del Acuerdo relacionados con la participación en política de excombatientes de las Farc, la justicia transicional y el estatuto de oposición, quedó en deuda con la reglamentación de proyectos prioritarios y que están en el corazón del Acuerdo, como las reformas política y electoral, las circunscripciones especiales de paz para las víctimas, la ley de adecuación de tierras y el tratamiento penal diferenciado a pequeños cultivadores.
Francisco Cortés Rodas, director del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, presentó el libro “Justicia transicional y derecho penal internacional”, del que es coautor. Para el profesor, el respeto por el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz es uno de los principales retos que enfrenta el país.
Hasta ahora solo dos organizaciones han presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz informes con hechos victimizantes asociados al conflicto armado. La magistrada Lemaitre insistió en la importancia de la participación de las víctimas para que el tribunal pueda cumplir con su objetivo.
Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, hizo un llamado a los senadores de la República para que reconsideren la decisión de aplazar el debate de la Ley de Procedimiento de esa Jurisdicción. Según Linares, es fundamental para algunos procesos que adelanta la JEP.