Las organizaciones de víctimas se reunieron en Medellín para conmemorar la Semana Internacional del Detenido Desaparecido y dignificar la memoria de sus familiares desaparecidos durante el conflicto armado. En varios eventos hablaron sobre sus logros y desafíos con relación a su participación en la formulación de políticas públicas, como el recién creado Sistema Nacional de Búsqueda y la aprobación de la ley que protege a las mujeres buscadoras. 

Texto y fotos por Fabián Uribe Betancur

 “¿En qué lugar está mi jardín? Está en La Escombrera, en los ríos, en las montañas, en el cementerio, en mi corazón”. Estas fueron las palabras de Adriana Bedoya, integrante de Mujeres Caminando por la Verdad, durante el acto de cierre de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, realizado el 30 de mayo en el Jardín Cementerio Universal, donde actualmente se desarrollan diligencias de la UBPD y la JEP. Las víctimas hablaron sobre sus luchas y retos en la búsqueda de los familiares desaparecidos. 

 En la conmemoración participaron representantes de la JEP y la UBPD, así como de las organizaciones sociales del departamento: el movimiento de Mujeres Caminando por la Verdad, la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño (Asovisna), las Madres de la Candelaria – Línea Fundadora, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Mesa Departamental de Desaparición Forzada y la Corporación Jurídica Libertad. Cada una de las entidades dio a conocer experiencias y particularidades de la búsqueda en el presente. 

 El encuentro en el Jardín Cementerio Universal finalizó con un acto simbólico en el que las mujeres víctimas del conflicto sembraron cerca al mausoleo principal novios, geranios y hojas de sangre, para que crezcan flores en donde se busca la identidad.  

 Hasta la fecha, según la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el Jardín Cementerio Universal se han recuperado 175 cuerpos sin identificar y se han realizado 126 prospecciones en sitios de interés forense. Esto se debe a las medidas cautelares expedidas por la entidad a través del Auto AT-110 de 2020, en el que se prohíben las exhumaciones, inhumaciones y traslados de cuerpos en siete zonas de este cementerio. 

Las organizaciones de víctimas tienen contemplado realizar otro acto simbólico en julio, durante el cual llevarán a cabo el mantenimiento y la adecuación del espacio donde sembraron las plantas, con el propósito de dignificar la memoria de sus familiares.

 Logros y desafíos  

 El conflicto armado en Colombia ha dejado cerca de 111 640 personas desaparecidas, de acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD. Para Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, CJL, este es uno de los desafíos que presenta la búsqueda, ya que el número de víctimas es alto y continúa en aumento, pues sigue ocurriendo la desaparición. “Una de las necesidades más grandes es poder avanzar en una política pública de prevención, pero es necesario que se avance en el desmonte del paramilitarismo y en los procesos de paz”, dice. 

 Comenta que gracias a las víctimas, Colombia ha tenido logros en normas y políticas públicas que garantizan la búsqueda de personas desaparecidas, lo que se refleja en la creación de entidades como la UBPD y la JEP, compromisos del acuerdo de paz entre el Gobiernos y las FARC-EP. Recientemente se destacan la creación del Sistema Nacional de Búsqueda y la aprobación de la ley que protege a las mujeres buscadoras. “Es necesario que haya voluntad política para que todo esto funcione, porque no basta con tener las normas si no se aplican”, expresa.  

 La abogada dice que se está avanzando en la búsqueda de los cuerpos de las personas dadas por desaparecidas por parte de la UBPD y la JEP, pero que es importante que se avance también en la identificación de los restos óseos. “Es necesario fortalecer los laboratorios forenses y de genética y la toma de muestras para poder identificar los cuerpos”. 

 Por su parte, Luz Elena Galeano, líder social e integrante de Mujeres Caminando por la Verdad, expresa que los laboratorios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se deben fortalecer y adecuar para garantizar el avance en la identificación de los cuerpos recuperados. “Estamos solicitando que se fortalezca el laboratorio genético y el lugar donde se toman las muestras de ADN a los familiares, para garantizar la identificación de los cuerpos de 2016 hacia atrás y los hechos ocurridos después de esta fecha, ya que este hecho victimizante sigue registrándose en el país”. 

 Galeano comenta que uno de los logros recientes para las familias de las víctimas es la entrega de la mansión Montecasino por parte de la Unidad para las Víctimas, UV, en comodato al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Este lugar será destinado como laboratorio temporal de identificación de las víctimas de desaparición forzada. El jueves 30 de mayo se realizó allí un acto simbólico y protocolario al que asistieron los familiares y representantes de la UV y Medicina Legal, también en el contexto de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido.  

 Conforme a un comunicado de la UV, con esta decisión: “Medicina Legal lo destinará para la identificación de cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el conflicto armado. Se estima que en los 1819 metros cuadrados de Montecasino el Instituto podrá revisar cerca de 1200 cuerpos”, se lee en el documento. 

 La mansión fue construida en los años sesenta y fue comprada en los ochenta por Fidel Castaño, uno de los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a William Halaby, empresario de los textiles y padre de William Halaby Uribe, uno de los miembros del Cartel de Medellín.  

 En este lugar se planearon y cometieron torturas, asesinatos, masacres y atentados durante la época más violenta del narcotráfico en Medellín. Ahora, las víctimas esperan darle otro significado a la mansión. “Allí hay un quiosco grande, en el que vamos a plasmar los nombres de las víctimas y dignificar su buen nombre; queremos hacer actos conmemorativos y que este sea un punto de encuentro para la Mesa de Víctimas y otras organizaciones”, dijo la lideresa Galeano. 

 Según la abogada Arboleda, integrante de la CJL, quien acompaña a las organizaciones de víctimas en casos como el de la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera, la entrega de la mansión Montecasino fue una solicitud de las víctimas, para la que se requieren recursos que permitan recuperar la edificación y realizar la adaptación del laboratorio de Medicina Legal. “Necesitamos que la administración municipal, la departamental, el Gobierno nacional e incluso la cooperación internacional brinden recursos que permitan avanzar en la identificación de los cuerpos”.  

 Arboleda mencionó que han hecho un llamado al Estado para que Medicina Legal tenga un departamento exclusivo para la identificación de los cuerpos de personas dadas por desaparecidas, y que es necesario que la UBPD y la JEP se articulen con las universidades tanto públicas como privadas para la formación de profesionales que trabajarían en estos lugares, garantizando así el avance en la identificación. “Puedes tener un laboratorio muy bien montado, pero si no tienes genetistas, de nada te sirve. Por eso necesitamos fortalecer esa área forense, para ello es necesario la articulación entre varias entidades”. 

 Aunque las víctimas celebran los avances en la búsqueda, todavía se requiere una articulación de las diferentes entidades para que se logre de forma efectiva. También esperan que haya un avance en los procesos de identificación y toma de muestras. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), son 51 984 víctimas directas de desaparición forzada dentro del universo de personas dadas por desaparecidas.