Las organizaciones de víctimas se reunieron en Medellín para conmemorar la Semana Internacional del Detenido Desaparecido y dignificar la memoria de sus familiares desaparecidos durante el conflicto armado. En varios eventos hablaron sobre sus logros y desafíos con relación a su participación en la formulación de políticas públicas, como el recién creado Sistema Nacional de Búsqueda y la aprobación de la ley que protege a las mujeres buscadoras.
Tras sufrir múltiples hechos victimizantes y afectaciones en sus territorios, la comunidad indígena de Jaidukamá, en Ituango, y el consejo comunitario de Bocas de Caná, en Zaragoza, adelantan con la Unidad para las Víctimas el proceso de reparación colectiva.
La Unidad para las Víctimas declaró al pueblo raizal como víctima del conflicto armado y como sujeto de reparación colectiva. En el archipiélago de San Andrés persisten las violaciones a los derechos humanos, por el accionar de grupos armados ilegales que ejercen control a través de las bandas locales del crimen organizado.
El 14 de septiembre, el Gobierno nacional reconoció al movimiento sindical de Colombia como sujeto de reparación colectiva luego de tres intentos fallidos en años anteriores. Dignificar la memoria de las víctimas y el desclasificar los archivos judiciales para evitar la impunidad son algunas de las acciones reparadores que propone el sindicalismo.
El corregimiento San José, de La Ceja, retomó el 12 y el 13 de septiembre el proceso para ser reconocido como sujeto de reparación colectiva, el cual había iniciado en 2021 pero que, debido al cambio de Gobierno nacional, estuvo frenado por casi un año.
En el actual contexto de ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) presentó un ejercicio de memoria sobre los hechos de violencia política que ha padecido.
