El 27 y 28 de mayo se llevó a cabo en el municipio de Granada, la audiencia de observación del Caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), subcaso Antioquia. 114 víctimas participaron en este espacio; 15 se pronunciaron públicamente y exigieron verdad y responsabilidad de parte de los militares vinculados al asesinato de 161 civiles, presentados como bajas en combate, entre 2002 y 2003.

Durante los dos días, las víctimas compartieron sus testimonios y recuerdos de los hechos ocurridos en su territorio, demandaron acciones que conduzcan a la justicia, expusieron los daños causados por estos crímenes y reafirmaron la responsabilidad de las fuerzas armadas en la comisión de actos violentos, especialmente del entonces general Mario Montoya y otros 60 exintegrantes de la 4.a Brigada del Ejército con sede en Antioquia.

Una de las víctimas de Granada declaró ante la JEP: “Es duro ver el daño que hacen aquellos que supuestamente nos protegen. Yo veía cómo un paramilitar sacaba a alguien de su casa, y luego decían que era guerrillero, cuando en realidad era un campesino. Yo no lo entendía”.

La audiencia de observación del Caso 03, subcaso Antioquia, fue realizada por la JEP con el objetivo de restaurar tempranamente los derechos de las víctimas, establecer la cronología de los hechos y aclarar el contexto de los ataques. De acuerdo con la magistrada Catalina Diaz, la región de Antioquia concentró el 25,19 % de los casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como “falsos positivos”, registrados en el país entre 2002 y 2008. Sin embargo, según el informe de la Comisión de la Verdad, que también incluye la macrorregión del Eje Cafetero, esta cifra asciende al 28,2 %. Granada, donde tuvo lugar la audiencia, fue uno de los epicentros de este fenómeno.

¿Qué es el Caso 03?

El Caso 03: “Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado” fue abierto para todo el país con la cifra preliminar de 2.480, “falsos positivos” entre los años 2002 y 2008, consolidada por la Fiscalía General de la Nación ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.

Además, el Ministerio de Defensa entregó a la JEP diez listados de miembros de la fuerza pública que solicitaron llevar sus procesos judiciales por dichos crímenes ante la instancia de justicia transicional.

Después de iniciar el proceso de contrastación de la información, la Procuraduría, el Sistema Penal Acusatorio, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos aportaron nuevos datos ante la JEP sobre la cantidad de personas ejecutadas extrajudicialmente en el mismo periodo (de 2002 a 2008). Después de la consolidación de los datos, la cifra alcanzó los 6.402 asesinatos de personas presentadas como bajas en combate, número que se mantiene en la actualidad.

Tras los hallazgos de la Sala de Reconocimiento de Verdad, se priorizaron seis subcasos del Caso 03, nombrados en seis zonas (Antioquia, Huila, Norte de Santander, Costa Caribe, Casanare y Meta) que cubren los diez departamentos donde se concentra el 66 % de las víctimas de “falsos positivos” en el país, reportadas entre 2002 y 2008.

Los avances más significativos en cuanto a la administración de justicia hasta 2022 ocurrieron en los subcasos de Norte de Santander y Costa Caribe, donde 22 integrantes de las Fuerzas Militares y tres civiles reconocieron ante la JEP su participación en las conductas juzgadas. Además, aportaron de manera detallada su testimonio respecto a los crímenes cometidos, como medida de esclarecimiento, no solo de los hechos victimizantes, sino también de la operación de las organizaciones militares del Estado en estos casos.

La audiencia de observación del Caso 03 en Granada, como parte del subcaso Antioquia, duró alrededor de diez horas y cerró con las intervenciones del colectivo municipal Tejemos Memoria, los equipos jurídicos que acompañan a las víctimas y el procurador delegado con funciones de intervención ante la JEP, Jairo Acosta.

El procurador Acosta destacó el poder de los relatos y testimonios de las familias de las víctimas para contrarrestar y rechazar frases negacionistas que se han difundido en el escenario de las ejecuciones extrajudiciales, como que los civiles asesinados “no eran campesinos”. También hizo un llamado a la generación de proyectos restaurativos que respondan a las necesidades de las víctimas y solicitó la recolección de más información.

Terminada la audiencia de observación en Granada, la JEP espera desarrollar una segunda audiencia del subcaso Antioquia en Medellín, para escuchar a los familiares y defensores de las víctimas que fueron asesinadas o desaparecidas durante 2004, 2005 y 2006.

 Tejemos Memoria, de Granada, expuso las múltiples victimizaciones que padecieron en el marco del conflicto armado, por defender y buscar a sus familiares desaparecidos o asesinados. Fotos: Cortesía JEP.

Texto: JBA