La Misión de Verificación de la ONU en Colombia presentó y discutió en Medellín con institucionalidad, víctimas y reincorporados el informe trimestral de la Implementación del Acuerdo de Paz.  

Fotos: Cortesía de Museo Casa de la Memoria 

En un conversatorio en el Museo Casa de la Memoria, este miércoles 7 de junio, se hicieron varias anotaciones con respecto a la reincorporación durante los tres primeros meses del 2023. El informe señaló que los proyectos productivos de los excombatientes enfrentan diversas dificultades para mantener su sostenibilidad a largo plazo, lo que representa una alarma ante la posibilidad de reincidencia. Y, por otro lado, destacó que el periodo analizado fue uno de los menos violentos para los excombatientes desde la dejación de armas en el 2017.  

Hasta la fecha, 10 577 excombatientes —de los cerca de 13 000 acreditados— siguen su proceso de reincorporación en más de 600 municipios, por fuera de los 24 espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR). 

El informe sobre cómo va la implementación del Acuerdo a nivel nacional, expuesto por Enrique Sánchez, jefe de la oficina regional en Medellín de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, abarca el periodo comprendido entre el 27 de diciembre del 2022 y el 26 de marzo del 2023, y muestra los avances y desafíos en los seis puntos de verificación. Algunos de los aspectos más significativos, por ítem, son los siguientes: 

Reforma Rural Integral  

El Gobierno nacional asignó el 82 % de los recursos del Plan de Desarrollo destinados a la paz para el punto de Reforma Rural Integral. Hasta noviembre del 2022 se habían entregado apenas 17 506 hectáreas, de las 3 000 000 pactadas en el Acuerdo. En el periodo analizado en el informe trimestral, se destacó que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha formalizado la tenencia de 1 015 000 hectáreas.  

Reincorporación económica y social  

El 76 % de los excombatientes participa en iniciativas productivas, si bien el 62 % de tales iniciativas son individuales. Estos proyectos aún enfrentan grandes desafíos en términos de sostenibilidad. Por otro lado, en cuanto a la perspectiva de género de este punto del acuerdo, persisten las desigualdades y los riesgos específicos de seguridad para las mujeres y las personas LGBTIQ+. Al respecto, el informe insistió en la necesidad de abrir el caso 11, de violencia sexual, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).  

Capítulo étnico  

Según la Agencia Nacional de Tierras, el actual gobierno ha formalizado 910 893 hectáreas a pueblos indígenas y 5712 a pueblos afrocolombianos. Sin embargo, este punto ha tenido una implementación más baja en relación con otros puntos del Acuerdo. Además, las comunidades indígenas y afrocolombianas siguen estando en riesgo de seguridad, incluyendo las guardias indígenas, especialmente en el departamento del Cauca.  

Garantías de seguridad  

El trimestre analizado en el informe fue uno de los menos violentos contra los excombatientes desde la dejación de armas en el 2017. No obstante, ocurrieron los asesinatos de seis excombatientes de las FARC-EP en Arauca, Cauca, Caquetá, Norte de Santander y Valle del Cauca. También se ha identificado la continuidad de otras formas de violencia en contra de los excombatientes. 

Sanciones propias  

Inició la etapa de juicio de los casos 03 y 05 que cursan en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En febrero, la JEP emitió su primera acusación en el caso 05 contra diez antiguos mandos medios del bloque Occidental de las FARC-EP. Además, recalcó la importancia de mejorar la coordinación entre el Gobierno y el Sistema de Justicia Transicional. 

La representante de las víctimas Anaidalyth Delgado, expresó su desacuerdo con la socialización de los resultados por parte del gobierno local, en el marco de la implementación del acuerdo de paz.

 

En Antioquia 

Luego de la presentación del informe trimestral de la implementación del Acuerdo de Paz por parte del representante de la Misión de Verificación de la ONU, se realizó una conversación que buscaba comparar los avances y desafíos con la situación en el departamento de Antioquia.  

En ella participaron, por parte de la institucionalidad, Carlos Montoya, enlace de Antioquia, Córdoba y Chocó de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz; Rafael Blanco, secretario de Gobierno, Paz y No Violencia de la Gobernación de Antioquia, y Amaury Núñez, director técnico de la Secretaria de No Violencia de la Alcaldía de Medellín; en representación de las víctimas, Anaidalyth Delgado, coordinadora de las Mesas Departamental —Antioquia— y Distrital —Medellín— de Víctimas, y como parte de los firmantes de paz, Luis Alberto Naranjo, militante del Partido Comunes.  

En Antioquia, 1321 personas se encuentran en proceso de reincorporación, lo que lo convierte en el segundo departamento con mayor número de firmantes involucrados en esta etapa de transición.  

Durante el evento, se resaltó el incremento del presupuesto asignado a cada punto del Acuerdo por parte de los gobiernos local y nacional, así como la mejora en la articulación y coordinación entre instituciones. Además, se destacó la reactivación de diversas instancias en las que convergen múltiples actores para la construcción de paz, así como la inclusión de la sociedad en los procesos de transformación de los territorios.  

Para finalizar, Anaidalyth Delgado, representante de las víctimas, y Luis Alberto Naranjo militante, representante de los firmantes de paz, expusieron los desafíos que han tenido que enfrentar a lo largo de la implementación. “Decían que las víctimas éramos el centro del Acuerdo, pero no lo somos. Estos eventos no nos validan en nada”, expresó Delgado. Por su parte, Naranjo complementó que el panorama para los firmantes “también es complicado”, ya que en cuanto a su grupo el punto de la Reforma Rural Integral apenas ha avanzado un 5 %, y mencionó que “muchas familias volvieron al cultivo de coca entre 2018 y 2022 debido a la falta de garantías”.  

Tanto la representante de las víctimas como el de los firmantes de paz hicieron un llamado al gobierno de Gustavo Petro y depositaron su esperanza en que durante su periodo “las cosas sean diferentes” y haya cumplimiento del Acuerdo de Paz, firmado hace siete años.