Y el perdón ¿para qué?

A casi un año de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, el perdón parece ser, cada vez menos, un ideal moral. Su funcionalidad en el proceso de justicia transicional y en la aspiración de reconciliación, ha dejado algunas reflexiones y críticas entre expertos en temas como el derecho penal, la filosofía política y la historia de nuestro más reciente conflicto armado. A propósito del más reciente acto de perdón de las Farc, que se llevó a cabo en Granada, Antioquia, nos preguntamos por la importancia del perdón en el momento de transición que vive el país.

Por equipo Hacemos Memoria

El Acuerdo Final firmado por el Gobierno Nacional y las Farc establece que con el fin de que haya aportes a la verdad por parte de los victimarios y reparación simbólica para las víctimas, el Estado promoverá “actos tempranos de aceptación de responsabilidades y de responsabilidad colectiva”.

Según se estableció en el punto de Víctimas del Acuerdo –precisamente en el apartado 5.1.3.1–, el Estado contará con el apoyo de diversas instituciones religiosas para propiciar este tipo de espacios en el país. A su vez, deja abierta la posibilidad de que tanto las Farc como el Ejército y otros sectores de la sociedad, responsables en el desarrollo del conflicto, promuevan actos de petición de perdón de forma voluntaria.

Por otra parte, en uno de los numerales del punto 5.1.1, que desarrolla las funciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, se afirma que aquellos espacios que se abrirán para dialogar con víctimas y victimarios también pueden ser destinados a que los grupos armados reconozcan sus responsabilidades y pidan perdón.

Sobre los aportes de estas iniciativas al trabajo de la Comisión de la Verdad, Álvaro Villarraga, encargado de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica y aspirante a participar de la Comisión de Esclarecimiento, opina que el hecho de que sean actos tempranos implica un avance significativo en el acumulado de trabajo que tendrá esta corporación para el esclarecimiento de la verdad.

“Si uno sigue la ruta de Bojayá, La Chinita, los diputados del Valle, el club El Nogal y Granada, se va creando un cúmulo de contribuciones que van a generar una sinergia entre asumir la responsabilidad y ser directos frente a las víctimas. Vale advertir que no se trata de un solo actor del conflicto, el Estado deberá hacer lo propio”, asegura Villarraga. De la misma manera, recuerda que ya el presidente Santos pidió perdón a nombre del Estado por el caso de la Unión Patriótica y reconoció la acción de exterminio sistemático que se hizo sobre sus miembros en aras de aniquilar ese proyecto político.

Acto de perdón en el barrio La Chinita de Apartadó, Urabá antioqueño, donde las Farc asesinó a 35 personas en 1994. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz. 

Desde ese punto de vista, estos encuentros entre víctimas y victimarios son esencialmente espacios para hacer memoria. Acerca del perdón, dice el filósofo y antropólogo francés Paul Ricoeur, en su libro La memoria, la historia, el olvido (2000), que es el resultado de una tensión entre dos polos: la confesión de la falta y el deseo de perdonar: “El perdón, si tiene algún sentido y existe, constituye el horizonte común de la memoria, de la historia y del olvido”, señala Ricoeur.

Atados a ese vínculo con el llamado “deber de memoria», que algunos Estados -como el colombiano- han adoptado en procesos de transición, están los rituales de perdón, que se popularizaron de la mano de los modelos de justicia transicional, los cuales emergen a partir de la puesta en marcha de los tribunales de Núremberg al final de la Segunda Guerra Mundial. Con la premisa de que son un aporte al fin de un conflicto, este tipo de rituales fueron incluidos en el acuerdo con el que el Estado colombiano pretende implementar un modelo de justicia transicional.

Angelika Rettberg, doctora en Filosofía Política y profesora de la Universidad de los Andes, explica que la justicia transicional es un modelo que incluye múltiples mecanismos que van más allá del uso del derecho, y con estos, particularmente en nuestro país, se espera llegar a una restauración de las víctimas más que a una sanción penal para los victimarios.

En palabras de Rettberg: “Los procesos de justicia transicional pasan de una lectura exclusiva de la justicia como castigo a los perpetradores, a un énfasis mucho mayor en reparar el daño que causaron a la sociedad; por esta razón, hoy en día se les presta tanta atención a las víctimas y a las relaciones sociales que se ven afectadas por el conflicto. Ahora, hay todo un repertorio de cosas que se hacen para que la justicia no solo se remita a la pregunta sobre cómo manejar la culpa de quienes perpetraron los actos, sino que también procure reparar el daño social. En ese marco se entienden los actos de petición de perdón”.

El perdón para las víctimas
No hay una fórmula infalible para pedir perdón. Sin embargo, hay aproximaciones basadas en la observación de situaciones de conflicto en diferentes contextos. El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) señala, en el informe Más que palabras, las disculpas como formas de reparación, publicado en marzo de 2016, algunos atributos fundamentales para la ejecución de un acto de perdón: “Unas disculpas eficaces toman en consideración, de la manera más sensible, lo que las víctimas puedan estar sintiendo y pensando sobre lo que se está diciendo. Las disculpas deben honrar a las víctimas y señalar la importancia de restaurar el respeto por ellas, reconociendo su dignidad”, entre otras recomendaciones mencionadas en el informe.

A pesar de esto, pocas veces esta intencionalidad está presente. Con frecuencia, estos actos públicos son organizados por el Estado buscando resarcir viejas omisiones y las víctimas quedan reducidas a una participación accesoria. El 25 de marzo de 2004, el presidente argentino Néstor Kirchner pidió perdón públicamente en nombre del Estado en el acto de inauguración del Museo de la Memoria en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada). Otros actos de este tipo se han llevado a cabo en otras latitudes. En Kenia, el presidente Uhuru Kenyatta, presentó disculpas en el marco de la Comisión de la Verdad, en marzo del 2014. En ambos casos el papel de las víctimas consistió en un acto de acompañamiento a las disculpas ofrecidas por los jefes de Estado.

Si bien el informe del ICTJ alude al perdón como disculpa, insiste en reconocer “los límites y las complejidades de la disculpas cuando se ofrecen sin ir acompañadas sin ninguna otra medida de admisión de responsabilidades”. Los actos públicos de perdón son tan solo un mecanismo formal para la reparación de las víctimas. Para el caso de Colombia, el ICTJ resalta la concreción de la no repetición como uno de los desafíos importantes para asegurar un compromiso de paz más genuino.

El desafío colombiano
En Colombia, las Farc han promovido cuatro eventos de este tipo, que responden a lo pactado en La Habana, Cuba. En el primer acto, realizado el 6 de diciembre de 2015, le pidieron perdón a la comunidad de Bojayá por el cilindro bomba que explotó en la iglesia, cuando la población se refugiaba de los combates entre grupos paramilitares y las Farc. En el segundo, esa organización guerrillera pidió perdón por los hechos ocurridos el 23 de enero de 1994 en el barrio La Chinita de Apartadó, Urabá antioqueño, donde fueron asesinadas 35 personas y trece más resultaron heridas.

El tercer acto estuvo dirigido a los familiares de los once diputados del Valle que fueron asesinados en cautiverio por esta guerrilla. Y, finalmente, el pasado 23 de septiembre, Pastor Alape, en nombre de las Farc, les pidió perdón a los habitantes de Granada, Antioquia, por los daños que causaron durante las dos décadas en las que desplegaron sus acciones militares en el municipio; especialmente, por la destrucción del pueblo con 400 kilos de dinamita el 6 diciembre del año 2000.

En el templo Santa Bárbara, el pasado 23 de septiembre, se llevó a cabo el acto simbólico en el que las Farc le pidieron perdón a Granada.

Aunque estos gestos de reconciliación son los más representativos, desde la aplicación de la Ley 975 de 2005, en Colombia, se han presentado actos de perdón ordenados por sentencias judiciales. Igualmente ha sucedido con algunas decisiones de cortes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que acostumbra recomendarlos como forma de reparación simbólica.

Esa intervención del derecho y del Estado, en la motivación de los actos de perdón, es una de las razones por las que algunos académicos y pensadores, como el filósofo Jaques Derrida, insisten en que estos actos no son rituales de perdón auténtico, sino escenificaciones en las que se tienen fines políticos como la búsqueda de la reconciliación. Hay que recordar que Derrida da su debate a la luz de la reflexión sobre los crímenes de lesa humanidad, el exterminio del pueblo judío y algunos otros casos internacionales.

Esto, dicho en otras palabras, consiste en reconocer la impureza del perdón si está manchado por fines o condiciones políticas. Para este filósofo contemporáneo, “un perdón ‘finalizado’ no es un perdón, es sólo una estrategia política o una economía piscoterapéutica”.

Para el caso colombiano, también hay quienes se han encargado de proponer una posición crítica frente al perdón. El profesor de la Universidad del Rosario Adolfo Chaparro Amaya, en el texto La función crítica del perdón sin soberanía en los procesos de justicia transicional, plantea la necesidad de “construir un perdón sin soberanía” que sea incondicionado y que permita desligarse de las decisiones políticas como las amnistías o los perdones presidenciales.

En principio, entonces, el perdón debe comprender dos singularidades: el culpable y la víctima. Desde el momento en que interviene un tercero, se puede a lo sumo hablar de amnistía, de reconciliación, de reparación, etc., pero no ciertamente de perdón puro, en sentido estricto”, dice Derrida.

En el caso de las Farc, de acuerdo con Angelika Rettberg, el objetivo es legitimarse ante la sociedad: “Según todas las encuestas, la gente esperaba verlos en la cárcel, y no está a favor de su participación en la política. Ahí hay un mensaje muy claro: tienen mucho trecho por recorrer para lograr la aceptación política por parte de la sociedad. Entonces, realizar este tipo de actos les permite, por un lado, reconocer que se equivocaron, eso lo han hecho tentativamente, y por el otro, reparar sus relaciones con una sociedad que no los quiere y de la cual necesitan el aval para participar en política”.