Patricia Orozco, Alejandra Morales y Benjamín Rojas son líderes sociales del Oriente antioqueño. Sus historias y liderazgos tienen algo en común: la Corporación Adagio, una organización que trabaja por el reconocimiento de los derechos de las personas con expresiones de género diversas en una de las regiones más conservadoras de Antioquia.
Aunque en otros municipios del Oriente antioqueño ya se han iniciado procesos de memoria relacionados con el conflicto armado en sus territorios, El Retiro tiene la tarea de dar ese primer paso para que fenómenos como la gentrificación y el boom inmobiliario no borren la historia de lo que allí sucedió.
En diez departamentos de Colombia se han firmado los Pactos Regionales por la Búsqueda de Personas Desaparecidas con el fin de trabajar conjuntamente y encontrar a los desaparecidos del país. Antioquia, uno de los departamentos más afectados por este fenómeno fue de los primeros en acoger esta estrategia.
El Oriente concentra el 14 por ciento de los casos del departamento. Para intentar dar con el paradero de las víctimas se puso en marcha un plan específico para esa subregión.
La periodista Adriana Marín reconstruyó parte de la historia de Perrillo, un poblado que 40 años atrás fue centro cultural de la música y el tejido, y hoy es un cúmulo de despojos por la guerra.
En ese municipio del Oriente antioqueño, muchos campesinos caminan con su propio café, listo para beber y empacado en bolsas personalizadas. La iniciativa busca que los caficultores con alguna discapacidad sigan produciendo la mejor bebida de la región.
El 95 por ciento de la población de este municipio del Oriente antioqueño es víctima del conflicto. La zona urbana fue considerada como sujeto de reparación, pero el deseo de las víctimas aún está lejos de cumplirse.
Juan Alberto Gómez es un reportero del Oriente antioqueño que ha dedicado su vida a darles voz a las víctimas para reivindicarlas y dignificarlas. Este año emprendió un proyecto innovador donde la memoria, el territorio y el medio ambiente son los protagonistas.
A veintitrés años del fin de semana negro en Sonsón, el periodista Juan Camilo Gallego publica un libro que rescata las memorias de familiares y sobrevivientes de aquella masacre que aún continúa impune.
Desde el 2017, el Decreto 600 limitó y encareció el proceso mediante el cual las víctimas del conflicto armado piden que se les reconozca el derecho a la pensión de invalidez. Por vías jurídicas y acompañamiento, la Universidad busca la nulidad de esa norma.
