En el Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueños, persisten las violencias a los derechos humanos, como consecuencia de las disputas por el control territorial entre actores armados como las AGC, el ELN y disidencias de las FARC. 

Por Fabián Uribe Betancur
Foto: redes sociales de Cahucopana  

La situación de los derechos humanos en Antioquia durante el 2023 estuvo marcada por una disminución en ciertos tipos de violencia, como los asesinatos y el desplazamiento forzado. Sin embargo, persiste la concentración del control social en algunas subregiones y la expansión de los grupos armados. 

Según el Informe Mundial 2024 de Human Right Watch, el Acuerdo de Paz de 2016 entre Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado colombiano trajo una reducción inicial de la violencia. Sin embargo, resalta el documento que en años posteriores, “la violencia adoptó nuevas formas, y los abusos por parte de grupos armados aumentaron en muchas zonas remotas”. 

En los últimos dos meses, Indepaz y HRW presentaron sus informes anuales de derechos humanos y violencia en Colombia. Para conocer un poco más sobre esta situación en Antioquia durante 2023, consultamos a organizaciones como el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL), que estudian y analizan los fenómenos territoriales, y tanto a personas firmantes de paz como miembros de asociaciones comunitarias, quienes han vivido de cerca las amenazas y presiones de los grupos armados en las distintas subregiones del departamento. 

Las dinámicas del conflicto 

Actualmente, el conflicto armado en el departamento guarda relación con la disputa por el control de antiguas zonas donde hacían presencia las FARC, y con el desarrollo de economías ilícitas como la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito.  

De acuerdo con Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación, IPC, el conflicto armado persiste con mayor intensidad en las subregiones Norte, Bajo Cauca, Nordeste y Magdalena Medio, y tiene menos afectaciones en otros territorios. “Estos eran municipios donde hacían presencia las FARC y el Estado no logró llegar después del Acuerdo de Paz; ni siquiera con el control territorial a través de la fuerza pública, lo que permitió la llegada de otros actores violentos”. 

En estas regiones operan ilegalmente las estructuras de las disidencias de las FARC, el ELN, las AGC y grupos de crimen organizado. “Ese ha sido uno de los escenarios que ha generado desplazamientos colectivos y persecución a líderes sociales, entre otros casos”, comenta Zapata. 

En el 2023, el IPC denunció la posible carnetización de la población civil y la imposición de precios a productos como la panela y el plátano por parte de grupos al margen de la ley en municipios del Norte y Nordeste de Antioquia, como Campamento, Anorí, Yarumal, Angostura y Guadalupe.  

“El departamento se ha visto afectado por las confrontaciones entre grupos paramilitares, guerrilleros y fuerza pública, especialmente en el Norte antioqueño donde la situación ha sido más aguda: han ocurrido homicidios selectivos, desplazamientos forzados de las comunidades e instrumentalización de la población”, señala un integrante de la Red de Asociaciones Campesinas del Norte, RACN.   

Este mapa muestra la presencia ilegal de los grupos armados AGC, ELN y disidencias de las FARC en Antioquia, según datos del informe Situación de derechos humanos en Antioquia 2023 del Instituto Popular de Capacitación (IPC), y del Sistema de Información de la Fundación Paz y Reconciliación (Sipares).

Menores de edad  

Así mismo, a mediados de abril del año pasado, la Gobernación de Antioquia, a través de la dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia, denunció que las disidencias del Frente 36 de las FARC estaban adoctrinando a menores de edad en el municipio de Campamento.  

En relación con la vinculación de niños, niños y adolescentes (NNA) a actividades de grupos armados en Antioquia durante el 2023, conforme a datos del informe Violencia en Colombia de Indepaz, se registraron 12 casos.    

Para Carlos Zapata, puede existir un alto subregistro en este tipo de hechos, debido a que padres o familiares no denuncian estas situaciones por miedo a represiones o por otras particularidades. “Se han registrado alertas en territorios del Norte y un reclutamiento muy fuerte en el Bajo Cauca”, afirma el director del IPC. 

Además, en el departamento se han identificado otros tipos de vinculaciones de los niños, niñas y adolescentes a grupos armados, diferentes a las de cargar un arma; algunas de ellas son labores de mensajería o como “campaneros”, o bien de persuasión de otros menores.  

Según la Corporación Jurídica Libertad, CJL, se mantiene el reclutamiento forzado, el obligar al menor a formar parte de la organización ilegal. “Pero también los grupos armados han cambiado sus estrategias, como el ofrecimiento de prebendas o de aparatos tecnológicos”, resalta Winston Gallego, líder social e integrante del área de garantías de la CJL. 

Asesinato a lideres sociales y firmantes de paz  

Durante 2023, Antioquia fue el segundo departamento con más asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, con 22 víctimas, como se lee en el informe Violencia en Colombia de Indepaz. 

Según un integrante de RACN, hubo una violencia sistemática en el Norte y el Nordeste contra la población civil, “a través de la imposición de reglamentos, adoctrinamiento, masacres y asesinatos de líderes individualmente. También se impidió la libre circulación de personas entre veredas en algunos municipios, por la disputa del territorio”. 

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia enfatiza que, desde el Acuerdo de Paz y hasta el 26 de diciembre de 2023, habían sido asesinados 406 firmantes. 

El año pasado en Antioquia fueron asesinados cuatro reincorporados, de acuerdo con Indepaz. Entre ellos se encuentran Luis Aníbal Martínez Higuita, Benicio Beltrán Borja, Yohan Serna Murillo y Juan Diego García Sucerquía, quienes desempeñaban labores de reinserción como agricultores y agentes escoltas. En las zonas donde fueron asesinados operaban ilegalmente las estructuras de disidencias de las Farc, ELN, AGC y grupos de crimen organizado local. 

El 26 de septiembre de 2023, en la subregión de Urabá, la Subdirección Especializada de la Unidad Nacional de Protección, UNP, confirmó el asesinato de un hombre identificado como Juan Diego García Sucerquía.   

Según los reportes de ese momento, le dispararon mientras transitaba por el Cañón de la Llorona, zona rural de la vía Dabeiba-Mutatá. Indepaz detalló que García era firmante del Acuerdo de Paz y formaba parte del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, Román Ruiz de Santa Lucía en Ituango, Antioquia. Además, desempeñaba el rol de agente escolta en la Subdirección Especial de la UNP.  

“La situación de derechos humanos en la región del Urabá fue complicada; nos asesinaron a un compañero que era agente escolta y estaba asignado a la seguridad y protección del camarada Rubén Cano”, comenta Luis Arturo Borja, líder social y firmante de paz en el ETCR Llano Grande, en Dabeiba. 

A esta situación se le suma la violencia contra los liderazgos políticos que impulsan los firmantes de paz en sus territorios, lo cual constituye una amenaza para la democracia al restringir la participación y representación de esta población. 

“Nosotros como partido Comunes no tuvimos las garantías para participar en estas elecciones, debido a que no podíamos hacer campaña en algunos pueblos por la falta de seguridad para acceder a ciertas zonas. Inclusive, el compañero Nelson Benítez que aspiraba al Concejo de Dabeiba decidió quedarse quieto y a raíz de eso perdió”, menciona Garcés. Benítez fue concejal durante el periodo 2020-2023 y buscaba su reelección a través de una lista cerrada. 

Además de las amenazas a la participación política, el desplazamiento forzado continuó como parte del panorama de violencia en Antioquia. Conforme al informe Situación de Derechos Humanos en Antioquia del IPC, en 2023, 6789 mujeres y 6311 hombres fueron desplazados de sus territorios debido al actuar de los grupos armados. Esta cifra es inferior a la registrada en 2022, cuando 9651 padecieron el desplazamiento en el departamento.   

Entre algunos factores que han impulsado el desplazamiento forzado por parte de grupos armados en el departamento se encuentran las amenazas a líderes sociales y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Además, “esto ocurre cuando se asfixian los medios de vida, básicamente hay extorsiones o quienes parasitan las economías locales. Por eso la gente se va”, señala Zapata.  

Expansión de los grupos armados  

Así mismo, se ha evidenciado la expansión de grupos armados en Antioquia, como las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. En 2020, la organización no gubernamental Nodo Antioquia denunció una estrategia de esta organización, denominada “Plan mil”, que tenía como objetivo el control de la zona rural entre el Nudo de Paramillo y el Urabá, como corredor estratégico para transportar armas y drogas.  

“En Antioquia hay una expansión principalmente del paramilitarismo desde el 2020; hubo un cambio en el actuar de las AGC con el llamado ‘Plan mil’ que buscaba la toma no solo de Ituango, sino también de zonas del Norte y el Bajo Cauca”, resalta Gallego.  

Además, la falta de voluntad del Estado para esclarecer las relaciones entre la fuerza pública y algunos grupos armados o poderes regionales ha permitido el avance de estas organizaciones en diversas zonas del departamento. “Las AGC actualmente tienen una estrategia que busca el desprestigio de las organizaciones sociales y de los líderes sociales. Además, pretenden crear nuevos liderazgos en los territorios, inclusive intervenir dentro de las entidades”, indica Gallego, integrante de la CJL.    

La Corporación Jurídica Libertad también ha identificado la expansión de las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, hacia territorios del Norte del departamento. “Esta acción tiene el propósito de recuperar territorios quitados por las AGC. Aquí están en juego varias cosas: el control territorial y el control económico”, subraya Gallego. 

Este tipo de hechos siguen presentes en Antioquia y otras regiones del país. Según un comunicado la Defensoría del Pueblo, emitido el 23 de enero del presente año, “hay preocupación por el aumento en la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC, además de las estructuras del crimen organizado, en varias regiones de la geografía colombiana”.     

El 26 de enero de 2024, la Corporación de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo denunció diversas acciones violentas perpetradas por las AGC en Segovia, Nordeste antioqueño. En el comunicado se resalta que: “La arremetida paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) ha generado confinamiento, desabastecimiento, enfrentamientos y desaparición forzada dentro de su plan de expansión”. Además, de combates con las disidencias de las FARC en zona rural de esta subregión. 

Persisten también algunos hechos violentos, como el asesinato de líderes sociales. De acuerdo con Indepaz, entre el 1 y el 29 de enero de 2024, en Antioquia han sido asesinadas cuatro personas que ejercían algún tipo de liderazgo en el departamento: Emerson Pulgarín Sánchez, Luis Fernando Osorio, Argemiro Maya García y Fidel Antonio Hernández.