Organizaciones como Indepaz y Human Rights Watch coinciden en sus informes anuales en que durante 2023 hubo menos casos de desplazamiento forzado y homicidios de firmantes de paz. Persisten, sin embargo, los asesinatos de líderes sociales, las masacres y la presión de los grupos ilegales en varias regiones de Colombia 

Por Fabián Uribe Betancur
Foto: Unidad para las Víctimas   
 

Colombia continúa enfrentando diversos retos en materia de derechos humanos, debido al actuar de los grupos armados, los elevados índices de pobreza, la desigualdad y el acceso limitado a la justicia. Así lo demuestran dos informes anuales del 2023, divulgados recientemente por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, y Human Rights Watch, HRW.   

Los informes abordan temas como los abusos de los grupos armados, la violencia contra defensores de derechos humanos, los asesinatos de firmantes de paz, las masacres, las víctimas de minas antipersonales y el desplazamiento forzado, entre otros.  

El documento de Indepaz, titulado Violencia en Colombia, reporta los hechos violentos y las vulneraciones a los derechos humanos ocurridos entre el 1 de enero y el 28 de diciembre de 2023. Por otro lado, el Informe Mundial 2024 de HRW es un análisis de la situación de los derechos humanos en cien países, entre ellos Colombia.  

Asesinatos y amenazas a líderes  

Durante el 2023, según cifras de Indepaz, fueron asesinados 188 líderes sociales y defensores de derechos, cifra que representa un líder más en comparación con el año anterior. La entidad señala que “es preocupante el panorama en los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca para quienes ejercen liderazgos en las Juntas de Acción Comunal, en las comunidades indígenas o hacen parte de algún movimiento político”.  

Además, HRW destaca que durante las elecciones regionales de octubre, se registró un aumento en los asesinatos y otros ataques dirigidos a políticos y candidatos. Así mismo, el informe resalta que, según datos de la Defensoría del Pueblo, entre enero y julio, un total de 16 candidatos, políticos y personas involucradas en campañas políticas perdieron la vida a causa de estos actos violentos. 

El análisis de HRW subraya que en el ordenamiento colombiano existen políticas, mecanismos y leyes diseñados para evitar violaciones a los derechos humanos de los líderes sociales y firmantes de paz. Sin embargo, su ejecución ha sido insatisfactoria. 

Firmantes de paz  

El informe de Indepaz recuerda que en el 2022, la Corte Constitucional había declarado el “estado de cosas inconstitucional” como un llamado al Gobierno ante la crisis de seguridad que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz y los miembros del partido Comunes. De acuerdo con la entidad, en el 2023 se observó una ligera disminución en los asesinatos de firmantes: fueron 44, en comparación con los 50 del año anterior, aunque persisten las alertas en departamentos como Cauca, Meta y Huila.  

Por otra parte, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia enfatiza que, desde el Acuerdo de Paz y hasta el 26 de diciembre de 2023, fueron asesinados 406 firmantes. La Unidad de Investigación de la Fiscalía tiene a su cargo la investigación de 498 casos de homicidios de firmantes, y por ello han sido condenadas 71 personas.  

Masacres 

Indepaz también recopiló datos sobre masacres. La mayoría fueron perpetradas en ciudades principales y sus áreas metropolitanas. Se registraron 94 masacres con 303 víctimas; la misma cantidad de hechos que en 2022, pero con 40 víctimas menos que ese año. 

Los territorios que experimentaron mayores impactos fueron Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico, Cauca y Magdalena. Muchas de estas masacres ocurrieron “como consecuencia de disputas entre actores armados locales por economías como el microtráfico, la extorsión y el control sobre rutas de paso de drogas a centros de distribución más amplios”, se lee en el informe Violencia en Colombia 

Desplazamiento forzado  

Indepaz documentó 167 540 eventos de desplazamiento forzado en el país, especialmente en Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Bolívar y Norte de Santander. Por su parte, el Informe Mundial 2024 de Human Rights Watch expresa: “los gobiernos locales y regionales a menudo carecen de los fondos necesarios para apoyar a las personas desplazadas, mientras que la asistencia del gobierno nacional suele ser tardía y no satisfacer adecuadamente las necesidades de la población”. 

Niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado  

Se registraron 86 eventos de vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados, hecho que se concentra en Cauca, Arauca y Antioquia, detalló el informe de Indepaz.  

Así mismo, la entidad destaca que “la presión a través de la violencia ejercida por los grupos armados los ha convertido en blanco de violaciones a los Derechos Humanos y al DIH, lo cual se expresa en distintos tipos de vinculación en los grupos armados, donde cumplen labores de mensajeros, reclutadores, campaneros, entre otras actividades”.  

¿Cuáles fueron las conclusiones de los informes? 

Una de las conclusiones del informe de Indepaz es que “en algunas regiones del país los ceses al fuego pactados con los grupos armados, así como las treguas acordadas entre bandas y combos delincuenciales de ciertas ciudades, han sido favorables, permitiendo disminuir los eventos violentos en contra de la población”, se refleja en el documento.  

Por otro lado, el análisis de HRW destaca que persisten desafíos como el abuso de los grupos armados, las restricciones en el acceso a la justicia y los niveles elevados de pobreza, especialmente en comunidades indígenas y afrodescendientes. 

Además, la organización no gubernamental HRW menciona que el Acuerdo de Paz de 2016 entre las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado colombiano trajo una reducción inicial de la violencia. Sin embargo, resalta el documento, “adoptó nuevas formas, y los abusos por parte de grupos armados aumentaron en muchas zonas remotas y alcanzaron niveles similares a los que existían inmediatamente antes del proceso de paz”.