Un vecino le regaló a Manuel Oviedo un techo que, en compañía de 70 campesinos, movió hasta su predio. Pero vivir ahí es un riesgo, las amenazas no paran y él dice no tener garantías para retornar completamente. 

Por: Alejandra Machado
Foto: @GioPalacios5

El 13 de agosto, cerca de 70 campesinos movieron una casa de un predio a otro. Recorrieron unos mil 300 metros con un techo de zinc del que colgaban unos cuantos troncos de madera que hacían las veces de columnas. Era un grupo conformado por reclamantes de tierras y víctimas del conflicto armado, todos amigos de Manuel Oviedo, un líder reclamante de tierras en el Urabá antioqueño que ese día sentía haber triunfado sobre el despojo. El momento quedó registrado en un video que se hizo viral en Twitter.

Fueron más de diez años peleando por la tierra que heredó de su padre y de la que su familia fue despojada en 1996, luego de que paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) asesinaron a su hermano en su finca para desplazarlos.

Manuel llegó a su predio, ubicado en el municipio de Mutatá, acompañado de la Fuerza Pública, un juez de Restitución de Tierras y otros funcionarios que le harían la entrega oficial de su tierra. Ese terreno, por el que tanto había peleado, en el que alguna vez vivió con sus padres y hermanos, ahora era un terreno baldío que debía levantar desde cero. “Eso me lo dejaron como un desierto. Cuando salimos de esa tierra mi papá tenía ahí tres casas, un corral y todo bien arreglado. Pero todo eso lo destruyeron, la madera (que tenían cultivada) estaba recién cortada”, cuenta Manuel.

Por eso su vecino, que tenía unas casitas viejas, le ofreció regalarle una para que pudiera por lo menos tener “donde escampar el agua o el sol”. Pero vivir allí es un riesgo, las amenazas en su contra no paran y Manuel dice no tener garantías para retornar completamente.

Le ha hecho frente al despojo y ha liderado las reclamaciones de otras 40 personas a través de “Tierras para todos, inclusión social”, asociación que se dedica a orientar a los reclamantes en el proceso de restitución y en la que Manuel figura como representante legal.

Ser una cara visible de las reclamaciones lo ha puesto en la mira de los despojadores. Nunca hay un nombre claro en el origen de las amenazas. Llegan por panfletos o le mandan a decir “con trabajadores de la Finca Monte Verde que, aunque esa tierra me la hayan restituido, yo no la voy a gozar”. Incluso utilizan al escolta que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó para mandar recados.

—¿Usted es el escolta de don Manuel?, le preguntaron un día al funcionario.

—Sí, ¿por qué?, contestó.

—Dígale a ese man que está caliente. Yo sé que usted está trabajando y que es su deber, pero le estoy advirtiendo que si de un momento a otro los sorprenden usted ya estaba advertido.

De ahí que Manuel sienta que su esquema de protección no es proporcional al riesgo que corre cada vez que sale a la calle o que decide visitar el predio que le restituyeron. “No tengo un carro para movilizarme”, dice, y confiesa que ir hasta su finca representa una enorme inversión: “Un pasaje de aquí a allá me cuesta 24 mil pesos, más lo del escolta. Debo tener como mínimo 50 mil pesos para ir y venir el mismo día. No me puedo quedar allá por cuestiones de seguridad”.

Cada vez que puede, trabaja en su tierra, levanta el alambrado para organizar los linderos, arregla los potreros y hace una que otra cosa más con la ilusión de que su predio vuelva a ser esa casa próspera en la que alguna vez vivió con sus padres. “Nosotros no tenemos problemas con ningún grupo armado, el problema de nosotros es reclamar la tierra que está en manos de empresarios. Entonces las amenazas vienen de los opositores”, asegura Manuel.

 

Martha Peña, coordinadora del tema de tierras en el Instituto de Capacitación Popular, explica que la sostenibilidad del proceso de restitución de tierras no puede ser solamente un asunto jurídico, “si en las primeras etapas se viven tantos problemas de seguridad y si la implementación de proyectos productivos también es lenta, eso podría ocasionar que los campesinos vendan sus tierras”.

Y esa lentitud en los procesos de reclamación de tierra en Colombia, que se evidencia en los datos, también representa un riesgo para los campesinos. En ocho años de funcionamiento de la ley no se ha evacuado ni el diez por ciento de las solicitudes. “Entre más tarden las restituciones, menos lugar habrá para los campesinos en medio de las grandes industrias que se plantan en el territorio. Van siendo grandes territorios donde el campesino finalmente es expulsado porque su forma de vida no tiene futuro en ese territorio”, asegura Peña.

La historia del despojo

Vicente Antonio Oviedo Causil, el padre de Manuel, le compró a la familia Varela un predio de 32 hectáreas, en 1985, por $350.000. Ese baldío, que para entonces no tenía escrituras, está ubicado en la vereda Nueva Esperanza, del corregimiento de Belén de Bajirá, en Mutatá.

El 13 de septiembre de 1996, siete paramilitares de las Accu liderados por Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, entraron a la finca de los Oviedo, mataron a José y prepararon un sancocho al lado de su cuerpo mientras el resto de la familia llegaba a recogerlo. “Yo me fui para Bajirá a decirle al inspector, él me dio un papel y me dijo: deja que ellos se vayan de ahí, levanta el cadáver y me lo traes al otro día a la vereda Los Cedros”, recuerda Manuel. Y así lo hizo. El 15 de septiembre, cuando la familia regresaba a la finca, unos paramilitares que estaban en el Caño del Indio, en límites con el predio de Manuel, los amenazaron para que no retornaran. La familia huyó del lugar y se refugió en una iglesia Pentecostal ubicada en la vereda Rancho Alegre, en Belén de Bajirá.

Ahí se quedaron un tiempo hasta que el cura de Bajirá hizo una reunión con todos los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas y les dijo que los grupos armados habían dado un plazo de 15 días para desocupar esa zona porque ahí ocurriría un enfrentamiento entre el ELN y los paramilitares. Entonces hubo un desplazamiento masivo.

En 2005, tras la desmovilización de los paramilitares, Manuel decidió regresar a su finca y lo primero que vio al llegar fue un letrero que decía: “Prohibido el paso a personal no autorizado”. Pese al anuncio, Manuel entró para reclamar lo que era suyo, pero Fabio Moreno, el supuesto dueño, alegó que esa tierra era suya y que se la había comprado a Fidel Tordillo. Cuando este último declaró que no era cierto, Moreno aseguró que se la había comprado a Nando Cardona. La sentencia que le devolvió a Manuel su tierra demostró que todo lo dicho por Moreno había sido un montaje.

Manuel inició su proceso de reclamación ese mismo año y tres años después, en 2008, una vez más, trató de retornar con su mujer y sus hijos, pero fueron tratados como invasores y desalojados por la Policía. El 5 de enero de 2015 volvió y, esta vez, pudo vivir allí por un corto tiempo, hasta que “unas 180 personas encapuchadas y armadas nos sacaron de la tierra, nos echaron gases lacrimógenos”, recuerda.

Entonces tuvo que esperar hasta agosto de este año para poder habitar una tierra que desde hace 34 años le pertenecía. La pelea no fue fácil, en el proceso vio cómo 17 de sus compañeros, también líderes reclamantes, fueron silenciados por las balas. “Nosotros todos deberíamos estar restituidos con la ley 1448, pero hubo una lentitud y, ahora que se ha agilizado un poco más, los procesos duermen en el juzgado de restitución de tierras. Hay personas con sentencias desde hace tres años y que aún no se les ha hecho la entrega material”, dice Manuel con un tono que no disimula su disgusto.

Esa ley que él menciona tiene también un apartado con garantías de no repetición. Para Manuel “eso no lo aplican. Yo le escribí a la Defensoría del Pueblo, al Batallón de Selva de la Brigada 17 y al Departamento de Policía, pero solamente recibo llamadas de ellos para saber cómo estoy. ¿Qué queremos nosotros? Que, en esas veredas, donde fuimos restituidos, se instalen por lo menos temporalmente el Batallón de Selva, mientras el potro se amansa”.

Por su parte, la URT asegura que al entregar los predios ellos siempre revisan con “la Fuerza Pública las garantías de seguridad, no solo para adelantar los trámites catastrales, sociales y judiciales, sino para que los ciudadanos puedan poblar sus territorios”.