La memoria culinaria de las recetas que vienen desde sus abuelas se expresa en los platos que las mujeres de la Asociación de Mujeres Portadoras de Paz, Asomupaz, preparan en sus tres comedores populares en la región de Urabá.
Un diagnóstico elaborado por el IPC, la OIA y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos da cuenta de que en esta región de Antioquia fueron desaparecidos, por lo menos, 42 indígenas. La falta de información es un impedimento para responderles a sus familias y comunidades.
Desde febrero de 2020 se agudizaron los hostigamientos contra los habitantes del Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó, donde en los últimos nueve años han asesinado a cuatro líderes reclamantes de tierras y se han desplazado 25 familias.
Cuatro organizaciones sociales presentaron dos informes a la Comisión de la Verdad en los que se refieren al desplazamiento forzado, el despojo y la acumulación de tierras, que facilitó un modelo de “acumulación por desposesión” en Urabá y Bajo Atrato.
Un vecino le regaló a Manuel Oviedo un techo que, en compañía de 70 campesinos, movió hasta su predio. Pero vivir ahí es un riesgo, las amenazas no paran y él dice no tener garantías para retornar completamente.
La franja norte del departamento es la más afectada por las amenazas y asesinatos en los meses previos a las elecciones regionales. También preocupan los posibles casos de trashumancia.
El documento contiene pruebas y testimonios sobre violencia, desplazamiento forzado y despojo de tierras en la región durante el periodo 1995 – 2016. Los crímenes comprometen la participación de terceros civiles.
“Sin mascar palabras” narra la historia de violencia y resistencia de los habitantes de Tulapas, una zona del Urabá antioqueño atacada por grupos paramilitares desde mediados de la década de los noventa.
El documento fue firmado este 23 de agosto en el Urabá antioqueño, al cierre de un encuentro con líderes sociales, reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos de la región.
En riesgo estarían tres integrantes de organizaciones que acompañan los procesos de reclamación y restitución de tierras en esa región, donde han sido asesinados 21 reclamantes desde 2008.