La franja norte del departamento es la más afectada por las amenazas y asesinatos en los meses previos a las elecciones regionales. También preocupan los posibles casos de trashumancia.

Por: Pompilio Peña
Ilustración: MOE Colombia

Cinco días después del homicidio del candidato a la alcaldía del municipio de Toledo, Orley García, la Fiscalía capturó a dos de los hombres que habrían participado en el atentado. El aspirante por el Centro Democrático recibió 13 disparos en una emboscada y murió cuando era trasladado en helicóptero a Medellín. Uno de los sospechosos fue detenido en el atrio de la iglesia del pueblo, luego de que se oficiara una misa en memoria de la víctima.

Sobre el homicidio se especuló que había sido ejecutado por disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Cabuyo’. Sin embargo, la Fiscalía afirmó que los dos sospechosos capturados, en realidad, harían parte de una corriente política contraria a la del candidato del Centro Democrático. García se convirtió en el décimo líder asesinado en Antioquia entre el 27 de octubre del 2018 y el 7 de septiembre del presente año, según la Misión de Observación Electoral (MOE), organismo que ha registrado también nueve amenazas y dos atentados a líderes políticos.

Leyder Perdomo, analista de la Corporación Viva la Ciudadanía, explica que “cuando uno hace un mapeo del riesgo electoral por violencia u otros tipos de riesgos, se encuentra con que la franja norte del departamento y el Valle de Aburrá son las zonas con mayores problemáticas. Con norte me refiero al Nordeste, Bajo Cauca, Norte, Urabá, además de Medellín y Bello”. El analista añade que, según datos de Viva la Ciudadanía, “de julio del año pasado a julio de este año, en 34 municipios se presentaron 114 acciones bélicas o amedrentamientos, y muchos de ellos se deben a intereses económicos de los actores armados. Sabemos también que los partidos más afectados son el Liberal, seguido de Colombia Humana, La U y el Centro Democrático”.

Lo que pasó después del Acuerdo de Paz es paradójico, afirma Perdomo. El acuerdo generó una ventana política para las Farc, pero los territorios de los que salió esa guerrilla fueron ocupados por otros grupos, como sus disidencias, el ELN y el paramilitarismo; y ellos terminaron ejerciendo un dominio en el territorio, continuando con la producción de droga y acallando a los líderes.

Según un informe de la MOE, el pasado mes de agosto 19 personas fueron amenazadas en el municipio de Bello por medio de un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que señalaba a políticos, a funcionarios de la administración municipal, a una juez de la República y a un candidato a la alcaldía. También se supo que bandas delincuenciales estarían pidiendo dinero a algunos aspirantes a cambio de permitirles hacer campaña.

En el Bajo Cauca lo que ocurre es que, debido a la enorme tención y disputa que existe entre bandas criminales por el control del narcotráfico, la comunidad simplemente se abstiene de participar en política. “Algunos municipios del Bajo Cauca son los de menor participación electoral. Tarazá tiene un nivel de participación del 20 por ciento y esto se explica porque la violencia tiene un impacto sobre la política y tiene grandes dificultades para que las autoridades brinden garantías de votación, además de que muchas personas no cuentan con cédula”, manifestó Mónica Tabares, delegada del MOE para Antioquia.

En el Urabá antioqueño hay un hecho particular, y es que a pesar de la relativa calma que se ha vivido en los últimos meses, se sabe que existe en la zona una especie de hegemonía por parte del Clan del Golfo, banda que controla, entre otras cosas, la salida de droga del país por vía marítima.

El informe de la MOE también da cuenta del asesinato de un candidato al Concejo de Betania por el partido Cambio Radical y las amenazas contra nueve precandidatos a la alcaldía de Ituango.

El caso de Medellín

Jharry Martínez, coordinador de Derechos Humanos y Paz de la Corporación Región, manifestó que en Medellín lo que sucede es que existe una instrumentalización de las bandas criminales por parte de políticos con el fin de frenar ciertas participaciones ciudadanas y acallar liderazgos de base para luego buscar favores o llegar a acuerdos, como se ha hecho en el pasado. “En Medellín existe la violencia simbólica, como por ejemplo el estigma que hay con los partidos de izquierdas, tachados de maleantes. También sabemos que hay lugares en los que no se puede hablar abiertamente de candidatos preferidos, todo esto apalancado en las bandas criminales”, puntualizó Martínez, quien añadió que este mismo fenómeno se puede apreciar con claridad en el municipio de Bello.

Los expertos coinciden en que, bajo este panorama, es necesario que las autoridades electorales vigilen y brinden todas las garantías a los aspirantes a la Gobernación, a las alcaldías, a la Asamblea Departamental, a los consejos y a las Juntas Administrativas Locales, y además que castigue a aquellos aspirantes con pasado turbio o patrocinados por organizaciones criminales.

Denuncian posible trashumancia electoral

Según Mónica Tabares, la primera alerta temprana que lanzaron tiene que ver con la inscripción de cédulas en los 125 municipios, proceso que terminó el pasado 27 de agosto. “El caso más preocupante es el de Sabaneta. La tasa de inscripción en Antioquia fue de 74 por cada mil habitantes, y a nivel nacional fue de 85 por cada mil. Sabaneta tiene una tasa de 225 por cada mil habitantes, cuatro veces la tasa nacional. Y adicional a esto, el censo del municipio indica que hay más electores que población, según la proyección del DANE del 2019”. Esto, según la experta, podría indicar una presunta trashumancia. Sin embargo, para el Tribunal de Garantías de Antioquia, la situación de Sabaneta se debe a que al ser un municipio del Valle de Aburrá hay mayor flujo de personas, lo que no implicaría trashumancia.

A Sabaneta le sigue Vigía del Fuerte, con una tasa de 159,3 por cada mil habitantes; San Francisco con 158,4; Olaya con 156,6; Mutatá con 150,5. En el caso particular de Mutatá, lo que ha dicho la Registraduría es que mucha gente de Belén de Bajirá hizo su inscripción allí, porque no se sienten representados en las elecciones locales del Chocó y quieren participar en Antioquia.

Por su parte, los municipios que tienen un nivel de alerta más bajo son Santo Domingo, Maceo, Guatapé, Caracolí, Giraldo, Hispania, Alejandría y Yondó.