La entidad exigió la entrega de más información sobre lo realizado para proteger los lugares donde se presuma la existencia de fosas con víctimas. Zona de influencia de Hidroituango y la comuna 13 son áreas de interés especial.

Por: Carlos Olimpo Restrepo S.
Foto: Ministerio del Interior

Tras considerar insuficiente la información recibida hasta la fecha sobre lugares donde habría víctimas de desaparición forzada, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó este 6 de marzo de 2019 a la Fiscalía General de la Nación, a la Gobernación de Antioquia, a la Alcaldía de Medellín y a EPM, entre otras entidades, documentación acerca de lo realizado en zonas cercanas al proyecto Hidroituango (norte del departamento) y en la comuna 13, occidente de la capital antioqueña.

La Sección para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP “cuenta con información remitida por gobernaciones, alcaldías y la Fiscalía General de la Nación, entre otras instituciones, todas ellas vinculadas al trámite de solicitud de medidas cautelares, a través del auto 09 de noviembre de 2018. Sin embargo, la Sección consideró que esta información aún no es suficiente para avanzar en sus actuaciones” informó la entidad en un comunicado.

Por tal razón, mediante un nuevo auto, la JEP ordenó que, en un plazo no mayor a diez días hábiles, los encargados de las dependencias aludidas remitan a la mencionada sección información específica.

Para el caso de la zona de influencia de la central eléctrica Hidroituango, en construcción, la JEP pidió al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, enviarle “el contrato celebrado y demás documentos relacionados con la fundación SOCYA, quien a partir del contrato celebrado con EPM y con la Fiscalía General de la Nación se encargó de ubicar posibles lugares de inhumación en sitios de interés para el proyecto”.

Una solicitud en el mismo sentido hizo la entidad de justicia transicional a Carlos Mario Tobón Osorio, representante legal de EPM, y a Juanita Durán Vélez, subdirectora de Políticas Públicas y Estrategia Institucional de la Fiscalía General de la Nación.

La JEP también pidió a la representante legal de la fundación SOCYA, Juan Pérez Martínez, informes sobre lo realizado en la zona de influencia de la hidroeléctrica “para la determinación de los lugares donde probablemente se encontraban cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada, así como la metodología utilizada”.

El gobernador Pérez, además, deberá enviar la información sobre la toma de muestras de ADN en los municipios del norte de Antioquia, durante las jornadas de registro de víctimas del delito de desaparición forzada.

Los municipios de Tarazá, Ituango, Valdivia, Cáceres, Yarumal, Nechí, Peque, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, Buriticá, Betulia y Puerto Berrío, hacen parte de los sitios de interés señalados por la JEP en su información.

En Medellín

En el caso de la capital antioqueña, la JEP pidió al alcalde Federico Gutiérrez entregar toda la información del Plan de Atención a la Desaparición Forzada, en especial lo relacionado con la comuna 13, así como lo realizado por la empresa Falcon High Tech en la búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas, entre otras actividades.

La JEP también llamó la atención a Elsa María Moyano, directora del Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de la Nación, para que le remita la información sobre lo realizado por Falcon High Tech en relación con el sitio conocido como La Escombrera y en el cementerio Universal. En concreto, pide que se le entregue documentación sobre “la metodología utilizada, los conceptos aplicados, cartografía, actas y conclusiones de lo encontrado”.

De igual manera, la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín y el juzgado de Ejecución de Sentencias de Justicia y Paz deberán informar sobre las acciones adelantadas por las autoridades para cumplir las medidas de protección y preservación ordenadas por la justicia en los sectores de La Escombrera y La Arenera, donde se presume hay decenas de desaparecidos de la comuna 13 de Medellín.

Estas solicitudes, indicó la JEP, se toman dentro del estudio del proceso de solicitud de medidas cautelares interpuesto por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), por el cual también se tomaron medidas similares en los departamentos de Caldas, Cesar, Santander y Sucre.

Además, la JEP abrió incidente de medidas correccionales a los alcaldes de Nechí y Cáceres, en Antioquia, y de San Onofre, Sucre, por desobedecer las órdenes de la Sección para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, sobre la solicitud de información de lugares donde podría haber fosas con restos de personas víctimas de desaparición forzada.