En 2012 la Universidad de Córdoba se convirtió en la primera institución universitaria de Colombia en ser incluida en el Registro Único de Víctimas como sujeto de reparación colectiva, por las afectaciones que sufrió entre 1995 y 2008 a causa de la infiltración del paramilitarismo. Su reconocimiento derivó de un proceso piloto iniciado en 2008 que, diez años después, lleva a la comunidad universitaria a considerar que todavía no ha sido reparada.
Por Natalia Maya
Fotos: archivo Universidad de Córdoba
“El rector de la Universidad de Córdoba es un paramilitar”. Con esta denuncia pública, hecha en mayo de 2004, el entonces senador Gustavo Petro señaló el control e injerencia de Salvatore Mancuso, segundo comandante del Bloque Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la dirección y administración de esa institución universitaria desde mediados de la década de 1990.
Petro se refería a Claudio Sánchez Parra, designado como rector de la Universidad de Córdoba el 18 de junio de 2003, justo cuatro meses después de asistir a una reunión convocada por el exjefe paramilitar, que tuvo lugar en el campamento de Santa Fe de Ralito y a la que asistieron 30 miembros de la institución universitaria, su Consejo Superior en pleno y representantes de los sindicatos y los estudiantes, estos últimos contra su voluntad.
En esta reunión, según el testimonio de una activista sindical, reseñado en una de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia y Paz de Medellín contra desmovilizados del Bloque Córdoba de las AUC (Ver sentencia), alias Mancuso exigió que Sánchez Parra, rector encargado en ese entonces, fuera designado en propiedad, e hizo explícito su modelo de administración basado en la supresión de garantías laborales, sindicales y democráticas: “a partir de esa fecha nos recortaron y quitaron unas primas, no hubo aumento de salario por ocho años, lo cual generó endeudamiento de muchos funcionarios, estrés laboral y familiar, y cada fin de año nos amenazaban con que iban a destituir trabajadores a raíz de la famosa reestructuración de la Universidad de Córdoba”, relató el activista sindical.
La reestructuración de la Universidad de Córdoba o la implantación “de la ley paramilitar” a la que se refiere la activista sindical en la sentencia, inició en 1995, con el asesinato de Francisco Aguilar y, un año después, de Alberto Alzate Patiño, ambos profesores de la institución. Durante los años siguientes fueron recurrentes las amenazas a la dirigencia sindical y estudiantil al interior de la institución, lo que se tradujo en el desplazamiento forzado de varios de sus miembros y, particularmente, en la desarticulación del movimiento estudiantil.
Según la misma sentencia, la época más cruda para la comunidad universitaria inició en el año 2000. En septiembre, paramilitares asesinaron al profesor y líder sindical Hugo Iguarán Cote, que era el candidato más opcionado para ganar la rectoría de la Universidad; en su lugar fue designado Víctor Hugo Hernández, promovido por las AUC y quien en junio de 2002, sin cumplir su periodo de tres años, fue obligado a renunciar por alias Mancuso y reemplazado por Sánchez Parra, “quien se encargó de ejecutar a cabalidad la agenda definida por las Autodefensas: con estas administraciones se llevó a sesionar al Consejo Directivo de la Universidad en el campamento de Ralito”. Ese mismo año cinco estudiantes fueron asesinados y dos más secuestrados.
Foto: archivo Universidad de Córdoba
Caso piloto de reparación colectiva
En 2008 la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), creada por la Ley de Justicia y Paz y disuelta por la nueva institucionalidad que originó la Ley de Víctimas, eligió diez casos emblemáticos en el país para iniciar procesos de reparación colectiva, entre los que se encontraban las comunidades de El Salado (Bolívar), La Libertad (Sucre), El Tigre (Putumayo), La Gabarra (Norte de Santander), Buenos Aires (Cauca), la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) del corregimiento de La India (Santander) y la Universidad de Córdoba.
Esta última se convirtió en la primera institución universitaria del país en ser incluida en el Registro Único de Víctimas (RUV) como Sujeto de Reparación Colectiva, en abril de 2012. Su proceso es particular porque inició en 2008 en ausencia de marcos y pautas generales de reparación colectiva —que solo fueron definidas hasta la promulgación de la Ley 1448 de 2011 y del decreto 4800 del mismo año—, lo que implicó que en la formulación de su Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) se incluyeran medidas “complejas y de carácter abstracto” (según la resolución 0182 de marzo de 2013) que al día de hoy, pasados los tres años establecidos por la Ley para su implementación, no se puede hablar de grandes avances.
El primer paso del proceso fue la creación del Comité de Impulso de Reparación Colectiva de la institución, que funcionó hasta 2015 y que estuvo integrado por profesores, estudiantes, trabajadores y pensionados, quienes participaron de ejercicios de formación en derechos y reparación colectiva, y en las fases de diálogo, diagnóstico, convalidación, análisis integral y diseño del plan de reparación colectiva de la Universidad. Esta experiencia y la de los demás casos pilotos a nivel nacional fue acogida por la Ley de Víctimas y por el Programa de Reparación Colectiva, que definió una nueva ruta operativa para cualquier sujeto colectivo que desee ser incluido en el RUV: Registro, alistamiento, diagnóstico de daño colectivo y finalmente, formulación del Plan de Reparación Colectiva (PIRC).
Los hechos victimizantes identificados por los miembros del Comité de Impulso de la Universidad de Córdoba en la etapa de diagnóstico de daño colectivo, entre los que se encuentran la mencionada intervención directa por parte de alias Mancuso en la designación de rectores en los años 2000 y 2003; las modificaciones unilaterales de los estatutos generales y del reglamento estudiantil por parte de la cooptada administración y la persecución, amenazas y asesinato de miembros de la comunidad universitaria, los llevaron a determinar 41 medidas de carácter político, material y simbólico “que en buena parte no responden al alcance de un programa de reparación colectiva”, según explicó Lida Camacho, coordinadora de organizaciones de la Unidad de Víctimas.
“Además de la relación de causalidad, debe tenerse en cuenta la proporcionalidad, es decir, que realmente podamos cumplir con las medidas de reparación colectiva en los tres años previstos, tanto con los recursos destinados al programa como con las herramientas disponibles para lograr la transformación esperada. Entonces, en el caso de la Universidad de Córdoba el gran reto que tenemos radica en la enorme expectativa que se creó de garantizar, por ejemplo, derechos pensionales a los trabajadores sindicalizados y jubilados. Por eso no hemos cerrado el proceso ni hemos podido decir, a diez años de haber iniciado, que la Universidad de Córdoba fue reparada”, asegura Camacho.
La Universidad de Córdoba fue fundada en 1962 y tiene su sede principal en Montería. Foto: archivo Universidad de Córdoba
Plan Integral de Reparación Colectiva de Unicórdoba
Las medidas de reparación a las que se refiere Lida Camacho, incluyen pedidos simbólicos como el restablecimiento del buen nombre de la Universidad “a través del reconocimiento público de la verdad y solicitud de perdón por parte del Estado Colombiano”, la implementación de una Cátedra de Derechos Humanos, la conmemoración del Día Institucional de la Memoria Histórica y la creación de un Centro de Altos Estudios para la Paz, Democracia y Derechos Humanos; hasta el restablecimiento de los estatutos, reglamentos internos, convenciones colectivas y acuerdos de sindicatos y pensionados de la Universidad en la situación en la que se encontraban antes de la intervención paramilitar, y “la derogatoria de todos los actos administrativos que violan los derechos de los integrantes de la comunidad universitaria”.
De acuerdo con Jorge Buelvas, estudiante de la Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba y quien integró su Comité de Impulso, el proceso de reparación de la institución fue incierto desde sus inicios porque no existían antecedentes, sin embargo, todos los estamentos trabajaron en conjunto y de forma entusiasta hasta que en la formulación de las medidas de reparación empezaron a emerger las primeras diferencias.
“Teníamos demandas distintas: los estudiantes pedíamos reivindicaciones más políticas y simbólicas, pero los trabajadores, profesores y pensionados, que sí fueron víctimas directas en su momento, tenían intereses más personales relacionados con el restablecimiento de sus derechos laborales, por ejemplo, de primas y mesadas que les quitaron en aquellos años. Si bien el PIRC fue aprobado, la dificultad para avanzar en las medidas materiales hizo que la dinámica del Comité se estancara y pasaran los tres años de la Ley. Sin embargo, para mucha gente el proceso no se ha cerrado”, cuenta Buelvas.
Serafín Velásquez Acosta es uno de los profesores pensionados que participó de todo el proceso y que considera que este aún no ha concluido, por eso todavía se presenta como Coordinador del Comité de Impulso de Reparación Colectiva de la Universidad de Córdoba. De acuerdo con su experiencia, las expectativas que se crearon, el error de haber formulado un PIRC que no se presupuestó y que hoy cuesta más de cien mil millones de pesos que la Universidad no tiene de dónde sacar, y el escaso apoyo institucional por la permanencia de funcionarios cuestionados en las administraciones recientes, generaron un gran desgaste e inconformismo al interior de la institución que han impedido, incluso, que se hable de las responsabilidades de la Universidad en el conflicto.
Por estas razones, cuando en 2015 se hizo el balance de la implementación del PIRC con la Unidad de Víctimas, la conclusión a la que llegaron los integrantes del Comité, fue que en “la Universidad de Córdoba, como sujeto colectivo piloto de reparación, caso emblemático en el mundo, sólo ha habido verdad a medias, nada de justicia y mucho menos una verdadera reparación integral”.
Para Tatiana Galera, integrante del Comité de Impulso en representación de los estudiantes, el factor determinante para que el proceso no avanzara fue la falta de compromiso de la administración de la Universidad, pese a haber formalizado su apoyo: “la Universidad de Córdoba fue revictimizada, no reparada, y esto se debe principalmente a que desde la administración de la propia Universidad nunca se tuvo la voluntad para ejecutar el proceso, y la Unidad de Víctimas, por su parte, tampoco presionó para que la administración se lo apropiara, hiciera los reconocimientos que se tenían que hacer y apoyara en lo necesario para que las medidas de satisfacción se cumplieran”.
En febrero de 2018 el Ministerio de Educación Nacional anunció la aprobación de 19.000 millones de pesos para la construcción de una nueva biblioteca para la Universidad, lo que implicaría la reactivación de la Mesa de Educación, conformada para la implementación del PIRC de la institución; dicha construcción sería considerada como el Centro de Estudios para la Paz, la Democracia, los Derechos Humanos y Ciencias Políticas, que fue una de las medidas de reparación contempladas.
De lo administrativo a lo judicial
En 2016 los miembros activos del Comité de Impulso llegaron a la conclusión de que el proceso de reparación colectiva de la Universidad de Córdoba debería emprenderse por vía judicial. Según Serafín Velásquez, se apoyaron en las sentencias de Justicia y Paz contra desmovilizados del Bloque Córdoba de las AUC, en las que se detalla el proceso sistemático de asalto e infiltración paramilitar en las universidades públicas del Caribe, para demandar ante la justicia el cumplimiento de la reparación colectiva para la Universidad: “estamos ad portas de recibir la sentencia donde conminan a la administración a cumplir con las medidas”.
En una carta con fecha del 18 de mayo dirigida al Consejo Superior de la Universidad, Velásquez les informa a sus integrantes las razones por las que el PIRC sigue un proceso judicial en los Tribunales Superior de Bogotá y de Medellín, y les anuncia que empezarán los trámites para demandar al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, con la colaboración de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y el colectivo de abogados José Alvear Restrepo para, entre otros, “presentar los casos de las demandas de las resoluciones de pensiones y que se otorguen medidas cautelares para intervenir casos como el del Fondo de Salud, donde la falta de una solución atenta contra la vida de sus usuarios, entre ellos los más vulnerables, los pensionados”.
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