Un nuevo cese al fuego bilateral y la definición de la participación de la sociedad en la mesa de negociaciones son, según el investigador social Víctor de Currea-Lugo, los acuerdos parciales que pueden lograr los negociadores del Gobierno y del ELN antes del 7 de agosto, fecha en la que se posesionará el nuevo presidente.
Por: Juan Camilo Castañeda
Víctor de Correa-Lugo estuvo en Quito la semana anterior, cuando el presidente ecuatoriano Lenin Moreno anunció que retiraba el apoyo a la mesa de negociación del gobierno colombiano y el ELN. Una decisión que, según dice, tomó por sorpresa a los negociadores. “La sociedad ecuatoriana no entiende la diferencia entre ELN, Farc, Bacrim y paramilitares. Entonces, ante los hechos de violencia ocurridos en la frontera, el asesinato de los periodistas y la presión política en Ecuador, Moreno optó por una salida simbólica que obedece a una tensión interna y no a una tensión internacional, como lo es retirar el apoyo a los diálogos”, explica.
De Currea-Lugo es uno de los académicos colombianos que más ha estudiado al ELN. Este periodista y profesor de la Universidad Nacional editó los libros de ensayos Negociación Gobierno – ELN: y sin embargo, se mueve, Poder y guerrillas en América Latina y ¿Por qué negociar con el ELN? Conversamos con él sobre el panorama actual de las negociaciones entre el gobierno colombiano y esa guerrilla.
Ante el anuncio del presidente Lenín Moreno ¿Cómo vio la reacción de los negociadores?
Ahí coinciden, pero con matices en la respuesta que dan. En términos generales, uno podría decir que comparten dos ideas: uno, el respeto por la decisión tomada. Como periodista tuve la posibilidad de hablar con Pablo Beltrán y Aureliano Carbonel, y ellos decían que respetaban la decisión, aunque no compartían los argumentos. Y dos, la gratitud que hicieron pública con el Ecuador por acompañar el proceso preliminar de la negociación, el proceso público y, además, porque facilitó su territorio para realizar cinco rondas de los diálogos.
¿Por qué no han decidido una nueva sede? ¿Cuál debería ser el país en el que continúe la negociación?
Esa es una decisión que no es fácil. Ecuador es un país relativamente cerca, en una hora y veinte minutos estás en Quito. Uno podía ir y volver en un mismo día, pero también hay cosas de logística, de garantías de seguridad, de preservación de la confidencialidad que hay que examinar. Además, hay un impacto político en la población civil, en la sociedad y en los medios de comunicación que hay que valorar. Entonces, no se puede decidir un país con premura, sino que hay que evaluar todo. Sé que Alemania y Noruega hicieron un ofrecimiento, ahí está resuelto el tema de la seguridad, pero la lejanía implica que la sociedad civil estaría muy apartada de la mesa y el primer punto es de participación, entonces, es necesario un país cercano. Quedan tres ofertas que son Cuba, Brasil y Chile. Yo creo que es posible que se quede entre Chile y Cuba, pero lo importante no es el país sino que el proceso se mantenga y que haya facilidades para que la sociedad pueda participar.
El actual gobierno tiene intenciones de negociar, pero se acercan las elecciones y no se sabe cuál será la actitud del próximo presidente ¿Hasta dónde se puede avanzar en la negociación antes del 7 de agosto, cuando se posesione el nuevo presidente?
Es necesario un pacto o unos acuerdos parciales que permitan avanzar. Yo creo que el país conoce las dificultades que ha tenido la mesa por múltiples razones. Hablando con la delegación del ELN, les planteé una pregunta similar y la respuesta fue que es necesario llegar a un cese al fuego bilateral, más sólido y articulado que el pasado y avanzar en la participación de la sociedad. Esas son las metas que se tienen.
Hay que negociar como si no hubiera elecciones. No se debe caer en ese inmediatismo electoral. Desafortunadamente nuestra cultura política sí cae en esa lógica, entonces, temas como la paz o la implementación de los acuerdos con las Farc se politiza de una manera simplista y hasta pusilánime.
En términos generales, el cese al fuego del año pasado se cumplió. Pero ante situaciones como las que se viven hoy en el Catatumbo ¿Cree que un cese al fuego se cumpliría a cabalidad?
Ahí hay que hacer una distinción. El cese al fuego es bilateral y no multilateral, por tanto, durante los 101 días que duró el cese al fuego, en términos generales, el ELN y el Gobierno cumplieron. Hubo incidentes, pero fue un cese al fuego que en su inmensa mayoría fue respetado por las partes.
Ese cese no incluía ni al paramilitarismo, ni al EPL, ni a las disidencias de las Farc. Entonces, hay que entender los alcances limitados de ese cese bilateral. Lo segundo, la complejidad del Catatumbo sobrepasa los alcances de la mesa de Quito. Por supuesto, desde allí se han hecho gestiones, el Gobierno tiene en cuenta lo que pasa en el Catatumbo, pero la complejidad es mucho más grande. En esa región hay presencia del cartel de Sinaloa, hay diferentes expresiones paramilitares, muchísimas personas que llegan en situación de vulnerabilidad desde Venezuela, que no tienen acceso al mercado laboral cucuteño y se han desplazado hacia el Catatumbo; hay un mercado y todos los que hemos ido al Catatumbo sabemos de la cantidad de cultivos de coca que hay allí. El mercado agrícola no existe, las vías son una vergüenza, entonces hay una complejidad desde lo estructural. Por todo eso yo no cargaría a la mesa de Quito, por simple justicia, la responsabilidad de lo del Catatumbo, cuyo drama va mucho más allá de los diálogos.
Reactivación de los Diálogos en Quito, Ecuador, en marzo del 2018. Foto: Equipo Paz Gobierno Nacional.
Por otro lado, en Chocó las organizaciones sociales han planteado la necesidad de un acuerdo humanitario para ese departamento ¿Es un punto en el que puede avanzar la mesa?
Lo fundamental que se planteó es la necesidad de protección de la población civil, o sea la aplicación de algo que está en nuestra Constitución, en nuestra legislación interna, pero que además es loable, desde el punto de vista ético, sacar a los civiles del conflicto armado. En ese sentido, por supuesto que el acuerdo humanitario es plausible, esa es una de las experiencias pilotos que hay que fortalecer. Sin embargo, allí también nos encontramos con otras lecturas y otros actores que no hacen parte de la mesa de Quito.
Creo que es más fácil avanzar en un acuerdo en el Chocó que en la complejidad del Catatumbo. Lo que es importante en ambas regiones es la movilización de la sociedad civil, pero preocupa que esa movilización sea entendida como aliados del ELN. Fíjese lo que acaba de pasar en el occidente del país con la detención de 31 personas, en Samaniego, Nariño, donde detuvieron a cinco exalcaldes so pretexto de ser del ELN. Utilizaron un testigo falso que un día después de la detención hizo la claridad de que nunca los había vinculado con el ELN. Esa fabricación de testigos es vulgar. En el sur de Bolívar se vivió una experiencia similar hace un año, a un grupo de líderes sociales los detuvieron por lo mismo y se ha ido comprobando la injusticia que hay detrás. El problema es que en Chocó y Catatumbo también pueden ocurrir esas capturas masivas para presionar al ELN, pero faltando al debido proceso y condenando a inocentes a estar en la cárcel.
¿Cómo ve ese panorama al que se enfrentan los líderes sociales? ¿Cómo afectan esas situaciones a la mesa, especialmente a la negociación del primer punto?
Lo fundamental es que esa voluntad política que han mostrado las partes de invitar a la sociedad debe ser acompañada de actos reales. Por ejemplo, si uno tiene 280 líderes sociales asesinados en los últimos meses, pues yo no creo que alguien que tiene el riesgo de ser asesinado, detenido o desaparecido tenga un estímulo para ir a la mesa. De hecho, algunos sectores sociales no asistieron a las audiencias, como el caso de los indígenas, porque estaban en ese momento en unas marchas y en unas actividades de denuncia del maltrato, de la falta de garantías y de falta de condiciones de vida digna en su región.
Otro problema es que se necesita saber si van a escuchar a la gente en serio o si son invitados que dicen cosas y nadie les para bolas, pues no tiene mucho sentido y eso tiene que ver con el carácter de la participación: si es consultivo, vinculante, si son recomendaciones y serán tenidos en cuenta. Y finalmente, es necesario tener claro si aquello que se acuerda con las comunidades será implementado, porque lo que vemos con las Farc es que hay un fracaso de la implementación de los acuerdos y eso desestimula la participación de la sociedad.
¿Usted personalmente es optimista o pesimista frente a este panorama en el que están los diálogos?
Yo creo que la negociación entre el Gobierno y el ELN se mantiene por el cambio entre Juan Camilo Restrepo y la llegada de Gustavo Bell, los refuerzos académicos de Socorro Ramírez, Angelika Rettberg, la permanencia de algunas personas que venían trabajando como Alberto Fergusson, eso le da un aire diferente a la postura del Gobierno. El ELN ha dicho de manera clara y explícita que van a continuar en la mesa y que harán hasta lo imposible por buscar una salida negociada del conflicto.
El proceso avanza lento, es cierto, pero una variable externa que afectará a los diálogos es quién será el nuevo presidente: si es Vargas Lleras o Duque, creo que la mesa tendría los días contados; si es Fajardo, Petro o De la Calle, creo que habría una esperanza para la paz. El problema de eso es que ojalá lo que significan las víctimas en Colombia y lo que significa la guerra en Colombia sea tenido en cuenta en el momento electoral, de tal manera que no sigamos votando por quienes aplauden la guerra y luego quejarnos porque en el país persiste el conflicto armado.
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