Para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, las víctimas de este flagelo se reunieron en Medellín con el propósito de sensibilizar a la sociedad frente a un crimen que sigue afectando al país; además, exigieron que se conozca la verdad sobre lo que ocurrió con sus familiares.
Por Juan Camilo Castañeda
Como cada 30 de agosto, los familiares de las personas que están reportadas como desaparecidas se reunieron en Medellín para honrar la memoria de sus seres queridos y exigir que se esclarezca lo que pasó con ellos. Esta vez tienen la esperanza de que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) cumpla con su objetivo: aportar a la construcción de la verdad y reparar a las víctimas de este flagelo.
La UBPD hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que se estableció en el Acuerdo Final que firmaron el Gobierno y las Farc en el 2016. Aunque la Unidad se consolidó y se reglamentó mediante la Ley 589 de 2017, los familiares de las víctimas tienen algunos reparos. Su mayor preocupación es que la UBPD solo busque a las personas que fueron desaparecidas “en el contexto y en razón del conflicto armado”, como lo dice la Ley y el Acuerdo de Paz. Los familiares exigen que todos los desaparecidos, sin importar el actor que cometió el crimen, sean buscados.
Las cifras sobre desaparición forzada en Colombia son contradictorias, pero no dejan de ser escabrosas. El Comité Internacional de la Cruz Roja, por ejemplo, estima que unas 79 mil personas están desaparecidas en el país; por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal indica que se han reportado 120.104 casos, de los cuales 84.642 no se han resuelto.
Además, según Medicina Legal, solo 25 mil de esos casos están relacionados con el conflicto armado. Por esta razón, organizaciones como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Mujeres Caminando por la Verdad de la Comuna 13 de Medellín, Madres de la Candelaria, entre otras, le piden a la Corte Constitucional, estamento que revisará la Ley 589 de 2017, que amplié los alcances y garantice la efectividad que tendrá la UBPD.
En este video Marta Soto y Andrés Felipe Blackborne, integrantes del Movice, y Luz Mery Velásquez, miembro de la Mesa Departamental de Desaparición Forzada, hablan de las exigencias que los familiares de las víctimas le hacen a la UBPD.