Desde la firma del Acuerdo Final de Paz hasta el 14 de mayo de 2018 fueron asesinados en Colombia 282 líderes sociales. Analistas coinciden en que los homicidios pueden tener relación con conflictos territoriales y de control de recursos naturales, especialmente con negocios como el narcotráfico y la minería ilegal.
El proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha recibido críticas de distintos sectores políticos y sociales que consideran inadmisible negociar con un actor armado que insiste en prácticas como el secuestro y los atentados a la infraestructura del país. Mientras tanto, otros grupos afirman que sin un acuerdo con esta guerrilla no se podrá hablar de paz en Colombia. ¿Cuál debe ser la estrategia del próximo Gobierno?
Han transcurrido 20 meses desde que el Gobierno y las Farc firmaron el Acuerdo Final de Paz. Se estima que la implementación del mismo durará 10 años, razón por la cual los próximos dos presidentes tendrán grandes responsabilidades en el cumplimiento de lo pactado en Cuba.
En 2012 la Universidad de Córdoba se convirtió en la primera institución universitaria de Colombia en ser incluida en el Registro Único de Víctimas como sujeto de reparación colectiva, por las afectaciones que sufrió entre 1995 y 2008 a causa de la infiltración del paramilitarismo. Su reconocimiento derivó de un proceso piloto iniciado en 2008 que, diez años después, lleva a la comunidad universitaria a considerar que todavía no ha sido reparada.
El Oriente antioqueño será uno de los territorios donde la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición centrará su atención. Según Alejandro Valencia, comisionado que tendrá a su cargo el monitoreo de esta región, la idea es buscar las historias silenciadas en los territorios. Advierte que en ese cometido, municipios afectados pero poco narrados, como Sonsón o Nariño, tendrán una atención privilegiada.
En el sótano del Palacio de Justicia José Félix de Restrepo, en Medellín, se encuentra el archivo judicial de la ciudad. Entre las páginas de los libros de reparto, se halla la memoria de muchas víctimas de la violencia. Allí también se esconde el testimonio de la violencia paramilitar desatada contra la Universidad de Antioquia en 1987.
En los primeros cuatro meses del 2018 asesinaron en Medellín a doscientas personas. El 51 por ciento de los casos están asociados, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, al crimen organizado. Los sectores más afectados son Robledo, San Javier y Altavista, de donde se han desplazado 379 personas en lo corrido del año.
Tres universidades públicas del Caribe han sido incluidas en el Registro Único de Víctimas como sujetos de reparación colectiva: la de Córdoba en 2012, la del Atlántico en 2015 y la Popular del Cesar en 2017, por las afectaciones que sufrieron entre 1986 y 2006 a causa de un proceso sistemático de infiltración de grupos paramilitares. Sus experiencias y aprendizajes sirven de ejemplo para otras instituciones que, como la Universidad de Antioquia, están interesadas en ser reconocidas como víctimas colectivas del conflicto armado.
Por el trabajo que realiza en zonas que han sufrido la violencia urbana en Medellín y el fortalecimiento de la memoria en la ciudad, la emisora La esquina radio recibió el reconocimiento “Amparo Díaz» al mejor medio comunitario de Colombia en el Premio de Periodismo Regional Semana-Grupo Argos 2018.
“Hay que derribar el mito de que ‘si lo tiraron al río, no hay nada qué hacer’”, concluyen investigadores y expertos ante la realidad de que muchos cuerpos reposan en los lechos de los ríos colombianos, como consecuencia del conflicto. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) reporta más de 1.080 cuerpos recuperados en al menos 190 ríos colombianos.
