Por más de una década, la asociación Acasa ha trabajado en la defensa del territorio y por los derechos del campesinado en la región de Urabá. A pesar de las estigmatizaciones y las vulneraciones de los grupos armados que buscan acallar su voz, continúa firme en el compromiso por reconstruir el tejido social, a través de una iniciativa de acercamiento a la memoria en un mercado campesino.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto: Ruber García
La Asociación de Campesinos de San José de Apartadó, Acasa, surge en el 2010 con el propósito de fomentar procesos organizativos y de capacitación para la ejecución de proyectos productivos, así como para la promoción y defensa de los derechos de la población campesina y su permanencia en el territorio.
Ruber Mario García, representante legal de Acasa, recuerda que para ese entonces la organización estaba conformada por representantes de cada una de las 32 veredas del corregimiento San José de Apartadó. “Debido a la violencia, la asociación se enfocó mucho en los derechos humanos, porque había muchas vulneraciones a la población, como la estigmatización y persecución a líderes sociales”, enfatiza.
La historia de este corregimiento del municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño, ha estado ligada a la violencia armada que comenzó a recrudecerse a partir de los años noventa debido a la disputa entre grupos guerrilleros, paramilitares y el Ejército. Según el informe Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, Bajo Atrato y Darién, del CNMH, en esta macrorregión se registraron 32 832 hechos victimizantes entre 1994 y 2006, los más recurrentes fueron el desplazamiento forzado, los asesinatos selectivos, las masacres y las desapariciones forzadas.
Uno de los eventos de violencia que marcó la historia del corregimiento fue la masacre del 21 de febrero de 2005 en varias viviendas de la vereda Mulatos Medios. En ella, las víctimas fueron torturadas y asesinadas.
De acuerdo con el documento Masacre de San José de Apartadó de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, paramilitares pertenecientes al Bloque Héroes de Tolová, con la colaboración de militares del Ejército nacional, irrumpieron violentamente en el corregimiento. Primero, ingresaron por la fuerza a la casa de Luis Eduardo Guerra, reconocido líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, donde también se encontraban su hijo Deyner Andrés Guerra, de 11 años, y Bellanira Areiza, su esposa. Los cuerpos fueron abandonados en las afueras del poblado. Después, Alfonso Bolívar Tuberquia fue asesinado junto con su esposa Sandra Milena Muñoz y sus hijos Natalia y Santiago, de 5 y 2 años respectivamente; también mataron a Alejandro Pérez, otro residente del corregimiento.
Los líderes del grupo paramilitar, conocidos como “Cuatro Cuantro”, “Makeison”, “Águila 6” y “Cobra”, declararon en tribunales de Justicia y Paz que consideraban a la familia una futura amenaza guerrillera. Esa masacre enlutó al corregimiento San José de Apartadó y atizó el fuego contra sus habitantes, quienes comenzaron a unirse para denunciar la situación de vulneración en la que se encontraban. En ese contexto de resistencia civil nace la asociación Acasa, cuyos integrantes vivieron de primera mano la violencia impuesta por los actores armados. Según el Informe de derechos humanos y derecho internacional humanitario para el corregimiento de San José de Apartadó, elaborado por organización, para el año 2014 tenían presencia en su territorio las siguientes estructuras: las FARC con los frentes 58 y 5; el Ejército Nacional a través de las brigadas 17, 24 y Móvil 11; y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.
La asociación Acasa ha estado desarrollando desde 2015 una estrategia educativa en derechos humanos conocida como “Escuelas de ciudadanía”, en la que participan personas de distintas edades. Foto: Ruber García.
Jesús Cataño, quien forma parte de Acasa, rememora cómo algunos miembros de la asociación sufrieron amenazas y estigmatización debido a su labor en defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, no solo en el corregimiento sino en toda la región Urabá. “A través del comité de derechos de nuestra asociación, realizamos varias denuncias sobre los abusos cometidos por la fuerza pública y las violaciones cometidas por grupos ilegales contra la comunidad. Estas acciones dieron lugar a acusaciones infundadas contra líderes sociales de nuestra organización y a su posterior persecución”.
Entre las denuncias realizadas por el comité de derechos humanos en 2014, una del 15 de mayo detalla: “Fue asesinada a machetazos la señora María de la Cruz Guerra de 68 años, madre de familia, según cuentan algunos vecinos militantes de la Iglesia Pentecostal. Los lamentables y reprochables hechos se desatan en el corregimiento Nueva Antioquia, una zona en la que hemos denunciado la presencia de los paramilitares, mal llamados Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC o “Clan Úsuga”, grupo que desde hace más de dos años comete a cielo abierto toda clase de atrocidades contra la población”.
Después de la firma de los acuerdos de paz de 2016, entre el Estado colombiano y las FARC-EP, las dinámicas de violencia en el corregimiento San José de Apartadó experimentaron cambios significativos: un actor salió del territorio pero llegaron otros, nuevas estructuras paramilitares. “Cuando entraron de lleno los paramilitares, comenzaron unas amenazas muy fuertes en contra de la asociación, el que denunciara se moría o tenía que dejar el territorio; esto nos afectó mucho”, dice Jesús Cataño.
Según el integrante consultado de Acasa, en ese año 2016 hubo una asamblea general en la que se tomaron medidas para evitar la persecución de grupos armados, entre ellas, dejar de denunciar públicamente las afectaciones al territorio y a los derechos humanos en la región.
Debido al accionar de las estructuras armadas en el corregimiento San José de Apartadó, la Defensoría del Pueblo emitió, el 14 de diciembre de 2020, la alerta temprana número 051-20, para señalar el riesgo de reclutamiento a hombres entre los 14 y 29 años.
Además, la alerta identificó que la vulneración de los derechos de los líderes y lideresas y participantes de organizaciones sociales, a las que mencionó: Acasa, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el Movimiento Marcha Patriótica, la asociación Cacaovive, la Asociación Campesina de Productores de Alimentos de Urabá (Asocpraur) y las juntas de acción comunal.
Este año, el 20 de marzo, se registró en la vereda La Esperanza del corregimiento San José de Apartadó el asesinato de dos integrantes de la Comunidad de Paz: Nallely Sepúlveda y el niño Edison David.
A pesar de la persistencia de la violencia en el corregimiento, la asociación Acasa sigue comprometida con el restablecimiento del tejido social que alguna vez se desgarró tras la violencia. Esto lo hacen a través de capacitaciones dirigidas a jóvenes en proyectos productivos, la promoción de procesos organizativos con productores agropecuarios locales, el fortalecimiento de la red de asociaciones y la promoción de mercados campesinos con enfoque en memoria.
Cada dos meses en el parque Ortiz del centro urbano de Apartadó, se ubica la llamada Caseta de la Memoria, que pretende dignificar las memorias de las víctimas del conflicto armado del corregimiento mediante la exposición de fotografías y relatos narrados por los integrantes de la asociación. En la Caseta de la Memoria también se promocionan y venden los productos agropecuarios de los campesinos del corregimiento, que proponen un consumo más amigable con el medio ambiente.
Jesús Cataño explica: “Esto es una combinación entre mercado campesino y memoria. Durante el evento, a los visitantes o compradores que asisten, les hablamos sobre cómo el conflicto armado afectó el territorio y cómo estamos llevando a cabo la producción de alimentos de manera más sostenible en la asociación”.
Añade que este proyecto es uno de los desafíos para la Asociación de Campesinos de San José de Apartadó, ya que buscan recursos para construir una posible casa de la memoria en el corregimiento. “Queremos combinar la memoria con el turismo, de modo que la Caseta de la Memoria funcione como un centro de recepción de turistas. Posteriormente, los llevaremos al corregimiento para que conozcan de primera mano cómo nos afectó el conflicto y cómo estamos produciendo alimentos junto a las familias”, expresó Cataño.
Los integrantes de la asociación piden a los gobiernos nacional y departamental que apoyen estas iniciativas que permiten construir la memoria y la paz en los territorios y que atiendan la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo para garantizar los derechos de la población campesina en esta región de Urabá.