Alejandro Ramelli investiga la orden militar de enterrar y desaparecer civiles en Dabeiba

El magistrado a cargo del subcaso que se ocupa de los asesinatos y desapariciones de personas presentadas como bajas en combate, en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia), Alejandro Ramelli, habló con Hacemos Memoria sobre estos crímenes cometidos por agentes del Estado, las amenazas de las que ha sido objeto, sus opiniones con respecto a las motivaciones de los militares y la búsqueda de una justicia que permita, más allá de castigar, la reflexión de los ciudadanos para la transformación de la sociedad.  

Por Margarita Isaza Velásquez 

Foto: cortesía JEP 

Alejandro Ramelli Arteaga es magistrado del Tribunal de Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP—. En su hoja de vida académica consta que es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, máster en Derechos Humanos de la Universidad de París X Nanterre y abogado titulado por la Universidad Externado de Colombia. En cuanto a su experiencia profesional, en la justicia ordinaria fue fiscal delegado de la Corte Suprema de Justicia y se desempeñó como magistrado auxiliar del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, las instancias más altas del poder judicial en Colombia.  

Desde enero del 2018, como magistrado titular de la JEP se ha enfrentado a los retos más grandes de su carrera: responder a la búsqueda de justicia y verdad de las víctimas y enfrentarse a los comparecientes, para investigar, juzgar y sancionar los delitos más graves cometidos por ellos en el contexto del conflicto armado colombiano. En ese encargo, fue primero correlator del caso 03, “Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado” y luego investigador principal en el subcaso conjunto “Cementerio Las Mercedes de Dabeiba”, que se formó a partir de los casos 03 —ya mencionado—, y 04, “Situación territorial de la región de Urabá”.  

Leer “La JEP desentierra la verdad en el cementerio de Dabeiba” 

Luego del conversatorio “Dabeiba, territorio de esperanza: Avances y desafíos del subcaso en la JEP”, el magistrado Ramelli habló con Hacemos Memoria acerca de las especificidades del caso, de las amenazas y ataques que han rodeado la investigación, de la búsqueda de la verdad y la justicia, del significativo aporte de los militares como comparecientes en este caso específico, y de la importancia que tiene para la sociedad colombiana conocer lo que pasó en medio del conflicto armado.   

Mañana, martes 27 de junio en Dabeiba, se realizará la Audiencia Pública de Reconocimiento de Responsabilidades del subcaso conjunto 03 y 04. Allí los comparecientes escucharán, de voz de los familiares de las víctimas, los daños e impactos causados en sus entornos, por las “ejecuciones extrajudiciales” que ellos cometieron siendo miembros de los batallones de contraguerrilla 26 y 79 del Ejército Nacional. 

A las personas enterradas en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba nadie las estaba buscando, sino que fueron los militares comparecientes los que dijeron que allí había cuerpos de personas asesinadas. ¿Cómo hicieron entonces para llegar a los familiares de los desaparecidos? 

Fue muy difícil llegar a las víctimas del caso Dabeiba. A las que llegamos fue porque esas familias en algún momento se acercaron a Medicina Legal, dieron sus datos y se pudo hacer el cotejo forense de las muestras de ADN de ellas y de los cuerpos encontrados. Después de eso fue necesario investigar en la Fiscalía qué había pasado con esos casos, y nos dimos cuenta de que no había pasado absolutamente nada.  

Pero de todos modos esa información, así fuera antigua de la Fiscalía, nos daba algún tipo de señal de cómo buscar a los familiares. Aquí el trabajo fue un poco a la inversa: en los otros casos las familias, las víctimas, presentan sus informes y nosotros investigamos; acá encontramos a las víctimas y buscamos a sus familias. Sí fue un caso muy distinto a lo que hemos venido haciendo.  

¿Las familias estaban dispuestas a hacerse cargo de esas identidades?  

Claro. En un caso llevaban cuarenta años buscándolo, fue desaparecido en 1982. Tampoco está tan claro por qué le causaron la muerte. La información que nos dieron los comparecientes era que ellos sabían dónde estaban, pero no eran los directos responsables. Ellos estaban en otras unidades, muchos años después; no es que eran los autores materiales de ese hecho.  

Usted decía en su intervención en el conversatorio que cómo era posible que, a lo largo de 40 años, los militares, muchachos diferentes, supieran los sitios donde habían sido enterradas tantas personas en Dabeiba. ¿Cómo cree usted que los militares supieron de estos cuerpos?  

Eso es lo que hay que preguntarles a los comparecientes: cómo sabían el sitio de enterramiento de estas personas. Yo tengo que preguntarles en Dabeiba: ¿Usted cómo sabía?… Se queda uno pensando si será que ese es un conocimiento que se transmite por generaciones en la institución.  

Yo creo que fueron varios factores los que favorecían que continuara ese conocimiento. Primero, la falta de controles en el cementerio. Si hubiera sido un cementerio organizado, con unos libros y unos registros, pues la cosa era más difícil, porque uno no puede ir inhumando personas así, donde quiera. Para eso hay unos protocolos. Es claro que en esa época (hasta hace un par de décadas), la legislación no era tan detallada como lo es ahora, pero en todos los cementerios sí hay unos registros, que se sabe que hay determinados sectores de los cementerios donde están los no identificados. Pero acá no. Acá se mezclaban con personas de escasos recursos que no tenían cómo pagar una bóveda, o sea que hay unos enterramientos colectivos. Eso es un segundo factor: que hay tanto conflicto como no conflicto, y eso dificultó un poco el tema.  

En los cementerios de Colombia se ven los letreros en las lápidas que dicen “JEP – No intervenir”. ¿Qué pasa para que una lápida llegue a tener ese letrero y que un cementerio tenga una medida cautelar? 

En muchísimos cementerios de Colombia hay cuerpos de personas no identificadas, o cuerpos de personas identificadas no reclamadas que han pasado los cuatro años de haber sido inhumadas. Entonces, tiene que haber algún tipo de información que lleve a pensar que son víctimas del conflicto. Por ejemplo, cito otro caso, el de Marsella (Risaralda), que es un municipio relativamente tranquilo, pero que tiene 300 cuerpos NN en el cementerio; entonces uno dice: ¿Cómo es que eso ocurre en un municipio más bien tranquilo? Pues que no son de Marsella, sino que son víctimas principalmente del norte del Valle, cuyos cuerpos eran arrojados al río Cauca. El Cauca hace una especie de remolino allá y se quedan ahí los cuerpos, entonces la gente los sacaba y los inhumaba como NN, pero no eran personas de Marsella. Esto para decir que en el tema de la desaparición, la investigación es muy complicada, porque no es que los desaparezcan en la misma localidad, sino que puede haber sucedido a cientos de kilómetros.  

Y bueno, eso que pasó en Dabeiba pasa en muchos cementerios de Colombia: la falta de controles, la falta de registros, el que sabe todo es el sepulturero, pero el sepulturero se murió o ya no trabaja ahí, nadie lo encuentra y ya nadie sabe nada, en fin… La memoria viva de un cementerio es el sepulturero; si usted no lo encuentra, pues nadie más le va a dar razón de nada.  

En el caso puntual de Debeiba, ¿qué tuvo que pasar para que los comparecientes, todos militares, se decidieran a contar lo que sabían de esos desaparecidos? 

Una vez que uno de ellos se animó a contar, los otros también decidieron hacerlo: “Sí, yo también ayudo”, parece que fue lo que pensaron. Es un poco el efecto bola de nieve, una cosa lleva a la otra. También sucedió que apareció más gente en el caso. Después de que los militares contaron, fueron llegando los familiares, el sepulturero, otras personas de Dabeiba… Y se llegó hasta donde se pudo.  

Es un caso difícil, porque ha habido intimidaciones, ha habido amenazas, hasta un atentado. ¡Yo no sé cómo han hablado realmente todas estas personas! Pero seguramente hay más, dispuestas a hacerlo. Y es lo que hemos logrado hasta el momento.  

Luego de conocer de primera mano estas versiones sobre los asesinatos y desapariciones presentados como bajas en combate, ¿cuál cree que era la motivación de los militares para cometer estos crímenes?, ¿era por dinero? 

Yo creo que es un fenómeno mucho más complejo y que tiene diferentes etapas; no todas las motivaciones han sido iguales a lo largo del tiempo. Eso se ve reflejado en la forma como las víctimas eran seleccionadas; en alguna época era más un tema de contrainsurgente, ideológico, que seleccionaban a las víctimas por ser señaladas como de la guerrilla o como informantes; luego eso va cambiando y viene el fenómeno paramilitar, y vienen las alianzas con estos militares. El trasfondo de todo esto es el narcotráfico, el intercambio: ¿Qué necesita usted? Bajas. ¿Qué necesito yo? Sacar la droga. Y eso pasó en todos lados: en el batallón La Popa y en muchos lados donde los paramilitares mataban gente y a estos los pasaban por guerrilleros, ¿a cambio de qué?, pues de mantener el negocio. Después llegó parte de la desmovilización, en el 2005, y cambia la forma de cometer los delitos; ya cualquiera entra en la selección: ¿por qué a habitantes de calle?, ¿por qué a drogadictos?, ¿por qué a personas señaladas de ser ladrones?… Ya los paramilitares no hacían esa tarea, sino que les tocaba a los mismos militares, y ya no es un tema de inteligencia militar, de contrainsurgencia, no, ya es el que se pueda matar. Y es la peor etapa de ese fenómeno, porque las víctimas pueden ser cualquiera. Eso es, pues, una explicación más amplia que si pensamos solo en los estímulos para cometer estos actos. Los estímulos son solo una parte del fenómeno, pero no se puede reducir a que fue por un permiso o por una plata. No fue solo por eso ni pasó solo en una etapa, era algo que venía desde los ochenta.  

Frente a las amenazas, de las que usted ha sido objeto recientemente, como el ataque a su vehículo en Medellín y los panfletos que le han llegado a sus medios personales, se dice que pueden provenir del Clan del Golfo. ¿Qué piensa al respecto? 

No creo que sea el Clan del Golfo. Efectivamente tiene que ser alguien que se sienta muy incómodo con que esta verdad se sepa. Así que para saber quién las hace hay que mirar a quién incomoda esta verdad. Ha sido una cuestión de este caso, desde que empezamos. Casi matan a un testigo, y eso que hasta ahí solo estábamos medio averiguando los hechos. ¿Eso qué muestra? Que vamos por el camino correcto, o si no, ¿cuál es el interés? 

Usted ha dicho que en este caso de Dabeiba no se sabía mayor cosa, que los militares comparecientes no tenían investigaciones pendientes por crímenes como estos y que no había tampoco nada en la Fiscalía que los llevara a construir el caso. ¿A qué puede deberse tal situación? 

Hay una debilidad generalizada del Estado colombiano. No creo que haya que particularizar cuál institución es más débil o responsable que otra, porque a todas les cabe algún tipo de responsabilidad. Uno ante este caso piensa: por qué un fiscal no investigó esto en Dabeiba. Pero hay que pensar también si tenía garantías para investigar; si un fiscal completamente solitario, en un territorio de guerra, en ese momento, podía hacer algo. No creo, pues, que sea algo doloso, pero hay que mirar el contexto de lo que venía pasando allí. Y si bien en este caso fue uno en que no hicieron nada, en otros sí hicieron mucho, y con un altísimo costo. Ha habido gente muy valiente en la justicia ordinaria que ha pagado un altísimo costo por investigar este tipo de cosas.  

A propósito de esas fallas en la justicia ordinaria, ¿cree que la JEP tiene la capacidad de transformar a largo plazo la forma de hacer justicia en Colombia? 

Pues eso es lo que pretendemos: mostrarle a la sociedad que hay una forma diferente de hacer las cosas, algo que culturalmente es difícil aceptar. Difícil de aceptar porque tenemos el chip de la justicia retributiva en la cabeza, y nos parece que lo que no sea esa justicia no es justicia. Y uno dice: ¿Pero si usted aquí puede conseguir más cosas que en la justicia tradicional? Bueno, es que es difícil ese cambio cultural, sobre todo para este tipo de casos, como el de Dabeiba. Colombia es un país que culturalmente no está muy familiarizado con esto y se cree que este sistema transicional y retributivo con las víctimas significa impunidad.   

Con respecto a casos como el 03, de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, en el que los comparecientes son en su mayoría mandos medios, sin que se llegue todavía a los máximos responsables, ¿qué sigue en el sistema de justicia transicional? ¿Cómo se imaginan en la JEP un caso nacional que abarque la responsabilidad de mandos superiores?  

Esa es una discusión interna que tenemos con respecto a la fase de trabajo que sigue, porque hasta ahora el caso 03 se ha venido concentrando en unos territorios críticos, que es donde más se presentó el fenómeno, pero, pues, evidentemente, viene la discusión sobre el tema nacional.  

¿Qué puedo avanzarte por el momento? Este fenómeno se dio en todo el país: tenemos claro que no fue solamente en los seis territorios que estamos analizando como críticos; entonces el tema es: ¿Hasta dónde tenemos la capacidad logística de abarcar todo el país? Es un debate interno que tenemos en la JEP.  

Por otro lado, están las víctimas o sus organizaciones en otros territorios distintos a los seis priorizados, que nos han entregado informes. Ahí estamos viendo cómo vamos a gestionar esos informes. Y lo que también está claro es que faltaría llegar a determinados niveles jerárquicos superiores a los que hasta el momento hemos venido analizando y que hemos llegado hasta los mandos de brigada. Entonces el debate es cómo, en el tiempo que nos queda, que no es mucho, logramos dar la mayor respuesta posible a las demandas de justicia de las víctimas y, en últimas, llegar a personas con unas responsabilidades mayores que las que hasta el momento hemos venido investigando.  

¿Qué se espera de la audiencia del 27 de junio en Dabeiba, donde familiares de las víctimas y los comparecientes van a escucharse mutuamente? 

Hay que decir que ya ha habido varios encuentros previos. No es que en la audiencia del 27 víctimas y comparecientes se encuentren por primera vez. Primero nosotros trabajamos con un grupo, luego con el otro; finalmente tienen que conocerse, se han enviado mensajes, ha habido aproximaciones, se encuentran y luego sí es la audiencia. Uno debe entender que eso puede ser muy traumático: que uno tener frente a frente a la persona que le causó tanto daño no es fácil. Y también para los comparecientes. Entonces, eso requiere un acompañamiento psicosocial, unas preparaciones. Pero la idea es que ellos en esa audiencia reconozcan su responsabilidad, por eso se llama así: Audiencia de Reconocimiento de Responsabilidad; y que las víctimas también sean escuchadas públicamente. Que ellas manifiesten los daños que les causaron, la tragedia que sufrieron. Porque eso es lo que tiene que conocer el país en un escenario de justicia transicional, no es como en la ordinaria que simplemente se dice si fulanito mató al otro o no lo mató. Aquí es importante conocer qué fue lo que pasó en Colombia y por qué pasó. Se trata de reconocernos, porque eso es lo que puede transformar a una sociedad.