Quebradona en Jericó, la mina que podría cambiar el rumbo del suroeste antioqueño

En una asamblea nacional, varios ambientalistas discutieron los alcances de esta mina de cobre que, aseguraron, podría alterar profundamente las dinámicas ambientales, sociales y de seguridad de una región que es llamada “remanso de paz”.

 

Por: Pompilio Peña Montoya

Fotos: Campaña Salvemos al Suroeste

La “deuda ambiental del gobierno” con las comunidades, la seguridad de los líderes ambientales, las fumigaciones con glifosato, la deforestación, el cuidado de los ríos y la fauna, y la falta de mecanismos de participación y consulta frente a megaproyectos extractivistas, fueron los temas centrales de la Asamblea Nacional Ambiental realizada entre el 10 y el 11 de julio del 2021 en el municipio de Támesis, Suroeste antioqueño, por integrantes de 300 organizaciones ambientalistas de todo el país.

Uno de los proyectos más discutidos fue la mina de cobre Quebradona, de la empresa AngloGold Ashanti, ubicada en el vecino municipio de Jericó, que hoy está a la espera de que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) le otorgue el permiso para comenzar operaciones.

Para conocer más al respecto, Hacemos Memoria habló con el ambientalista Sebastián Restrepo, uno de los organizadores de la Asamblea, quien desde su punto de vista explicó por qué es inconveniente el proyecto Quebradona para la región y los impactos que podría tener en las dinámicas sociales y económicas campesinas, así como en la expansión de grupos ilegales que podrían incrementar aún más la violencia en este territorio.

 

Quebradona se presenta a sí misma como una gran oportunidad de progreso para el territorio y una parte de la población así lo considera ¿Qué piensa al respecto?

Esa percepción que existe sobre que ese proyecto ha sido construida de la mano del gobierno central, los gremios y las empresas a través de publirreportajes en medios de comunicación. Lo cierto es que varios colectivos ambientales del Suroeste hemos argumentado, así como organizaciones sociales e investigadores del tema, que existe un impacto ambiental que es ignorado por la minera y el gobierno con el fin de proteger sus intereses. Por tanto, sobre este caso de Quebradona pueden darse tres decisiones desde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que está por otorgarle o no la licencia: o se aprueba el proyecto, y esto es una política de Estado; o se archiva, y esto deja los títulos de exploración en pie para que la empresa vuelva a presentar un estudio de impacto ambiental; o se niega, en cuyo caso la empresa pierde los derechos a esos títulos de exploración.

¿Qué pasa con este tipo de megaproyectos en el país? Pues que existe, desde que se creó la Anla, una tendencia a no negar proyectos extractivitas, sino a archivarlos. Lo que quiero decir es que nosotros en el Suroeste le estamos reclamando a la Anla que niegue esa licencia para la AngloGold Ashanti, pues existen vacíos y omisiones de fondo y no es justo que, ante la mediocridad del estudio y sus criterios políticamente calculados, se termine archivando para darle de nuevo la oportunidad a la multinacional.

Este proyecto no es conveniente porque, primero, debemos entender que las montañas de los Andes de Colombia son territorios de importancia mundial para la conservación de la biodiversidad del planeta, una zona de hecho altamente amenazada. Estamos en las décadas del cambio climática y de la pérdida de biodiversidad, dos de las caras de la crisis ambiental que vivimos en este siglo XXI. Por tanto, es inconcebible que un país como Colombia aun tenga un modelo que es rentista y que se dedica básicamente a exportar sus recursos naturales no renovables.

Ahora, Jericó y Támesis tienen una tradición agrícola, y muy poca gente se dedica a la minería, pero además estos dos pueblos hacen parte de una estructura ambiental muy interesante, que va con pisos de 550 metros sobre el nivel del mar, hasta zonas en Támesis en los 2800 metros sobre el nivel del mar, que son ecosistemas de montaña alto andinos con condiciones ricas para el agua.

Por otra parte, Jericó es un pueblo patrimonio, hace parte del paisaje cultural cafetero. Támesis es una región a su vez rica en arqueología que apenas estamos entendiendo. Y por todos estos atributos sistémicos, históricos y naturales, es ilógico que se nos plantee una agenda desde el centro del país que no corresponde con nuestras vocaciones. Y eso en detrimento de la estabilidad de la tenencia de la tierra, de la economía cafetera y la economía campesina. En detrimento de las variables de seguridad, conflicto armado y derechos humanos en el territorio.

Hay que añadir que la AngloGold Ashanti viene promocionando ante sus accionistas desde el 2009 un distrito minero en el Suroeste antioqueño con cinco yacimientos. El proyecto Nuevo Chaquiro del Quebradona en Jericó, con el que iniciaría operaciones en caso de que la Alna le otorgue la licencia ambiental, es solo el 20 por ciento de lo que ellos pretenden hacer, y por supuesto nosotros reclamamos que es ilógico que el futuro de todo un territorio se planee desde unos escritorios en Suráfrica a beneficio de unos inversionistas en el exterior.

¿Cuáles son los territorios que se verán más afectados con este proyecto?

Este territorio que es la Provincia Cartama, compuesto por Caramanta, Fredonia, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Valparaíso y Venecia, es la primera provincia administrativa que se creó en Colombia en el 2016, y esa figura tiene como ánimo generar mecanismos de gobernanza y de planeación territorial que vayan más allá de las fronteras políticas. Ahora, aunque la AngloGold Ashanti ha insistido constantemente que su proyecto queda en Jericó, hay que precisar que la frontera política entre Jericó y Támesis es imaginaria y fue trazada por unos jueces provinciales en el siglo XIX. Pero Támesis sí se verá afectado en caso de que a esta minera le sea concebido el permiso para comenzar a trabajar. Se calcula que se removerían 130 millones de toneladas de roca, 17 mil toneladas diarias por 21 años, una intervención humana que no se ha hecho a esa escala en todo este territorio.

De otro lado, está ampliamente documentado que estos proyectos transforman las realidades sociales, generan inflaciones demográficas y problemas frente a los sistemas hídricos y ecológicos, y muchos de los impactos duran a perpetuidad. Es decir, científicamente un impacto a perpetuidad es aquel que dura más de un siglo y trasciende generaciones humanas.

Este proyecto, por supuesto, tendrá un gran impacto en Jericó, pero alcanzaría los municipios de la Provincia Cartama paisajísticamente desde Santa Bárbara, pasando por Fredonia y el corregimiento de Puerto Iglesias. Esta minera admite unos impactos socio económicos en el casco urbano de Jericó, que quedaría a 51 kilómetros desde la mina. Pero ignora esos mismos impactos en el corregimiento Palermo, de Támesis, que queda a once kilómetros de la mina. Así que, si llegan tres mil 300 personas durante esos primeros cuatro años de funcionamiento de la mina, la mayoría hombres, ¿qué va a pasar con esa población de Palermo que tiene un bono demográfico con una población importante de jóvenes y mujeres? ¿Qué tipo de violencia podría ocurrir?

Ahora, la medición de estos impactos tiene que trascender las fronteras políticas. Pero la AngloGold con un criterio político ha decidido excluir a Támesis sistemáticamente de sus estudios de impacto. ¿Por qué? Porque este municipio tiene un sistema local de áreas protegidas, porque tiene varias reservas naturales de la sociedad civil con certificados de Parques Nacionales en su zona norte, y porque Támesis tiene un resguardo indígena Embera Chamí. Lo peor es que estos procesos necesitan un periodo de consulta previa con la comunidad que habita el territorio que la minera ha querido evitar. Y, por último, porque en Támesis hay una oposición política, desde la Administración Municipal hasta el Concejo en pleno, sobre el proyecto minero.

¿Hay aceptación del proyecto en Jericó?

La AngloGold Ashanti es un oligopolio del oro que tiene operaciones en tres continentes. Esta multinacional minera creó unos mecanismos muy bien diseñados para llegar y convencer en los territorios a través de los líderes formales e informales, utilizando ayudas económicas, cooptando las juntas de acción comunal, generando unas expectativas de empleo, generando unas presuntas cooptaciones políticas a través de gabelas, y esta minera lleva 14 años trabajando en el municipio de Jericó.

Por otra parte, podría asegurar que la población de Jericó no está mayoritariamente a favor del proyecto, sino que está cansada y resignada porque a toda costa se ha vendido la idea de que la población del municipio no puede hacer nada y que esto está en cabeza del Gobierno nacional. Por eso es común escuchar los publirreportajes de la empresa en grandes y pequeños medios de comunicación, a lo que se suma que hacen presencia en emisoras territoriales como Radio Santa Bárbara, Radio Ambiental Farallones de La Pintada, Radio Fredonia y en el mismo Jericó a través del Canal Comunitario. Allí promocionan constantemente un discurso que está terminando por resignar a la población.

La minera tiene en Jericó una administración totalmente favorable, a lo que se suma el monopolio mediático del territorio. La gente se ha cansado de pelear. Es como un detrimento sistemático de la autoestima de los jericoanos a los que se les ha vendido la idea de la pobreza que se resuelve con la minería, cuando Jericó tienen un nivel de vida bastante bueno y es un municipio hermoso que llama la atención del turista.

Pero si miramos la calidad de vida, por ejemplo, que hay en el Bagre, donde se desarrolla minería legal, allí la calidad de vida y los indicadores de salud, bienestar y seguridad son profundamente alarmantes. Esto va de la mano de la debilidad institucional que tenemos y el alto grado de corrupción, y las mineras aprovechan esto para actuar con un esquema aprendido.

¿De qué manera incide un proyecto minero como este en problemáticas como la violencia, el conflicto armado o, incluso, la economía campesina?

Los conflictos sociales que se formarían son de diversa índole en este tipo de proyectos extractivos de acuerdo con las amplias investigaciones que existen. Por una parte, hay que entender que en territorios que han sido agrícolas se crea una forma de economía que no es monetizable, es decir, que la producción de alimentos genera unas economías solidarias que no entran a marcar el Producto Interno Bruto (PIB), y esta es la naturaleza de las economías campesinas.

Ahora, cuando este tipo de proyectos mineros entran generan unos impactos que ellos mismos admiten, relacionados con el encarecimiento de los servicios públicos y el arriendo, se dan enormes migraciones temporales que tienden a deprimir las economías campesinas. Y a lo largo del tiempo, a la vez que se degrada la naturaleza, la minería entra a competir en el territorio en detrimento del sector más golpeado, en este caso el agrícola, obligando a este a depender casi por completo de la minería. Esto genera conflictos sociales, llegada de grupos armados, desplazamientos y demás.

En Colombia y otros países recae la ‘paradoja de la abundancia’ o la maldición de los recursos naturales, y es que en territorios en donde existe institucionalidad débil, propensa a la corrupción y donde el Estado no tiene el monopolio de las armas, se generan conflictos en el orden de la seguridad y los Derechos Humanos, como ya pasa en otros municipios mineros aquí en Antioquia.

Miremos Buriticá desde la llegada de la Continental Gold. Allá ya estaban las guerrillas, pero se intensificó este fenómeno del conflicto con la llegada del Clan del Golfo, con el cual se está librando una guerra por el control de esos recursos naturales. Pero estos grupos no solo van por el control de los minerales sino también por el control de las economías asociadas a estos. Por ejemplo, otras economías que se instalan en el territorio, alrededor de bienes y servicios, son la diversión y el entretenimiento (posadas, bares, cantinas, casinos y prostíbulos), aumentan las extorsiones sobre negocios y se crean expendios de droga, etc. A ello se añade que ciertos clanes políticos, que se nutren de la corrupción, van a estar interesados en apropiarse de las administraciones para lucrarse de esos recursos.

Podríamos decir que hoy en el Suroeste existe una reacomodación de los grupos armados ilegales. Esto está asociado al consumo de drogas primero, más fuerte en la cuenca del San Juan, por el tema de la cosecha cafetera. Pero además hay una pelea por el control de rutas del narcotráfico ligada a todos estos megaproyectos. Y hay un interés de estas estructuras armadas alrededor de este tipo de proyectos como ya dije. Por supuesto, hoy en día, como no hay una operación minera en pie en Jericó, hablamos de una hipótesis. Pero la AngloGold en sus mismos reportes internacionales habla que en su proyecto Quebradona de Jericó existe un alto riesgo de minería criminal y de grupos armados criminales alrededor del proyecto. Así que esta es una asociación que se hace a través de una hipótesis sustentada en experiencias anteriores. Podría darse aquí una violencia parecida a la que se da en el Bajo Cauca, y esto ya sería difícil de asumir para los campesinos y las víctimas del conflicto que habitan el territorio. Lea también: La memoria del suroeste antioqueño niega la violencia y a las víctimas

¿Podríamos decir que toda iniciativa colectiva en defensa del medio ambiente y en contra de la minería es estigmatizada en esta región?

En el marco del paro nacional, en estos municipios del Suroeste, se dieron manifestaciones de colectivos culturales y ambientales conformados principalmente por jóvenes. Recuerdo que en Venecia hubo una reacción muy bonita de arte y cultura después de una serie de asesinatos este año. Sin embargo, hubo una amenaza a una lideresa en Jardín, que luego fue despedida de su trabajo. La abordaron unos motociclistas y la amenazaron de muerte. Esto también habla de la polarización política causada por las ideologías dominantes en el territorio, predominantemente uribistas y conservadoras, con las cuales se justificaron fenómenos de alta violencia en los 90 y a principios de este siglo, y hoy con la presencia de estructuras criminales que se disputan el control del tráfico de drogas.

Por otra parte, en el marco de las manifestaciones del paro nacional, se dio un ataque a uno de los líderes más visibles que ha estado en desacuerdo con Quebradona. Se trata de Bernardo Jaramillo, líder de la Mesa Ambiental, quien recibió una puñalada en su espalda y afortunadamente se repuso a las pocas semanas.

Podríamos contar también a los campesinos de Palocabildo, en la vereda La Soledad de Jericó, que han sido estigmatizados y señalados incluso de insurgentes solo porque defienden su territorio de la AngloGold. Los líderes campesinos se han negado a que se lleven a cabo en su territorio estudios de la minera y otras instituciones. De hecho, Corantioquia volvió a Palocabildo con la fuerza pública y contratistas directos de la minera, y ante la nueva negativa del campesinado se comenzó, a través de los medios de comunicación a degradar el trabajo de estos pobladores. Por esto mismo Corantioquia tuvo que retractarse luego de una reunión con los campesinos. En últimas, esto lo que demuestra es la carencia ética de quienes están detrás de este proyecto, ante comunidades que históricamente han habitado esa zona.

¿Los colectivos de víctimas del conflicto del Suroeste antioqueño también se vinculan a esta lucha por el territorio y la naturaleza?

Hace poco fue lanzado un informe de Fe y Cultura con Conciudadanía que se llama Suroeste, un conflicto silenciado. Al ver este informe uno percibe que en el Suroeste ha habido un silencio cómplice con el tema del conflicto armado. De hecho, mi familia también lo vivió con una tierra que tuvimos, primero con el EPL y luego con los paramilitares. Aquí en el Suroeste tenemos procesos de restitución de tierras, hay colectivos que están en la búsqueda de fosas comunes, ha habido procesos de inspección y búsqueda de fosas por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, sabemos de desaparecidos en el Cauca, sabemos que el EPL reclutó a muchos pelados, y luego de desintegrada esta estructura los jóvenes quedaron armados. También sabemos de casos de autodefensas financiadas por ricos aquí en Támesis. Y ni recordar el dolor que sembró en el territorio la llegada paramilitar del Bloque Pipintá. Y muchos asumen este pasado como si el paramilitarismo hubiera sido un mal necesario. Lo bueno es que en Támesis y en Valparaíso, por ejemplo, hay mesas de víctimas activas que llevan a cabo trabajos de memoria y se vinculan activamente con iniciativas medioambientales. De hecho, su presencia en esta lucha ambiental es fundamental, pues ellos conocen muy bien lo que son los deseos de poder y violencia que rodean los proyectos mineros. Lea también: Una red para tejer confianza y buscar a sus desaparecidos en el Suroeste antioqueño