El informe Memorias de la Universidad Nacional en el conflicto, entregado a la Comisión de la Verdad, documentó quince casos emblemáticos que revelan las lógicas de la represión en esa institución, cuyo pico de violencia ocurrió entre 2002 y 2004.

 

Por Esteban Tavera

Imagen de portada:  @EsMemorable

En la madrugada del 30 de noviembre de 2002, un grupo de casi tres mil efectivos de la Policía Nacional ingresó al campus universitario para allanarlo. El operativo ocurrió una semana después de que varios encapuchados atacaran con explosivos la Fiscalía General de la Nación y la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Este es uno de los quince casos que el profesor Mauricio Archila Neira, junto con un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de Colombia, dejó registrados en el informe Memorias de la Universidad Nacional en el conflicto 1958-2018, entregado el 27 de noviembre de 2020 a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

En este informe, los investigadores identificaron seis fases del conflicto armado en la Universidad, analizaron los patrones de victimización y ofrecieron algunas reflexiones que pueden aportar a una mejor compresión acerca de la forma en que operó la represión en las universidades públicas. En la investigación identificaron que el pico de violaciones a los derechos humanos en contra de estudiantes, profesores y trabajadores de esa Universidad ocurrió entre los años 2002 y 2004.

Para el desarrollo de la investigación fueron revisados el Archivo Histórico de la Universidad Nacional, periódicos estudiantiles de las décadas de 1970, 1980 y 1990; archivos personales de profesores y egresados; y algunas bases de datos del Cinep. Además, se realizaron 20 entrevistas.

Mauricio Archila, coordinador de la investigación,  contó a Hacemos Memoria cómo fue el proceso, cuáles fueron los principales hallazgos y reveló que pretenden convertir toda esta información en una línea de tiempo multimedia que sirva como material de consulta para toda la comunidad universitaria.

¿Cómo aporta el informe Memorias de la Universidad Nacional en el Conflicto Armado al trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad?

Es un aporte que contribuye a comprender la dinámica de las universidades públicas en estos sesenta años de conflicto armado, que mira los momentos más violentos y trata de explicar por qué se ha producido eso. Permite comprender la dinámica de las instituciones públicas de educación superior y también un poco la forma como fue reprimido el movimiento estudiantil en gran parte de su historia.

Este ejercicio es muy importante porque son las universidades, igual que algunas ONG de derechos humanos y organizaciones sociales, las que continuarán la labor de reconstrucción de la memoria una vez que la Comisión de la Verdad termine. Por eso esta investigación va a continuar, por lo menos un semestre más, y queremos continuarlo con cosas como la que hizo, por ejemplo, Hacemos Memoria en la Universidad de Antioquia, con una línea de tiempo multimedia que permita un acercamiento del público más amplio a este proceso histórico y que permita todo este ejercicio de georreferenciación de los lugares de la memoria: placas, emblemas, sitios en donde hubo algún acto violento o una acción de resistencia. Ver :50 años de violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia

¿Cuáles son las conclusiones que se pueden destacar de ese informe?

Una interpretación que va saliendo allí es que, por ejemplo, el caso de la Universidad Nacional no es como el de las universidades del Caribe colombiano, pues algunas de ellas están en territorios en disputa, lo que las hacía un botín codiciado por los actores de la guerra. En el caso de la Nacional sus principales sedes no están ubicadas en los grandes corredores del extractivismo, del narcotráfico, etcétera, pero eso no significa que esté del todo sustraída de esa dinámica, sino que más bien la dinámica de violencia ha sido marcada por el conflicto con el Estado, con la represión.

Cuando se habla de las Universidades Públicas como víctimas del conflicto siempre hay quienes señalan las responsabilidades de algunos integrantes de la comunidad universitaria como victimarios ¿Qué encontraron en esa relación?

Digamos que mayoritariamente la Universidad Nacional es víctima. Incluso, aunque la Universidad no está en este momento en la dinámica de declararse víctima, como lo hicieron algunas universidades con justa razón, no está excluida esa idea. Nuestras cifras muestran que especialmente los estudiantes han sido muy agredidos. Pero reconocemos que hubo algunos episodios, que no son los mayoritarios, en que la universidad pudo haberse convertido en un escenario de confrontación y en la que hubo victimización de algunos estudiantes, incluso, en un par de casos, de patrulleros de la Policía, o de personas consideradas detectives, infiltrados o ‘tiras’, como los llamaban.

Es decir, la dinámica es muy compleja, no solamente es de un lado la violencia. Pero lo que sí quiero decir es que, hasta lo que hemos encontrado, la mayoría de las protestas que han ocurrido en la Universidad son pacíficas; los tropeles no pasan del cinco o el diez porciento, en el peor de los casos. Pero, además, no todos los tropeles terminan con destrucción de bienes públicos. Entonces, esa imagen de que las universidades públicas son unos antros de vándalos y cosas de esas, queda desvirtuada.

¿Es por eso que en el informe ustedes señalan que se exagera cuando se habla del vínculo de estudiantes y profesores con grupos armados?

Hay que reconocer cosas: una cosa es la relación que ha tenido el movimiento universitario, especialmente en momentos de radicalización estuvieron muy cerca de la izquierda y de la izquierda armada, como fue el caso del padre Camilo Torres y muchos dirigentes estudiantiles, eso no se niega. Ahora, eso no es argumento para estigmatizar a la Universidad, como lo decía hace unos meses el Fiscal General, Francisco Barbosa, quien declaró que estudiar en la Nacional era como entrar a militar en el ELN. Entonces, ese tipo de estigmatizaciones le hace mucho daño a la Universidad y a sus estamentos; y diría que al país y a la nación porque, siendo las universidades públicas un patrimonio nacional, considerarlas unos antros de vándalos no le hacen justicia, no se hace ningún bien.

¿Cómo se ha reflejado esa estigmatización al interior de la Universidad?

Una expresión tremenda de esa estigmatización fue el allanamiento que se hizo a la universidad por parte de cerca de tres mil miembros de la fuerza pública en una madrugada de noviembre de 2002, recién inaugurado en el gobierno de Álvaro Uribe. Se hizo con la disculpa de que hubo un par de disparos de rocket, no se supo si a la embajada o a la Fiscalía, eso pareció un juego condenable. Pero esa fue la excusa para terminar encontrando unas cuentas papa bomba y unas bolsas de bazuco y de marihuana, algo pequeño, no era pues que la universidad se hubiera convertido en el Bronx.

Recién había ocurrido la operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, entonces sorprende un poco el tipo de políticas que se van impulsando en ese caso desde el Gobierno de Uribe de destruir lo que él consideraba era la narcoguerrilla.

¿Podría mencionar algunos de los quince casos emblemáticos que documenta el informe?

Sí. Uno es el de Yesid Castañeda y Darío Palma, que mueren en 1974. Esta fue una de las primeras muertes registradas en el campus universitario. Ellos no murieron simultáneamente. El primero es Yesid, muere a causa de unos proyectiles o algún tipo de artefacto explosivo que aún sigue sin identificarse. Días antes la policía había mostrado unas armas novedosas que habían importado para controlar las protestas, y diez días después muere este estudiante. Luego se conoció que la muerte se produjo por armas no convencionales, que se usó un plástico o un caucho, unos perdigones extraños. Esto nos llamó mucho la atención porque se nos parece mucho a lo que ocurrió hace un año en Bogotá con el uso de armas no convencionales por parte de la Policía.

Tenemos otro caso que fue la mayor masacre en la Universidad Nacional. Ocurrió el 16 de mayo de 1984. La comunidad universitaria ha dicho que ese día entró un grupo de la policía que se llamaban Las Cobras. Eran motos de policía en la que había uno manejando y otro con el arma lista para disparar. Pudimos identificar algunos nombres y algunas pruebas de que sí hubo una masacre ese día. Y el último caso es el allanamiento que ocurrió en noviembre de 2002 y que ya mencioné.

En cuanto a las responsabilidades de las administraciones de la universidad, ¿encontraron vínculos con actores armados como ocurrió en otras universidades?

No, no tenemos evidencia de ello. Hubo casos de rectores que fueron tachados de rectores policías por lo represivos que eran, algunos que permitieron que la fuerza pública entrara en la Universidad, lo cual fue condenado en su momento por violar la autonomía. En algunos casos incluso pudo haberse sobrepasado eso, pero más allá no encontramos ninguna evidencia, por fortuna.

Este informe surge en medio de un gran debate por la memoria del conflicto armado, ¿cómo aporta este documento a esa discusión?

Nosotros asumimos la caracterización de que efectivamente hubo un conflicto armado muy complejo en el que hay muchas zonas grises, la cosa no es blanco y negro, sobre todo a partir de la irrupción del narcotráfico en la década de 1980. Esto dejó de ser una guerra entre insurgencias y Estado, y se volvió una confrontación muy complicada con una gran capacidad de mímesis entre los bandos enfrentados. Muchas veces los paramilitares retomaron formas rituales y repertorios de violencia de la guerrilla y viceversa.

Obviamente señalamos que la principal responsabilidad es la del Estado porque es el llamado a mantener un uso legítimo de las armas. Y el paramilitarismo por supuesto que entra a ser un gran victimario. Pero nosotros no soslayamos la responsabilidad de las guerrillas, incluso en algunos momentos hubo actores de adentro de la universidad que fueron victimarios y causaron mucho daño.

El informe señala que no pretende una verdad judicial sino histórica para aportar a la no repetición, ¿cómo cree que aporta en ese sentido?

En la medida en que ayudamos a comprender qué fue lo que pasó, por qué pasó lo que pasó, podremos tener la posibilidad de evitar esa repetición. Me refiero a que cosas como la estigmatización a las universidades públicas debería ser replanteada especialmente por parte de los órganos de la Fuerza Pública, incluso deberían llamar a la reflexión a ciertos medios que tienden a buscar más las dinámicas violentas que aquellas pacifistas.

Bueno, este informe también es un llamado de atención a los actores armados, por ejemplo, a la insurgencia, a los grupos eventualmente anarquistas, que aunque decimos que son un porcentaje muy pequeño, vemos que la irresponsabilidad con que ha asumido la confrontación en los espacios públicos y universitarios, no solamente conllevó a la muerte de profesores, sino que también hubo momentos en los que se puso en riesgo la vida misma de muchos estudiantes.