El 2020 ha sido uno de los peores años para los pueblos indígenas en Colombia, principalmente de los que están ubicados en la Amazonía. Los pueblos del Perú viven su propia crisis por cuenta de empresas que pasan por encima de la ley.

 

Por: Pompilio Peña Montoya

Foto de portada: Cric

Con el arribo de la pandemia, la guardia indígena se concentró en proteger los caminos más alejados de sus territorios buscando controlar el tránsito de foráneos, pero esta labor se ha hecho cada vez más peligrosa debido a la presencia de grupos armados ilegales que amenazan la vida de las comunidades. De esa forma lo dio a entender Jhoe Nilson Sauca, coordinador del programa de defensa de los derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), quien reveló que casi todos los días escucha el testimonio del jefe de guardia de alguno de los 127 territorios indígenas del suroccidente de Colombia, denunciándole un enfrentamiento, un homicidio o una amenaza.

Jhoe Nilson expresó su preocupación en el conversatorio Violencia contra activistas y pueblos indígenas en la pandemia, organizado por el proyecto Hacemos Memoria, en el que también participaron Jorge Agurto, director de la agencia de noticias Servicios de Comunicación Intercultural (Servindi) en Perú; Sirley Muñoz, coordinadora de comunicaciones del programa Somos Defensores; y Tatiana Ramírez, integrante del Equipo de Comunicaciones de la Organización Nacional Indígena de Colombia, y moderadora de la charla.

En su descripción sobre la situación que viven los indígenas en Colombia, Jhoe Nilson reveló que en 2020 han sido asesinados 98 indígenas en el país y recordó que “este año incluso tuvimos el asesinato de autoridades espirituales, sobre todo en el norte del Cauca; pero también en el Chocó, el Valle del Cauca, Nariño y Putumayo, el pueblo Awá, por ejemplo, ha experimentado hechos de violencia muy fuertes, como el homicidio de menores de edad. Y siempre la respuesta del gobierno es militarizar”.

Jhoe Nilson concluyó que este ha sido quizás el año más duro que han vivido los pueblos indígenas, principalmente aquellos que habitan el suroccidente del país, donde hacen presencia las disidencias de las Farc, el ELN y grupos paramilitares al servicio del narcotráfico como el Clan del Golfo.

De acuerdo con Sirley Muñoz, del programa Somos Defensores, en estos tiempos de pandemia son los grupos ilegales quienes imponen el orden en las áreas más alejadas de Colombia, amenazando la vida de las comunidades. “Lo que podemos ver históricamente es que los pueblos indígenas siempre han corrido riesgos altos, particularmente aquellos que tienen un rol de liderazgo. En este tiempo mucha gente pensó que con todo el tema del aislamiento iban a disminuir las agresiones contra los pueblos indígenas, pero eso no pasó. Lo que hemos visto es que continuaron las agresiones”.

Añadió Sirley Muñoz que la pandemia dejó en evidencia el abandono histórico al que están sometidos los pueblos indígenas por la falta de presencia institucional con ofertas relacionadas con la seguridad alimentaria, la salud, el empleo y, en general, todo lo consignado en el Acuerdo de Paz, cuya implementación, a cuatro años de la firma, es mínima, a causa de la falta de compromiso del gobierno actual, afirmó.

Por su parte, Jorge Agurto, de Servindi, refirió las cifras publicadas en julio de 2020 en un informe de la organización Global Witness, según las cuales en 2019 fueron asesinados 212 defensores de la tierra y el medio ambiente, lo que representó un aumento frente a 2018 cuando esa organización registró 164 asesinatos. Este informe, anotó, “llega a ciertas conclusiones: más de dos tercios de estos asesinatos ocurrieron en América Latina. Y el 40 por ciento fueron víctimas pertenecientes a pueblos indígenas. La conclusión es terrible”.

Frete a la pregunta sobre cuáles son los factores que hacen que los pueblos indígenas y sus líderes corran mayores riesgos frente a la presencia de grupos ilegales al servicio del narcotráfico, la deforestación, la minería y el tráfico de fauna silvestre, Jorge Agurto señaló tres: la nula seguridad estatal de las comunidades que viven en lugares muy apartados, la falta de cobertura de telefonía e internet para la comunicación, y la inexistente seguridad jurídica territorial.

Frente a la falta de seguridad, Jorge Agurto manifestó que, a causa de la pandemia, la fuerza pública ha estado concentrada en las ciudades y esto ha ocasionado que los pueblos indígenas terminen enfrentándose más a menudo con los ilegales. Frente a la falta de medios para la comunicación, señaló que, por ejemplo, solo el 9,8 por ciento de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana tiene algún tipo de medio para comunicarse en caso de necesitar socorro.

De otro lado, Jorge Agurto manifestó que la falta de seguridad jurídica territorial para los pueblos indígenas ha causado que ilegales, colonos y empresas, presuntamente amparadas en la ley, terminen ocupando y utilizando tierra ancestral sin control, debido según él, a que al no tener titulación de las tierras los indígenas no tienen poder jurídico para enfrentar a los invasores.

Lo peor, según Jorge Agurto, es que aparecen compañías poderosas, como empresas de palma, que estarían utilizando a invasores para apoderarse de tierras que adquieren a precios irrisorios, luego de penetrar corruptamente el aparato estatal y obtener la titulación. A ello se suma que cuando se comprueba jurídicamente que están cometiendo un delito, las empresas cambian de nombre y razón social en cuestión de días, dilatando juicios y amenazando a los denunciantes.