Entre la discriminación, la estigmatización, las amenazas y el destierro ha transcurrido la vida de Carlos Julio Medina, a quien la defensa de los derechos humanos, especialmente de la población con discapacidad, hoy lo tiene al borde del exilio.
Una versión ampliada de este relato autobiográfico hará parte del informe sobre discapacidad y conflicto armado que será entregado a la Comisión de la Verdad. El informe es elaborado por el Movimiento Social de Discapacidad Colombia (Mosodic), el Grupo de Trabajo de Clacso Estudios Críticos en Discapacidad y el Grupo Unipluriversidad de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia.
Por Carlos Julio Medina Vargas
Fotografía: Proyecto Arte para Reconstruir de la Fundación Prolongar con el apoyo de USAID. Fotógrafos Santiago Vallejo/Federico Mejía
Mi nombre es Carlos Julio Medina Vargas, nacido y criado en el municipio de Paez, Belalcazar, Cauca. Crecí en el Cabildo de Togoima. Mis padres son indígenas: mi padre de Togoima y mi madre de Abirama, que son corregimientos de Paez. En mi familia somos 10 hermanos. Todos nacimos en Paez, en una vereda que se llama Coquiyó. Soy una persona con discapacidad física y víctima del conflicto armado en Colombia. Uso sillas de ruedas y me desplazo esporádicamente, según la necesidad, en bastones. Diariamente la sociedad colombiana me impone numerosas barreras, opresiones, abandonos y atropellos. Desde hace 18 años estoy radicado en el municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca. Actualmente, hago parte de la Coordinación Nacional del Movimiento Social Discapacidad Colombia (Mosodic) y represento a la población con discapacidad víctima del conflicto armado del Cauca.
Aprendiendo a ser líder social: entre la muerte y el destierro por las FARC
Mi experiencia como líder social comienza a mediados de 1980. En 1985 me radiqué en Santander de Quilichao, en el corregimiento El Porvenir, Vereda La Esperanza, colindando con la región del Naya, y comencé a participar en las juntas de acción comunal y en la única escuelita que había allá. Proponía, ayudaba, gestionaba en todo lo que se requería en las comunidades.
Con la expansión de las grandes plantaciones de Cartón de Colombia en el Suroccidente del país, esa empresa llegó a nuestro territorio en 1989 para explotar los bosques. Sus empleados convocaron a reuniones en las que nos contaban sobre los beneficios laborales, económicos y del “progreso” para nuestras comunidades. Como muchos otros, fui contratado como supervisor de vías, limpieza de alcantarillas, entre otras actividades manuales. Y en ese momento empezaron los problemas con las FARC: decían que éramos aliados de la multinacional e informantes del ejército en la zona. Incluso llegaron a quemar algunas de las casas de las veredas, en las plantaciones y nos hicieron sacar los pinos que habíamos sembrado para el proceso de producción de cartón.
En 1990 llegó un comandante nuevo de las FARC y, por habladurías de la gente, le dijeron que yo era un informante del ejército y que estaba pagado por Cartón de Colombia. Eran falsas acusaciones. Entonces, decidí hacer un censo con los comuneros de las 4 veredas involucradas, familia por familia, incluyendo niños y adultos, para mostrarle a ese comandante que el proceso del cartón era nuestro sustento y que si el trabajo se acababa íbamos a tener necesidades, porque no se producía mucho en nuestros cultivos y no era tan rentable como el trabajo con la empresa. Pero el comandante no hacía caso a nuestras razones ni necesidades, le mostré el censo y el acuerdo que teníamos en la comunidad, y tampoco nos escuchó.
En una reunión con la gente de las veredas, el comandante me hizo un juicio público. La sentencia era contundente: muerte o destierro. Me sentaron en una caseta para la acusación y padecí maltratos e insultos; insistían en tildarme de informante y colaborador. Recuerdo que la comunidad estaba con miedo. Un comunero intercedió por mí y junto con el resto de la comunidad pidieron que no me mataran. Finalmente, el comandante aceptó el destierro. Tomé una maletita y caminé tres horas desde La Esperanza hasta Timba, Cauca, donde pude tomar un vehículo para ir a Santander de Quilichao. Luego de varios meses terminé yéndome para Bogotá para salvar mi vida. Además, como recién se había promulgado la Constitución de 1991, creí que una nueva constitución significaba una nueva oportunidad en la capital. O, al menos, eso pensaba.
Mi discapacidad la empiezo a vivir en 1996. El 23 de diciembre tuve accidente en una empresa en Bogotá: en un asalto me pegaron nueve impactos de bala. A finales de 1997 me devolví a la tierra caucana porque la condición era difícil en la capital. No podía trabajar, mi señora tampoco, y mis dos hijas estaban pequeñas. Volví a la vereda La Esperanza y retomamos nuestras vidas en el campo.
Más violencia: desplazamientos y masacres por las autodefensas
Continuaba viviendo en La Esperanza cuando el 1 de diciembre del 2000 los paramilitares hicieron incursión directa en nuestro territorio. Comenzaron en una vereda cercana haciendo retén. A mi cuñado lo retuvieron ahí y lo llevaron a otra zona. Al enterarme de esto fui a preguntarle directamente a alias Mario, cabecilla en la región del frente Farallones del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia. Le dije que las personas que habían detenido no eran guerrilleros ni informantes de la guerrilla, que vendían botas pantaneras porque eran comerciantes y de eso vivían ellos y sus familias. Alias Mario me respondió que las habían dejado ir con sus familias, que estaban haciendo natilla y buñuelos en sus casas. Pero todo era un engaño. A mi cuñado lo habían asesinado y lo habían enterrado en una fosa común en El Palmar. Junto a él masacraron a otros campesinos.
Nos desplazaron el 23 de diciembre: enviaron un panfleto y teníamos que irnos porque iban a combatir la guerrilla. El desplazamiento total fue de tres mil personas. Nos resguardamos unas 100 personas en la escuela de Timba. Otros se regaron por otros territorios y ciudades del Cauca y del Valle del Cauca. Nunca hubo combate. Fue una táctica para desplazar y atemorizar a la población. El territorio quedó desolado.
Al ver que no aparecía mi cuñado, comencé a investigar hasta que una vecina de la vereda nos dijo sigilosamente que los paramilitares los habían asesinado a la media noche del 7 de diciembre y que estaban enterrados en una cancha pequeña al lado de una escuela. Nos dimos cuenta de eso en enero de 2001. Entonces acudí al ejército nacional. Busqué al coronel y al general de la zona para pedirles ayuda, pues la Fiscalía no iba al lugar porque no tenían seguridad del ejército. Eso nos decían. Fue peor el remedio porque me amenazaron y me volví objetivo militar y paramilitar. El coronel Vargas, comandante del batallón de Palmira, y el general Pedraza, de la III Brigada, tenían una alianza con las Autodefensas. Aun así, el esfuerzo en la Fiscalía valió la pena y mi cuñado fue encontrado en una fosa común el 22 de febrero de 2001.
Recuerdo que el 11 de abril fue la masacre más grande en el Naya. Fue lamentable y dolorosa. El día anterior, 10 de abril, las autodefensas pasaron en sus cambuches y también en las casas de las veredas, donde nos decían que ya iban a tener su Presidente, que la guerra contra la guerrilla la iban a ganar y que luego se podían desmovilizar. En ese momento escuché por primera vez el nombre Álvaro Uribe Vélez. En abril de 2002 tuve que desplazarme totalmente de Timba. Me fui a refugiar a Cali. Meses después retorné hacia el municipio de Santander de Quilichao y desde entonces, debido a la marginación, el abandono y el olvido que sufrimos de parte del gobierno, vivo dando continuidad a la defensa de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado, en particular a las víctimas con discapacidad.
Empoderamiento desde la diversidad en los territorios
En mi trayectoria de liderazgo, he participado en diferentes plataformas sociales y populares; comunidades y organizaciones de indígenas, campesinas, afrodescendientes, sindicatos, ambientalistas, junto con otras organizaciones que conforman la Mesa Social por la Paz del Suroccidente de Colombia, con las cuales he defendido la naturaleza de la minería ilegal.
En febrero de 2003 comencé un proceso de aprendizaje con el Grupo Asesor para la Educación en el Cauca, dirigido por mi gran amigo Diego Ceballos, con quien nos reunimos en el Centro Coconuco delegados y delegadas de la Comunidad Benkos Biohó, de Puerto Tejada, y líderes y lideresas con discapacidad de diez municipios del norte, centro y sur del Cauca. Durante dos semanas estuvimos capacitándonos en la metodología Mardic[1] creada por Diego.
En este espacio formativo los participantes entendimos que la investigación, la educación y la organización social o comunitaria pueden confluir para trabajar en procesos de autonomía y empoderamiento desde los territorios. También, diseñamos un plan de acción que me permitió crear en junio de 2003 la Fundación Centro de Capacitación e Información para el Desarrollo del Discapacitado (Funcid), con la que he generado alternativas, soluciones, investigaciones e incidencias. Inicialmente éramos 20 personas y en 2018 llegamos a unas 300. Con Funcid llegamos a los 12 municipios del norte del Cauca. Así mismo, los líderes y lideresas creamos varios Centros de Investigación en Discapacidad (CID) y conformamos la Red CID en el departamento, de la cual fui su primer coordinador. La Red se formuló para los 42 municipios del Cauca, pero no todos se sostuvieron o tuvieron el apoyo de las alcaldías.
En la Fundación tuvimos el desafío de encontrarnos todas las personas con discapacidad, víctimas o no del conflicto armado, entendiendo que todos somos los parias, los sin tierra, en un desarraigo permanente del ser por parte del Estado y la sociedad. Hemos sido despojados de nuestros territorios. Entendimos que lo único que nos diferenciaba como personas con discapacidad era el “modo de rehabilitación”, la atención clínica propiamente; pero como seres humanos teníamos las mismas necesidades, sufrimientos y esperanzas. En los atropellos y la opresión nos trataban a todos por igual.
Viajé por todo el norte del Cauca: Tacueyó, Miranda, Toribío, Caldono, Suárez, Buenos Aires, tanto en los municipios como en las veredas. Andaba por todos lados invitando a unirse a la red y al trabajo en común, porque en la violencia las personas con discapacidad somos las que más hemos sufrido de desplazamiento y otras violaciones. Las personas con discapacidad no teníamos reconocimiento ni fuerza, la única manera de sobrevivir era uniéndonos con las plataformas de lucha, porque entre el abandono estatal y los grupos armados nos podían exterminar.
Comprendimos en Funcid que las alianzas deben ser conjuntas con otras organizaciones, con todo tipo de organización, porque la discapacidad está presente en ellas y, por tanto, las víctimas con discapacidad estamos en todos lados, en todos los territorios. Entonces comenzamos a mostrarnos en el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) para socializar el tema de la discapacidad con las autoridades indígenas. Así iban comprendiendo que nos podíamos encontrar en la diversidad y que el verdadero pensamiento ancestral nos da otras fuerzas para vivir y resistir. Como Funcid participamos en variadas mingas, marchas, bloqueos, capacitaciones, procesos comunitarios, entre muchos otros. Y en ese proceso, el encuentro con Mosodic nos posibilitó ampliar nuestra incidencia, compromiso y liderazgo.
He sido discriminado y estigmatizado muchísimas veces a raíz de mi incidencia con las demás organizaciones sociales del departamento del Cauca y el suroccidente colombiano. Por denunciar constantemente los atropellos frente a los derechos humanos, incluyendo la corrupción estatal, y por tener un pensamiento político diferente; en los últimos años he sido seguidor de las propuestas de transformación de la Colombia Humana, con la cual me identifico.
Mis hijas se encuentran exiliadas y refugiadas en México. Su exilio es un efecto de nuestras denuncias por las incursiones de las autodefensas y la alianza con el ejército en el Cauca. Pese a las diferentes circunstancias de inseguridad y las constantes amenazas, decidí continuar mi labor como líder social, luchando contra la vulneración de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado con discapacidad y en defensa de toda la vida. Pero ante la realidad del país, mi única alternativa para vivir y continuar mi proceso de liderazgo es salir de Colombia. A finales de este año saldré para México a reunirme con mi familia, y seguiré siendo líder porque podemos defender la vida desde cualquier lugar en la Tierra.
Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de Hacemos Memoria ni de la Universidad de Antioquia.
[1] Método Analítico Reflexivo Dialéctico Innovador e inventivo, Crítico, constructivo y creativo. Se puede encontrar más información en el siguiente enlace: shorturl.at/btCGS
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