Según el séptimo informe de la comisión de seguimiento a la Ley 1448 de 2011, hay retrasos en la restitución de tierras, las indemnizaciones y la atención a la población desplazada. Además, el gobierno Duque no destinó los recursos necesarios para implementar la ley.

 

Por: Pompilio Peña Montoya

Foto de portada: Facebook Unidad de Víctimas

Como desfinanciado y sin una ruta clara para atender a cerca de nueve millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, así es descrito el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral para las Víctimas, que hace posible el funcionamiento de la Ley 1448 de 2011, en el Séptimo Informe sobre la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras al Congreso de la República presentado por la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a dicha ley, de la que hacen parte la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Procuraduría y representantes de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas.

En su séptimo informe sobre la implementación de la Ley 1448 entre los periodos 2019 y 2020, dicha Comisión advirtió, en primer lugar, el “escenario de incertidumbre” que representa la falta de recursos para desarrollar a plenitud una atención de todas las víctimas. Además, criticó las inconsistencias y contradicciones en la gestión de la información solicitada para la elaboración de dicho informe, y la inexistencia del Mecanismo Único de Seguimiento, organismo que debió ser creado por el gobierno con el fin de evaluar los indicadores que describen los avances de la Ley de Víctimas.

Otro aspecto sobre el que llamó la atención el informe, fue el hallazgo de “casos de entidades como el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o la Unidad Nacional de Protección que no responden a las solicitudes de las mesas de participación de víctimas a pesar de las obligaciones estipuladas en el Protocolo de Participación Efectiva”, lo que según este balance se traduce en falta de interés de estas entidades para con las organizaciones de víctimas cuando realizan las solicitudes que les fueron consagradas en la Ley 1448.

 

Falta de recursos

Según la Comisión de Seguimiento, los recursos asignados a la Ley 1448 de 2011 son insuficientes. Para llevar a cabo las 14 medidas contempladas por la norma son necesarios, hasta el 2030, $357.4 billones, es decir $35.7 billones por año, cifra que sobrepasa el presupuesto de $15.8 billones asignados por el gobierno del presidente, Iván Duque, para el año 2020.

La Comisión de Seguimiento reiteró que el gobierno debe realizar un costeo detallado por componente de atención, teniendo en cuenta la aplicación de medidas que permitan a la población víctima superar su situación de vulnerabilidad de forma sostenible. Y advirtió que, para un óptimo desarrollo de las medidas, las acciones y el presupuesto, se debe contemplar lo pactado en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy partido Farc.

 

Restitución de tierras no avanza

Sobre este tema, la Comisión de Seguimiento manifestó su preocupación por el incumplimiento por parte del Estado en su obligación de acatar las 5.609 sentencias proferidas por los jueces de restitución de tierras. “Con ello se está perpetuando de manera indefinida la vulneración de los derechos de las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras, no se está garantizando la igualdad material y la protección efectiva de los derechos, y paradójicamente, se está revictimizando aún más a esta población”, señaló el documento.

Otro aspecto que impidió la materialización de los derechos de las víctimas en este sentido, es la falta de gestión judicial del 81% de las solicitudes remitidas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, lo que ha frenado procesos de restitución de reclamantes.

En esta misma línea, el informe destaca que “resulta grave el total incumplimiento en la materialización de las órdenes de vivienda a favor de la población beneficiaria de sentencias de restitución. De 1.463 órdenes proferidas por los jueces especializados en restitución de tierras a Fiduagraria, ninguna se ha cumplido”.

Destaca el informe que el reiterado incumplimiento de las entidades estatales a las órdenes de las sentencias ha provocado que la población reclamante deba esperar largos periodos de tiempo que podrían poner en peligro su integridad, teniendo en cuenta que se trata de una población altamente vulnerable, con pocos recursos y perseguida por los actores del conflicto.

 

Reparación colectiva va en un 2%

Un panorama desalentador también se nota en la Implementación del Programa de Reparación Colectiva. Solamente 16 (el 2%) de los 755 Sujetos de Reparación Colectiva incluidos en el Registro Único de Víctimas, a corte de junio del 2020, han finalizado la implementación de su Plan Integral de Reparación Colectiva (Pirc). El informe puntualizó que el 71% del universo total de sujetos se encuentra en las fases iniciales de la ruta, y el 29% en las fases de formulación e implementación de su Pirc.

Este resultado contrasta con la meta trazada por el gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo. Allí se estipuló que se alcanzarían “140 Sujetos de Reparación Colectiva reparados administrativamente”. Pero la Comisión de Seguimiento advirtió que de cumplirse esta meta, y sin contar con que el Registro Único de Víctimas sigue recibiendo solicitudes de todas partes de Colombia, el sistema de atención a víctimas tardaría unos 16 años en responder las demandas de los 615 sujetos de reparación colectiva restantes.

En cuanto a indemnización administrativa, medida de reparación que constituye una compensación monetaria con el propósito de contribuir a la reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas que sufrieron hechos como el desplazamiento o la pérdida de un ser querido, la Comisión de Seguimiento resaltó que el gobierno no estableció una meta en su Plan Nacional de Desarrollo para medir el alcance de esta. Aún así, con el objeto de valorar el avance en la indemnización administrativa, la Comisión de Seguimiento propuso tomar la meta contemplada en el indicador del Plan Nacional de Desarrollo: “Víctimas reparadas administrativamente”, que mide el número de víctimas reparadas con indemnización, restitución, rehabilitación, garantías de no repetición o satisfacción, cuya meta para el cuatrienio es llegar a 510.296 víctimas. Así la cosas, en el 2019 se avanzó en indemnizar a 79.668 víctimas (alcance del 62,4% de la meta); y para lo que va del 2020 se ha llegado a 15.459 indemnizaciones (alcance del 12,1%). En total, se han indemnizado 95.127 víctimas, de las 510.296 propuestas por el gobierno, lo que se traduce en un alcance del 18,6% de la meta.

Por otra parte, la Comisión de Seguimiento encontró varios obstáculos para hallar los alcances del indicador “víctimas retornadas, reubicadas o integradas localmente”. En éste, el gobierno reportó para el 2019 una atención a 2’100.707 personas, cuando la meta establecida en el PND fue de 1’980.920, lo que se tradujo en un alcance del 106%. Pero lo que señaló al respecto el informe de la Comisión de Seguimiento es que pesar de que tal indicador reflejó un avance acumulado frente a la meta programada, este dato por sí mismo “no da cuenta del avance en el cumplimiento del objetivo de la política pública, pues se mide con el acceso a un solo programa y por lo tanto no genera integralidad en la oferta del Estado para garantizar la estabilización socioeconómica de las víctimas. Adicionalmente, los programas que suman en el indicador no se ajustan a las necesidades de la población desplazada y no fueron concebidos en un contexto de acompañamiento en retornos y reubicaciones”.

Junto con estas inconsistencias en la presentación de los indicadores, el informe advirtió que “son preocupantes las dificultades presentadas para obtener información confiable sobre la cual realizar el análisis del presente informe. Las cifras reportadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y lo registrado en Sinergia (Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados) presentan diferencias. De la misma manera, hay divergencias entre las cifras entregadas por otras entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas y las de la citada Unidad, sobre los avances en los indicadores en materia de retornos y reubicaciones”.

El Séptimo Informe sobre la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 2019 – 2020, analizó otros indicadores contemplados dentro de la Ley 1448, como la atención humanitaria, la rehabilitación de víctimas y el acceso a vivienda urbana y rural, y en todos estos indicadores la Comisión de Seguimiento manifestó pocos alcances y falta de políticas claras de parte del gobierno para responder las demandas de la población víctima del conflicto armado.

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