La Dirección de Archivos de Derechos Humanos, del Centro Nacional de Memoria Histórica, tiene la misión de recolectar los archivos de diversos sectores de la sociedad que puedan ayudar a esclarecer hechos ocurridos durante el conflicto armado. César Osorio, asesor pedagógico de dicha dependencia, habló con Hacemos Memoria sobre la importancia que tendrán en el cometido de acercarnos a la verdad.

Por Esteban Tavera & Elizabeth Otálvaro

Uno de los principales insumos que tendrá la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV), en la titánica tarea de construir la verdad sobre el conflicto armado colombiano, son los archivos públicos y privados que dan cuenta de las violaciones de derechos humanos.

Por mandato, al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) se le pidió conformar un archivo con este tipo de información, para garantizar la verdad, la justicia, la reparación integral de las víctimas y la no repetición de los hechos violentos. En este sentido, desde hace casi cinco años se creó la Dirección de Archivos, desde donde vienen trabajando en la construcción de un Archivo Virtual de Derechos Humanos. Hacemos Memoria habló con César Osorio, asesor pedagógico de dicha dependencia, sobre la importancia de la recolección de archivos, su relación con la defensa de los derechos humanos y de cómo pueden aportar a la verdad.

¿Cuál es la labor del Centro Nacional de Memoria Histórica respecto a los archivos de DD.HH.?

Quizá la más importante tiene que ver con las construcción de una política pública para el tratamiento de los archivos que se refieren a las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, archivos que han producido las organizaciones sociales y de víctimas, pero también las instituciones públicas. La política lo que plantea son unas medidas específicas para la creación, el fortalecimiento, el curso y la difusión social.

Como desarrollo de la política pública, el CNMH está conformando un archivo con documentos provenientes de instituciones públicas o de la sociedad civil, para que se pueda conocer la profundidad del conflicto, las graves violaciones de los derechos humanos y las distintas iniciativas sociales para la construcción de la paz. En la construcción del Archivo se han logrado acuerdos para intervenir esos documentos, es decir, para protegerlos y evitar que se sigan deteriorando.

¿Qué pueden hacer las organizaciones comunitarias o defensoras de DD.HH. con sus archivos?

El primer paso es darlos a conocer y hacer un mapa de cuáles son esas posibles fuentes de conocimiento histórico. Lo segundo es preguntarnos por el valor que tiene tanto en la sociedad como en las comunidades. Las propias organizaciones muchas veces no son conscientes de la riqueza de esa documentación y de esos archivos. Una vez que hemos hecho esa identificación, debemos preguntarnos cuáles son los riesgos que recaen sobre él, si son ambientales, como la humedad, o de orden sociopolítico. Nosotros hemos encontrado que en distintas regiones del país, algunas organizaciones están optando por celebrar acuerdos de trabajo con las universidades regionales, porque tienen bibliotecas o archivos y con acuerdos claros de trabajo se puede poner a salvo la documentación estableciendo unos protocolos de uso y acceso.

Después del diagnóstico de las condiciones lo siguiente es preguntarse quiénes y en qué condiciones pueden acceder a la documentación, porque buena parte de los riesgos que recaen sobre los documentos tienen que ver con que dentro de las propias instituciones no están claras las condiciones de uso, entonces, eso permite que mucha gente consulte los originales y se los lleve.

¿Recuerda una experiencia significativa relacionada con la protección de un archivo de DD.HH. en el país?

En las condiciones más inesperadas se pueden encontrar archivos con un valor y con una riqueza extraordinaria. En el Archivo Virtual de Derechos Humanos se puede acceder a distintos fondos documentales, por ejemplo, el de la Asociación Nacional de Pescadores Artesanales, de Buenaventura, un archivo sumamente rico que no solo habla de violencia, sino de todo el proceso organizativo de las comunidades negras en la exigencia de sus territorios continentales e insulares, su proceso de afirmación cultural y de vínculo con el territorio. También pueden encontrar archivos como los de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, en la costa Caribe. Lo interesante de toda esa documentación es que nos ofrecen un mapa extraordinariamente claro de lo que ha ocurrido en nuestro país.

Frente a esos fondos documentales, primero hacemos un registro con una herramienta que se llama el Registro especial de archivos de derechos humanos, un instrumento en el cual se identifican y se localizan los archivos en el país. Hasta ahora, se han localizado alrededor de mil quinientos archivos con estas características. Luego se hace una valoración del tipo de información. Posteriormente viene el proceso de fortalecimiento, que es donde el CNMH ofrece un acompañamiento técnico para intervenir el archivo y así evitar su deterioro. En algunas ocasiones se han hecho copias digitales, que son las que se pueden encontrar en el archivo virtual. Y el tercer proceso, que para nosotros es muy importante, es el de la pedagogización del uso y el acceso, es decir, que esos archivos se vuelvan fuentes de conocimiento histórico.

¿Cuál es la relación entre los archivos y la defensa de los derechos humanos?

En nuestro conflicto armado podemos identificar múltiples estrategias por medio de las cuales la comunidad, en las distintas regiones y en condiciones adversas, han generado estrategias de exigibilidad de derechos, es decir, caminos que pueden ser jurídicos, sociales o culturales para poner en evidencia unas realidades injustas y exigir del Estado la garantía de sus derechos.

Encontramos que algunas organizaciones sociales se han enfrentado a la denuncia judicial y en múltiples regiones del país han surgido iniciativas que le hacen seguimiento a los hechos del conflicto armado u otras que se dedican al acompañamiento psicosocial o al tema de la resolución pacífica de conflictos. Todas esas iniciativas se concretan en archivos, en documentos, en registros en fotografías, en testimonios y se vuelven claves, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino en la dimensión de exigencia de los derechos humanos. Entonces, los archivos son fundamentales, porque si esos registros desaparecen es mucho más fácil que se diga “aquí no pasó nada”, o “esto no ha sido tan grave”. Precisamente esos archivos son evidencias y fuentes de conocimiento histórico sin las cuales va a ser muy difícil que las instituciones que se encargan del restablecimiento de la verdad o las instituciones de justicia hagan su trabajo de reconocimiento de esos contextos de violencia.

¿Cuál es el reto respecto a los archivos del Estado?

Es un tema sensible, de hecho, en la política pública para archivos de derechos humanos que ha construido el CNMH, hay un mapa de archivos de especial interés para el esclarecimiento histórico: los archivos que se han producido por instituciones encargadas de atención a las víctimas, la Unidad de Tierras, la Unidad de Víctimas, los archivos del Ministerio Público, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, etcétera.

Otros archivos de suma importancia son los judiciales, en virtud de las labores que han hecho los jueces de esclarecimiento, de sanción y de investigación acerca de lo ocurrido. Lo que constata la experiencia internacional es que allí, donde hay posibles accesos a la información pública, va a ser mucho más efectivo el trabajo de las instituciones que se encargan del establecimiento de la verdad. Entonces, creo que es un reto significativo reconocer la importancia de estos múltiples archivos y que se generen mecanismo para la accesibilidad a la mayor cantidad de información, de tal manera que las instituciones públicas encargadas de la justicia, puedan hacer su trabajo en concordancia con los estándares internacionales, entre otras cosas, porque esto que vivimos no es solamente un problema en Colombia, son retos de la justicia transicional entendidos como las políticas globales de la sociedad que tienen la intención de dejar atrás los hechos de violencia.