En marzo de 2003, paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María desaparecieron a Apolinar Antonio Vaquero Gamarra en el corregimiento Libertad, donde, según la Unidad de Víctimas, la mayoría de víctimas son de violencia sexual.
El 95 por ciento de la población de este municipio del Oriente antioqueño es víctima del conflicto. La zona urbana fue considerada como sujeto de reparación, pero el deseo de las víctimas aún está lejos de cumplirse.
En las últimas dos décadas, la movilización social de los sectores LGBT tomó fuerza y logró hacerse visible dentro de las agendas de paz. En el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia destacamos cinco logros que han alcanzado las personas LGBT en relación a su reconocimiento como víctimas del conflicto armado.
La Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín se convirtió en la primera organización de los sectores LGBT en ser reconocida como Sujeto de Reparación Colectiva en el marco del conflicto armado colombiano. Pero la reparación ha sido una disputa permanente con el Estado por encontrar puntos en común.
Los dos procesos de reparación colectiva que adelantan las víctimas de Machuca están a medio camino. Ninguno ha superado la tercera de las seis fases que incluye la ruta de reparación establecida por la Unidad para las Víctimas.
“Sin mascar palabras” narra la historia de violencia y resistencia de los habitantes de Tulapas, una zona del Urabá antioqueño atacada por grupos paramilitares desde mediados de la década de los noventa.
La organización de Derechos Humanos reconoce algunos avances en el plan acordado con la Unidad de Víctimas, pero estos, asegura la encargada del proceso, no superan el 50 por ciento de la ejecución. Preocupa la falta de voluntad del nuevo Gobierno Nacional.
En el actual contexto de ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) presentó un ejercicio de memoria sobre los hechos de violencia política que ha padecido.
Los habitantes de la vereda La Esperanza, en El Carmen de Viboral, decidieron continuar con el proceso de reparación colectiva que suspendieron en 2017 debido a la desconfianza que sentían por los constantes cambios de personal en la Unidad de Víctimas.
Los innumerables hechos de violencia que han afectado a la Universidad de Antioquia plantean la pregunta de si la institución debe ser reconocida como víctima y emprender el camino de la reparación colectiva que ya han transitado otras universidades públicas como la de Córdoba, la del Atlántico o la Popular del Cesar.