Con más de un año de retraso se dio la presentación del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia de Medellín, que estará conformado por representantes de distintos sectores de la sociedad civil.
Ser líder social en Colombia es, ahora más que nunca, una vocación de riesgo. Las agresiones no paran, el Estado no hace presencia y la protección tarda en llegar. ¿Cómo es el día a día de quienes viven bajo la amenaza constante de ser asesinados por defender sus derechos y los de sus comunidades?
El programa Somos Defensores es un fondo creado en 1997 para la protección de defensores de derechos humanos y organizaciones sociales en Colombia. Allí trabajan cinco personas en jornadas maratónicas creando métodos de protección alternos a los establecidos por el Estado para los casos más graves de personas amenazadas por su labor social.
Es complejo el escenario en el que deben desenvolverse los líderes sociales, comunitarios, étnicos y defensores de derechos humanos, quienes se ven sometidos a las amenazas de los actores armados que se disputan el control de territorios para economías ilegales, pero también de altos funcionarios del gobierno que estigmatizan su labor.
Visibilizar, comunicar, transmitir las memorias y sacarlas de los nichos de la academia, las organizaciones sociales, los límites de los medios de comunicación y el ámbito jurídico, son las intenciones de la creación y edición de contenidos en Wikipedia cuando se trabaja con Derechos Humanos y memoria histórica.
En el actual contexto de ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) presentó un ejercicio de memoria sobre los hechos de violencia política que ha padecido.
Para el experto en archivística, Ramón Alberch i Fugueras, en Colombia deberían mantener intactos los archivos que contienen información sobre el conflicto armado, porque cualquier documento puede resultar decisivo para esclarecer violaciones a los derechos humanos.
«Auxiliadores de la guerrilla», «enemigos del gobierno» o «colaboradores de los paramilitares», son algunos de los calificativos usados por los actores armados para legitimar el asesinato de periodistas y miembros de organizaciones sociales, según reveló un estudio de la Universidad de Antioquia.
Que los relatos de la Comisión de la Verdad trasciendan lo que pasó en los territorios y se concentren en responder ¿por qué pasó? y ¿quiénes son los responsables del conflicto? es uno de los acuerdos y recomendaciones que hicieron las organizaciones sociales de siete subregiones de Antioquia.
La Sala de Reconocimiento de Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz, dio a conocer la guía que servirá de base para que la sociedad civil elabore informes sobre crímenes cometidos en el marco del conflicto armado colombiano.