Para el experto en archivística, Ramón Alberch i Fugueras, en Colombia deberían mantener intactos los archivos que contienen información sobre el conflicto armado, porque cualquier documento puede resultar decisivo para esclarecer violaciones a los derechos humanos. 

Por: Esteban Tavera

El papel de los archivos en procesos transicionales es cada vez más protagónico. En países como Alemania, Guatemala, Argentina y Chile, los documentos producidos tanto por las fuerzas militares, los cuerpos de policía y los servicios de inteligencia del Estado, así como por las organizaciones de víctimas, han sido claves para recuperar la memoria, para esclarecer la verdad y para hallar a los responsables de los más graves crímenes. Por esa razón hay un interés en generar conciencia sobre la importancia de los archivos, en especial en contextos de transición de regímenes autoritarios hacia la democracia o de conflictos armados hacia la paz.

Uno de los militantes de esa causa es Ramón Alberch i Fugueras, presidente de Archiveros sin Fronteras-Internacional y miembro del Comité Asesor Internacional del Centro Nacional de Memoria Histórica. Alberch estará en Medellín el próximo 8 y 9 de agosto en el tercer Coloquio de Investigación: Narrativas, representaciones y lugares de la memoria».

Usted plantea que hay una relación indisoluble entre los archivos y los derechos humanos, ¿por qué establece esa relación?

Generalmente, cuando se habla de transiciones políticas, caso de una dictadura a una democracia o de regímenes comunistas a democráticos, hay una ausencia, en muchas ocasiones, de la concepción del archivo como un instrumento de trabajo para resolver de manera adecuada estas situaciones. El archivo, a veces, parece un elemento casi invisible y la búsqueda de memoria, verdad, justicia y reparación se ciñe mucho a juicios orales y entrevistas a personas.

Los archivos en principio contienen documentos auténticos, fiables, íntegros, que atesoran unos valores que pueden ser utilizados para cualquier elemento que nos interese, sea para la investigación histórica, para la recuperación de la memoria o para la defensa de los derechos humanos.

En esa tarea por encontrar la verdad en procesos de transición o por defender los derechos humanos, hay unos archivos que gozan de mayor atención pero, ¿hay documentos que tienen más valor que otros? 

Genéricamente hay archivos muy importantes, el problema es cuando hablamos de “documentos importante”. En esto deberíamos tener claro que los documentos se tienen que analizar en su contexto y que así como hay archivos que realmente aportan documentos vitales, porque pertenecen a organizaciones muy implicadas en el conflicto, como son los archivos de las Farc, del ELN, de las fuerzas militares del Estado o de las asociaciones de detenidos y desaparecidos; también hay otros archivos que nos pueden aportar información para entender el conflicto armado.

Aquí yo siempre llamo la atención de que no es tan fácil decir que este documentos es muy importante y este otro no. Cada documento es importante dependiendo del contexto. Cuando se investiga un caso, sea una corte judicial o en una comisión de la verdad, el documento en cuestión tiene importancia dependiendo de la investigación que se está investigando.

Cada documento es importante dependiendo del contexto.

¿Conoce algún ejemplo en el que un documento aparentemente irrelevante resultó vital en un proceso de defensa de los derechos humanos?

En Guatemala, durante la época de la dictadura, el líder de oposición Manuel Colom fue amenazado, le seguían, le intimidaban y él lo denunció. La Policía negó tener cualquier implicación en los seguimientos y al cabo de un tiempo, cuando caminaba por la calle, le dispararon 45 tiros y lo mataron.

Eso habría quedado así si no hubiera pasado que, al abrirse el archivo de la Policía Nacional de Guatemala, una de las personas que organizaba el archivo vio una lista de coches y motos que iban cada día a cargar gasolina en las instalaciones de la Policía. Este documento, este listado de coches que iban a cargar gasolina para poder patrullar, podría parecer un documento innecesario, pero resultó que a través de la lista se encontró la placa del coche que Manuel Colón había denunciado que le seguía por la calle. Con eso se demostró la implicación de la Policía en su muerte y fue mucha gente a la cárcel por ese crimen.

Es imposible que en un archivo se pueda guardar absolutamente todo, porque se produciría un nivel insostenible de información, ¿cómo resolver ese dilema entre qué guardar y qué desechar?

En archivística tenemos un instrumento que se llama la “comisión de valoración”. En una misma mesa se sientan archiveros, historiadores, juristas y antropólogos a valorar todo tipo de documentos para tomar la decisión sobre qué documentos son esenciales para las investigaciones históricas, para la justicia y para la memoria. A través de estos mecanismos se pueden reducir entre un 65 y 70 por ciento del material que se produce en un archivo, porque es evidente que no podemos guardarlo todo.

Pero en contextos en los que se busca esclarecer casos en los que hubo violación de los derechos humanos, yo le hago una corrección a ese mecanismo. A los archivos más sensibles, como el de la Policía, el del Ejército o los servicios secretos, en procesos como el colombiano, les haría una moratoria. Recomendaría la conservación integral durante un tiempo, excepto documentos evidentemente innecesarios como la compra de una computadora o de material fungible. Creo que esa sería una medida de garantía a corto plazo porque al desechar, por ejemplo, la lista de vehículos que cargan gasolina, nos perderíamos de la verdad de un caso como el de Manuel Colón.

¿Qué recomendaría para que en ese proceso no se elimine deliberadamente información que compromete a personas con poder sobre los archivos?

Yo recomendaría ser muy restrictivos en cuanto a la documentación que se va a destruir y que haya comisiones plurales en las que intervengan periodistas, antropólogos, defensores de derechos humanos, historiadores, archiveros y juristas. Y que sean muy transparentes, es decir, que no sea como dicen en España, “yo me lo guiso, yo me lo como”. Estas comisiones tienen que dar conocimiento público de la documentación que se va a conservar y de la que se va a destruir para promover un escrutinio público en el que las personas puedan aportar información relevante en estos temas que ayuden a evitar destrucciones bajo el pretexto de reducir el volumen.

Hay muchos casos en los que ocurren incendios y, ¡qué casualidad!,  se dan en los archivos en donde había pruebas contra partidos o contra políticos. Y aquel día se habían olvidado de conectar la alarma y el policía había ido a desayunar y no estaba en el momento. Es decir, hay casos en los que se ve claramente una intencionalidad de destruir documentos, eso es difícil de controlar, pero cualquier institución pública se debe comprometer a hacer el proceso de valoración con sensatez y dando cuenta de su accionar.

Usted conoce muy bien el caso colombiano por su relación con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Háblenos un poco sobre su trabajo con las Fuerzas Militares en el tema de archivos.

En los militares y policías me ha parecido captar  ganas de hablar y de dialogar sobre este tema. Eso quiero destacarlo, porque en España, que tanto hablamos de transición, nunca hemos podido sentar a los militares en una mesa. Están totalmente cerrados de la consulta pública con excusas de la protección de datos, de la falta de organización y eso ha traído una opacidad total.

Por lo tanto, conseguir sentarse a la mesa con el Ejército, porque están dispuesto a ello, me parece algo muy importante que a los ciudadanos les pasa desapercibido porque les parece obvio, pero no es algo tan sencillo.

¿Qué se ha logrado con esas conversaciones?

Hemos podido generar directrices como la de que los archivos deben estar organizados y categorizados según su nivel de acceso. Hay una tendencia entre los militares de catalogarlo todo como ultra secreto o muy secreto, y esto hace necesario bajar el nivel de exigencia porque si no, nunca vamos a poder ver nada. En este trabajo se ha logrado crear conciencia de que hay que bajar la categorización de algunos documentos porque casi todos están catalogados como muy secretos.

Luego de eso, habría que crear unas políticas de acceso para decir qué documentos son realmente secretos porque involucran la seguridad del Estado, o porque afectan a personas o colectivos que se deben proteger, pero también para definir cuáles documentos tienen que ser accesibles al menos por un tiempo.

Respecto a ese tipo de archivos, parece que hay cierta fascinación porque se considera que allí responsan los secretos del Estado y que esa es la verdad que hay que revelar. Según su experiencia en otros países, ¿qué expectativas deben tenerse frente a esos archivos?

Es verdad que existe cierta fascinación con este tipo de archivos pero debemos plantear un asunto y es que no dejan de ser instrumentos del Estado y muchas veces sus informaciones son claramente intencionadas. Ese es el caso de la CIA, que decía que tenía pruebas de que Sadam Husein tenía armas de destrucción masiva, pero después del ataque se demostró que este señor no tenía nada de eso. La CIA, presionada por el presidente George Bush, había distorsionado informes para justificar una acción militar. Por tanto, tenemos que dejar de mitificar esos archivos. Hay documentación muy importante pero también hay información puramente especulativa y, a veces, por qué no decirlo, documentación intencionadamente dedicada a justificar algunos hechos.

Usted conoce los casos de varios países que han usado los archivos como un instrumento para alcanzar la verdad, la memoria y la reparación. De los casos que ha estudiado, ¿qué podría aprender Colombia?

Creo que el caso de Alemania es paradigmático porque allí se logró que la entidad encargada de proteger los archivos tenga una independencia absoluta del poder político. Un detalle muy relevante: el comisionado para los archivos de la Stasi, lo elige el parlamento alemán, no lo elige un ministro a dedo. Se presentan candidatos, van al Bundestag y ellos dicen quién es el adecuado. Esto evita que un gobierno que considere que esto no es importante llegue y le ponga freno a los procesos de memoria y reconciliación que se hayan impulsado a raíz de los archivos.

Y del caso colombiano, ¿qué pueden aprender en otros países?

Siempre comento que el modelo colombino me parece muy bueno. Yo le pondría una altísima nota porque creo que han desarrollado valiosos instrumentos.  Los documentos elaborados por el Centro de Memoria, sobre todo el documento de políticas archivísticas para la protección de los derechos humanos, me atrevo a decir, sin temor a dudas, que es el más sólido que ha generado cualquier país en el tema de archivos y derechos humanos, porque ha sabido beber de diferentes proceso paradigmáticos para generar una nueva política de protección de archivos.

Finalmente, los archivos han sido vistos como una fuente privilegiada para los historiadores y otros investigadores, sin embargo, allí hay valores noticiosos que los hacen atractivos para los periodistas, ¿cómo deben trabajar los periodistas en estos archivos?

Yo siempre explico que los archivos de derechos humanos tienen como aliado al periodista. El periodista tiene que ser la voz pública que divulga aquello que los eruditos están investigando. Debería haber una alianza muy fuerte entre historiadores, archiveros y periodistas. Creo que esa tríada debería tener la obligación de sentarse constantemente a planear acciones, porque los periodistas tienen la capacidad y los medios para difundir, y nosotros tenemos el conocimiento científico y la investigación.