Ser líder social en Colombia es, ahora más que nunca, una vocación de riesgo. Las agresiones no paran, el Estado no hace presencia y la protección tarda en llegar. ¿Cómo es el día a día de quienes viven bajo la amenaza constante de ser asesinados por defender sus derechos y los de sus comunidades?

Por: Adrián Atehortúa

Fotos: archivo particular

Oriundo de San Agustín, Huila, Cristian Delgado llegó a Popayán para estudiar Derecho en la Universidad del Cauca. Durante su carrera conoció los casos de compañeros dedicados a la defensa de derechos humanos y se unió al movimiento estudiantil. Hoy es el Coordinador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

En los últimos años ha visto cómo la muerte de colegas y compañeros aumentan las cifras de asesinatos de líderes sociales en Colombia. Su conocimiento y experiencia en la construcción de un marco de seguridad para el ejercicio de la defensa de derechos humanos en Colombia es de más de veinte años y sigue en construcción.

¿Cómo podría resumir o explicar la complejidad de lo que está pasando con los líderes sociales en Colombia?

Lo primero que podemos analizar es que tras la firma de los acuerdos de La Habana se da una disminución de la violencia en las zonas rurales por la disminución en el conflicto. En otras palabras, las comunidades pudieron ver en la práctica por un momento qué era estar en paz. Pero con el tiempo fueron surgiendo nuevos grupos armados irregulares y otros se expandieron. O sea, que a pesar de que en este periodo Colombia ha tenido la tasa de homicidios violentos más bajas de su historia en los últimos 52 años, las amenazas, atentados y asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos han aumentado. Es innegable el aumento de los homicidios. Nosotros, como Marcha Patriótica y Cumbre Agraria, registramos 116 casos en 2016; 191 en 2017 y en 2018 fueron 253 casos. Es alarmante.

Al parecer, en este tema, todo el mundo tiene cifras diferentes ¿A qué se debe eso?

Lo primero es que antes no se hacían seguimientos como ahora. La sociedad llevó al Estado a que hiciera un registro o un seguimiento de los líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos asesinados. Asimismo, organizaciones que no tenían bases de datos lo han venido haciendo. Obviamente hay metodologías distintas, hay fuentes de verificación distintas y hay criterios de inclusión distintos. Por eso en el plano de las organizaciones sociales las cifras son diferentes. También hay diferencias en términos: para nosotros como Marcha todos son defensores de derechos humanos. Así aparecen en nuestros registros. Algunos de ellos son líderes, pero nosotros no hacemos esa distinción. Ese filtro por categoría es la clasificación del Estado. Como son más los defensores de derechos humanos, al Estado no le interesa manejar así las cifras porque sería un Estado fallido: según la Organización de las Naciones Unidas el Estado debe garantizar los derechos y protección de los defensores de derechos humanos. Entonces, filtra a los defensores de derechos humanos solo tomando o presentando a los que son líderes. Y ya ahí hacen falta muchos defensores y defensoras de derechos humanos que las organizaciones sí estamos contando y que por igual están siendo amenazados y asesinados.

¿Cómo una persona llega a ser líder social en Colombia? ¿Es algo espontáneo, alguien los delega?

El líder social en Colombia se hace líder por las necesidades concretas, tanto individuales como colectivas en un territorio: la tierra, la salud, la educación… La violencia en algunos momentos que ejercen entidades del Estado a través del Ejército, sobre todo en territorios rurales, hace que algunas personas se opongan a este tipo de violencia y reivindiquen derechos que sean reconocidos por una comunidad. Los liderazgos en Colombia se forjan al calor de las condiciones del territorio en el cual nos ha tocado vivir y seguimos viviendo.

¿Siente que la gente aprecia el trabajo de los líderes sociales?

Hay un problema y es que en Colombia se está asesinando día por medio a un defensor o defensora de derechos humanos en los territorios. Quienes más padecen esto son las comunidades alejadas de los centros urbanos. Desafortunadamente en Colombia hay una estigmatización de la labor de los defensores de derechos humanos. Y por otro lado, algunos consideramos que en el país estamos en una fase de normalización de la violencia. Es una indolencia de la sociedad colombiana ante lo que está ocurriendo. Hace mucha falta una pedagogía sobre la importancia de los defensores y defensoras de derechos humanos, de respeto a la vida y de la noviolencia. Uno puede ver cómo en algunas regiones se está justificando la muerte y se legitima la violencia.

¿Qué debería hacer el Estado frente a eso?

Nosotros hemos planteado varias cosas frente a la acción estatal: que haya mucho énfasis en la no estigmatización de la labor de los defensores de derechos humanos y que se ponga especial atención en las personas que generan esta estigmatización. También hemos venido señalando el fortalecimiento en las medidas de protección y autoprotección de las comunidades en territorios rurales así como el reconocimiento y fortalecimiento de las guardias campesinas, indígenas y cimarronas. Creemos que la situación está muy desbordada en el programa de protección individual de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que, además de tener fallas y dificultades en la implementación de medidas, no es la solución para lo que viene ocurriendo en el país. La solución debería ser mucho más integral: garantizar el acceso a derechos y avanzar en una presencia estatal integral en las regiones más apartadas con conectividad, infraestructura, proyectos productivos, con educación y salud, porque así se le hace frente a las economías ilegales que son el combustible de la guerra en los territorios.

Entonces ¿Cómo es el día a día de un líder social en Colombia?

El día a día de un líder social consiste en estar pendiente de sus necesidades y las necesidades de su comunidad. Estar resistiendo, viendo cómo avanza en reivindicación de derechos. Pero hoy por hoy un líder social en Colombia pasa los días viendo cómo sobrevive: asimilando las amenazas o la posibilidad de que los maten. Ayer precisamente hablaba con un compañero que fue amenazado. Salió en la mañana a una reunión con la comunidad y cuando regresó a su casa se encontró con dos motociclistas armados que le dijeron que si no se iba lo mataban. Él me decía: “yo sé que me levanto, pero no sé si voy a llegar a la casa con vida”. Es una preocupación que existe a diario. Además, ahora es más complicado porque se hizo un compromiso por hacer presencia social que no se ha cumplido en territorios que anteriormente controlaban las Farc. Esos territorios están siendo copados por grupos armados que se los disputan y las más afectadas son las poblaciones.

O sea, ¿el día se les está yendo en ver cómo protegerse?

Claro. Es paradójico…

¿Qué pasa, entonces, cuando un líder social es amenazado? ¿Qué es lo que deben hacer?

Nosotros como Marcha Patriótica tenemos un protocolo establecido cuando ocurre una amenaza. Primero, nos comunicamos con los responsables de derechos humanos. Enviamos un informe lo más detallado posible y ojalá por escrito de todo lo ocurrido. Si es de extrema urgencia, se reporta todo por teléfono, si no, por escrito. Con ese documento informamos a las autoridades del orden territorial y del orden nacional. Desde Marcha Patriótica también hemos logrado constituir algo que llamamos Red de Reacción Inmediata que es un espacio virtual acordado ente la Cumbre Agraria y el gobierno nacional para reportar hechos de emergencia y que se necesita una acción inmediata. Ahí está el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el cuerpo élite, Naciones Unidas y cinco delegados de la sociedad civil. También se pone el denuncio penal ante la Fiscalía para solicitar medidas ante la Unidad Nacional de Protección (UNP). Desafortunadamente estas medidas tardan mucho en llegar.

¿Por qué tardan en llegar esas medidas de la UNP? ¿Cómo es ese proceso?

Ahí tenemos una discusión con la UNP. La UNP exige que haya un formulario diligenciado y un denuncio penal para empezar la red de protección. Ahí lo que generalmente hacen es que delegan un funcionario para que recopile entrevistas y hable con el líder, el defensor o defensora amenazados, y para pedir documentación de las instituciones en el territorio. Luego, el proceso sigue en un grupo llamado Grupo de Valoración Preliminar que analiza las entrevistas y conceptúan si la persona está o no en riesgo. De ahí lo envían a un comité llamado Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) que decide qué medidas se adopta. En cada uno de esos pasos hay una demora de unos veinte a treinta días por paso. Y si el CERREM adopta la medida, hay que esperar a que se emita el acto administrativo, que se notifique y que se implemente. Nosotros hemos tenido casos en los que se demora hasta un mes para que la medida se implemente después de ser adoptada por el CERREM.

Son trámites administrativos que complican todo. Por eso, acabamos de acordar un protocolo que estudia el nivel de riesgo para campesinos, porque no creemos que es un requisito el formulario y la denuncia penal. Por eso, nosotros en Marcha Patriótica, a partir de la medida cautelar que nos otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos insistido que a las personas que están en medida cautelar y reciban nuevas amenazas se les adelante ese trámite de emergencia: esa es una potestad que tiene el director de la UNP con la cual, dependiendo de ciertas condiciones, él puede definir si adelanta las medidas sin estudios y sin hacer todos esos trámites.

¿En qué consiste ese trámite extraordinario que puede diligenciar solo el director de la UNP?

Es una función que tiene el director de la Unidad Nacional de Protección. No está desarrollado. En la práctica lo que nosotros hemos hecho es llenar el formulario de buena fe y enviarle una carta en la que le pedimos “por favor, haga este trámite de emergencia”. Ya afortunadamente en algunos casos de extremada urgencia el director lo ha concedido. Eso genera que en unos ocho días la persona amenazada reciba unas medidas de protección.

Entonces, de acuerdo con sus análisis ¿cuánto tiempo pasa desde el momento en que un líder recibe una amenaza hasta el momento en que le llegan las medidas de protección?

Esa protección se está tardando en llegar entre cuatro y cinco meses. A menos que se haga el trámite extraordinario que puede ejecutar el director de la UNP.

¿Y cuánto debería ser el tiempo prudencial que ustedes estiman para que sea efectiva la protección?

Nosotros pensamos que, en la situación en la que está el país, esa protección debería llegar en 15 días máximo.

Por otro lado ¿en qué consisten las medidas de autoprotección?

Los protocolos de autoprotección que nos recomienda la Policía Nacional son una mala copia de un libro que se llama Lo que todo revolucionario debe saber de protección, en donde están algunas recomendaciones de cómo actuar en los desplazamientos, cómo manejar las redes sociales y cómo prevenir algunos actos violentos en contra de quien se encuentra en riesgo. Hay que señalar que hay muchos protocolos o manuales de autoprotección que hemos diseñado las organizaciones y que son más completos. Es algo que tenemos que trabajar con los líderes en territorios para hacer prevención, porque a veces con nuestras actuaciones diarias aumentamos el riesgo. Y esos protocolos hacen recomendaciones para evitar ponernos aún más en riesgo.

¿Qué tanto funcionan esas medidas?

Yo creo que sí, aunque es una discusión compleja. Uno puede analizar puntos como, por ejemplo, los seguimientos. En caso de que uno detecte que está siendo seguido desde un carro es mejor caminar en contravía. Visitar sitios públicos en los que se esté más expuesto. Ir a zonas que se saben que son complejas sin el acompañamiento de los hombres de protección. Poner información de desplazamiento en redes sociales. Cambiar de rutinas: muchos de los asesinatos que se han cometido contra líderes sociales han sido entrando a la casa o saliendo del trabajo. Lo mejor es cambiar siempre de rutina para no aumentar esos riesgos.

¿Pero qué tan fácil es vivir así? Teniendo en cuenta que ya de por sí es difícil la labor de ustedes.

Ahí es donde está el tema. Es que en teoría eso no debería existir. En estricto sentido uno debería ejercer su labor de derechos humanos sin necesidad de preocuparse por eso. Pero estamos en Colombia. Entonces, por un lado, como estamos en un Estado que históricamente ha ejercido la violencia, más un incremento de amenazas en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos, cuando se desconocen las labores que desarrollamos, cuando hay una situación de ocupamiento militar como el que hay en algunos territorios, esas son medidas básicas. Ahí es cuando decimos que eso no debería ser así. Pero nos toca.

Así las cosas ¿Qué tantos líderes desisten de su labor?

Para los casos que conozco, más que desistir, nos toca recurrir a otras medidas. Por ejemplo, salir del lugar donde se habita y ejercer la labor social por fuera. Muchos líderes que han sido amenazados y están en alta situación de riesgo, lo que hacen es que si vivían en zona rural se pasan al centro poblado con algunas condiciones de seguridad, no idóneas, pero mejores a las que estaban. O cambian de municipio y mes a mes se acercan para hacer trabajo social. Es una afectación directa, pero es la única salida que hemos visto. Lo otro sería alejarse del todo, y pasa que los líderes campesinos no están dispuestos a eso.

¿Por qué no están dispuestos?

Porque si se va un líder ¿qué se puede esperar? Además del estancamiento del proceso de reivindicaciones se genera un miedo. Muchos sacan el valor y se quedan para no generar una desintegración de la comunidad: si él es el referente y se va y deja todo tirado muchos van a hacer lo mismo. Hay otras ocasiones en las que se llegan a acuerdos y se generan nuevas condiciones o liderazgos para que los líderes sigan haciendo su labor ya sea viviendo por fuera.

O sea que, a todas estas, amenazados o no, ¿de qué vive entonces un líder social?

La situación de los líderes campesinos, indígenas o afros son incluso más complejas que las de los sindicatos. No tienen permiso sindical, para empezar. Por lo general tienen una finca en la que trabaja con su familia, recibe algún apoyo por parte de las organizaciones si sale algún proyecto de cooperación, pero es una situación bastante compleja. Ese es un problema que hemos venido planteando al Estado. Nosotros como Marcha se nos presentaron seis casos de líderes, históricos, que han enfrentado todo tipo de situaciones en el marco del conflicto en los últimos 52 años, y que tomaron la decisión de salir del territorio el año pasado porque si no los iban a matar. Y nosotros no estamos preparados para garantizarles alimentación, hospedaje y todo eso… nuestras condiciones son mínimas. Y ahí sí, como se dice, les toca salir con una mano atrás y la otra adelante: no van a tener donde dormir, producir o cultivar. Entre todos hemos logrado gestionar una ayuda humanitaria de emergencia de reubicación que las autorizaron en la UNP para tres líderes. Consiste en una ayuda de tres salarios mínimos, aunque hasta el momento no hemos conocido un caso en el que den los tres salarios: siempre es uno o dos. Justo hoy estaba recibiendo una carta en la que anuncian que ya se les acabó esa ayuda porque es solo por tres meses. Entonces, gente que tuvo que dejar todo: su casa, su tierra, su trabajo, su fuente de ingresos, ahora no saben dónde y cómo van a vivir o comer la otra semana.

En ese orden de ideas, ¿qué pasa también con las familias de los líderes? Es una realidad que también les afecta ¿no?

Claro. Algunos también salen del territorio y otros que se quedan empiezan a recibir amenazas. La familia es la parte más difícil de las labores de los líderes sociales. Es una zozobra muy compleja.

Con todo lo anterior, y de acuerdo con todo lo que ustedes han analizado ¿hay alguna idea de quién está haciendo estos crímenes?

Nosotros hemos visto que son diversos autores intelectuales y materiales. Hay asesinatos de líderes sociales que son hechos por paramilitares, claramente. La mayoría, de hecho. Hay otros que son, claramente, hechos por el Ejército y la Policía. Hay otros, algunos, hechos por grupos armados organizados como las disidencias de las Farc, el ELN y el EPL. Y hay otros que se mantienen en la impunidad: o sea, no se sabe quién los hizo.

Desde su punto de vista personal ¿qué tan viable o cercano es que en Colombia un líder social pueda hacer su trabajo con todas las de la ley?

Muy difícil. Todo ha sido un proceso. El solo proceso para que el Estado colombiano reconociera la sistematicidad de los homicidios duró dos años y medio. Creando la normatividad duramos dos años. Ahora no la quieren implementar y no la quieren reconocer. Y el gobierno que tenemos ahora, desafortunadamente, es un gobierno militarista, que no está garantizando los derechos humanos y que desconoce las organizaciones de la sociedad civil.

Entre todos los líderes sociales del país, ¿podría decir si hay algún ejemplo de alguno que ejerza su labor bajo lo ideal: alguien que defienda una causa y tenga un salario por eso, y su familia esté tranquila, y llegue a su casa normal, y tenga una intimidad, y sepa que nadie lo está persiguiendo…? ¿Hay algún ejemplo de eso acá en Colombia?

No.