A través de un oficio, la Sociedad de Activos Especiales notificó a las organizaciones de víctimas la orden de evacuar el inmueble que ocupan desde el 2008 y que otrora era centro de comando paramilitar. Víctimas califican la medida como un “memoricidio”.

 

Por: Pompilio Peña Montoya

Foto: Santiago Hernández, mural dentro del Care.

Este 31 de enero, diez organizaciones campesinas de San Carlos (Antioquia) conformadas en su mayoría por sobreviviente del conflicto armado, que tienen como sede el Centro de Acercamiento, Reconciliación y Reparación (Care), deberán desalojar este lugar en presencia de policía administrativa, según les notificó a las víctimas la Sociedad de Activos Especiales, SAE, el pasado 6 de enero a través de un oficio.

Esta medida, según líderes de víctimas como Fany López Gallego, representante legal de la Corporación para el Desarrollo, la Reconciliación y la Reparación (Redconciliar), significará un “memoricidio enorme”, ya que el Care se ha constituido desde el 2008 como epicentro de actividades en beneficio de la población víctima del conflicto armado, declarado incluso por el Ministerio de Cultura como Casa Comunitaria de la Memoria.

Según el oficio de la SAE, el inmueble, ubicado a dos cuadras del parque principal, está registrado en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Marinilla, y desde mayo del 2005 la Fiscalía 40 delegada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de San Carlos, mediante acta, declaró legalmente secuestrado el citado bien. Tras tomar esta medida, la Fiscalía dejó el edificio a disposición del administrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (Fisco), dependencia de la SAE, entidad que “solicitó el inicio de las acciones tendientes a la recuperación material del bien inmueble (…), indicando que en la visita realizada al inmueble el 12-05-2016, se evidencia que el predio se encuentra ocupado de manera irregular por terceros”.

Los terceros referidos en el documento como ocupantes irregulares, son las organizaciones de víctimas que desde el 2008 han realizado en este lugar encuentros de memoria y reconciliación, han planeado proyectos productivos, y han abierto el espacio a entidades como la Unidad de Víctimas, la Fiscalía, el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y no Repetición, el Centro Nacional de Memoria Histórica y organismos internacionales como la OEA.

Pastora Mira, líder de víctimas de este municipio del Oriente antioqueño, manifestó su preocupación por lo que parece será la pérdida de un espacio simbólico de resistencia y de ejemplo para otras poblaciones que transitan por el camino de rescatar sus memorias: “Desde que supimos de la decisión de SAE el año pasado, de inmediato enviamos derechos de petición a esta entidad, a la Gobernación, a la Procuraduría e incluso a la Alcaldía de San Carlos, en donde expusimos la historia y resignificación que le dimos al lugar las víctimas, con el fin de buscar alternativas. Pero nadie nos respondió, salvo la Alcaldía de aquí, que nos dio cita para el 5 de febrero, cinco días después de que la SAE ejecute su desalojo”, manifestó la lideresa social.

Pastora añadió que, “lo que se rumora, es que el inmueble habría sido rematado y adquirido por alguien más, y el procedimiento de la SAE tendría como propósito entregar el edificio a su nuevo dueño”. Lea también: San Carlos, de pueblo desolado a potencia ecoturística

 

El Hotel Punchiná, otrora lugar del terror

Antes de que fuera conocido como el Centro de Acercamiento, Reconciliación y Reparación (Care), la edificación llevaba por nombre Hotel Punchiná, cuyo dueño, Gabriel Puerta, fue condenado por narcotráfico en mayo del 2009, según documenta Verdad Abierta. A principios del 2000, el edificio fue ocupado por miembros del Bloque Metro de las Autodefensas. Desde allí, el comandante paramilitar Carlos Mauricio García Fernández, conocido como ‘Doble Cero’, daba órdenes a sus hombres para combatir a las guerrillas de las Farc y el ELN y para cometer asesinatos, masacres, secuestros, amenazas y desapariciones de campesinos.

De hecho, según documenta el Centro Nacional de Memoria Histórica, en su peor momento, San Carlos contó con poco más de 5 mil habitantes, luego de que fueron desterrados por el conflicto 19 mil 954 habitantes de esta población. Además, se cometieron 33 masacres, de las cuales los paramilitares fueron responsables de 23. Toda la información sobre estos hechos está guardada hoy en el Care.

Con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en el 2006, organizaciones de víctimas ocuparon el lugar que en la actualidad cuenta con oficinas, invaluables archivos de memoria, imágenes, fotografías, libros y líneas de tiempo que recuerdan una época que no puede volver a repetirse. Este lugar también ha sido resignificado como un lugar de memoria que promueve la construcción de memoria, la reconciliación, la atención psicosocial a las víctimas, el diálogo y la construcción de paz. Por ello es visitado por diferentes públicos que pueden hacer recorridos guiados por las mismas víctimas.

“De hecho ya contamos con cinco salas de memoria. La primera contiene cuadros elaborados por las víctimas; en la segunda sala está la historia de San Carlos a través de un mural; en la tercera está toda la colección de las fotografías de Jesús Abad Colorado y cómo nos visionamos el retorno, el desminado, las exhumaciones, procesos que hicimos durante años para restablecer la confianza en el territorio; en la cuarta sala tenemos los documentos escritos, recortes de periódicos, todos los libros e investigaciones que se han escrito del pueblo, pero también toda la colección de los diferentes procesos de paz, están las líneas de tiempo del conflicto y aportes simbólicos de las víctimas; y en la quinta sala, que fue la maloca donde estuvo el cementerio clandestino, está la sala derechos humanos y justicia transicional”, manifestó Pastora Mira.

Fany López añadió que toda esta memoria, una de las más importantes del país, reconocida incluso internacionalmente, está en riesgo de arruinarse o perderse con la determinación de la SAE, pues no cuentan con un lugar lo suficientemente grande como para guardar todo este material. Por eso afirmó que “para este 31 de enero a las nueve de la mañana, estaremos reunidos los líderes de víctimas en el Care buscando algún tipo de acuerdo con SAE, por lo que estamos a la espera del apoyo de quienes se quieran unir a esta causa”.

Por su parte, la investigadora del conflicto de la Corporación Región, Ana María Jaramillo, quien ha seguido de cerca los procesos desarrollados en San Carlos, manifestó a Hacemos Memoria que “lo que hay que destacar es que es la misma comunidad la que ha recuperado y resignificado este lugar. En torno al Care están articulados factores de resistencia, de respuesta; es un lugar representativo de toda una historia que vivió San Carlos. De tal manera que esa pretensión de terminar de plano con todo lo que ha representado este lugar, es un asunto gravísimo que está claramente enmarcado en una perspectiva negacionista, de desprecio por las víctimas y no reconocimiento por todo el trabajo que se ha hecho en torno”.

Hacemos Memoria quiso conocer la posición de la Alcaldía de San Carlos, pero no fue posible comunicarse con su alcaldesa Luz Marina Marín Daza. De igual forma, este medio quiso indagar más detalles de la decisión tomada por la SAE, pero tampoco fue posible hablar con algún funcionario de esa entidad. No deje de leer: Un viaje por los murales de San Carlos.