Asesinatos, desplazamientos, restricciones a la movilidad y el intento de disidencias de las FARC por carnetizar a la comunidad, son algunas violencias que viven los pobladores. Ante esto, la Comisión y la Gobernación de Antioquia propusieron una Gerencia Integral para el Bajo Cauca.
Por Paula Ruiz Torres
Fotos: cortesía Comisión de la Verdad
El pasado fin de semana, la Comisión de la Verdad (CEV) lanzó un S.O.S por la no continuidad del conflicto armado en el Bajo Cauca debido al recrudecimiento de la violencia. Esto luego de una visita de la Comisión a esta subregión de Antioquia, que tuvo como epicentro el municipio de Caucasia y contó con la participación de líderes sociales, autoridades locales, representantes del sector empresarial y delegados de misiones internacionales de seguimiento al Acuerdo de Paz en Colombia. Todos, convocados a identificar los factores por los cuales persiste el conflicto en este territorio y a proponer acciones que aporten a la superación de la violencia.
El encuentro, que se llevó a cabo el 5 y 6 de noviembre y estuvo encabezado por el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión, y por la comisionada Lucía González, dejó en evidencia la crisis humanitaria que viven los habitantes de esta zona del país por cuenta de la persistencia del conflicto armado, lo que precisamente llevó a la Comisión a lanzar este S.O.S., pues “la gente nos hizo sentir que el conflicto continúa, por supuesto muy diferenciado, pero de manera muy dolorosa”, señaló el padre Francisco de Roux.
Los líderes comunitarios, en vocería del investigador Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), señalaron que el mensaje más urgente es el del recrudecimiento de la violencia en diversas zonas de la subregión y la crisis humanitaria que se está viviendo por cuenta de ello. “Hay una persistencia del conflicto armado en el territorio y observamos que hay un falso triunfalismo por parte de la institucionalidad”, manifestó Zapata, refiriéndose a las declaraciones, hechas en junio de este año, por el ministro de Defensa, Diego Molano, cuando aseguró que el grupo armado ‘Los Caparrapos’ llegó a su fin. Contrario a esta afirmación, “la información que tenemos es que, si bien, ese grupo está fuertemente diezmado, no está acabado y hay algunas células que buscan hacer alianzas con otras estructuras armadas”, reveló Zapata, quien añadió que en las zonas donde ‘Los Caparrapos’ han perdido el control territorial, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) lo han asumido.
De acuerdo con el investigador del IPC, lo que ocurre actualmente en esta subregión obedece a un plan de reacomodamiento territorial entre grupos armados ilegales y del reciclaje de una confrontación, a la vieja usanza, entre grupos paramilitares y grupos guerrilleros, cuyas dinámicas de confrontación continúan atentando contra la organización comunitaria. Según el informe Segregación y vaciamiento, realizado por el IPC y entregado a la Comisión en junio de este año, “desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, y hasta el 31 de diciembre de 2019, fueron asesinados 40 líderes sociales en el Bajo Cauca”.
Panfleto de las disidencias de las Farc que circuló en octubre del 2021 en el Bajo Cauca exigiendo la carnetización de los pobladores.
A estas denuncias, se sumó uno de los líderes comunitarios que pidió permanecer en el anonimato. Esta persona señaló que se viene dando una disputa territorial entre la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo y que integrantes de estos grupos han advertido que “están en modo guerra”, dejando a la población civil en medio de enfrentamientos y fronteras que no pueden ser atravesadas por los pobladores. Indicó también que las tierras están siendo plantadas con minas antipersonal.
Asimismo, esta persona denunció que disidencias del Frente 36 de las FARC han exigido la carnetización de los habitantes en algunas veredas de Cáceres y Anorí para tener mayor control sobre la población y agregó que, a la vez, integrantes del Clan del Golfo advirtieron que quien tenga ese carnet, será declarado objetivo militar. “Estamos en situaciones bastante difíciles y la institucionalidad no se ha pronunciado sobre este hecho”, afirmó. La exigencia del carné, que el grupo disidente llama ‘cédula comunitaria’, se suma a restricciones de movilidad y comunicación impuestas por los actores armados, ya que, según el líder comunitario, “además de la poca señal, ellos (los grupos armados) retienen celulares de las personas y se necesita su autorización para hacer llamadas”.
La presencia del Estado no solo debe ser militar
Los diálogos sostenidos por los diferentes actores del Bajo Cauca durante el encuentro con la Comisión, identificaron el tema de la presencia estatal como uno de los principales factores que mantienen a la subregión en la crisis actual, ya que se ha representado principalmente a través de la Fuerza Pública. “Para el campesino, la fuerza militar no es más que un ente que llega a poner en riesgo la seguridad, no es una presencia institucional. Para nosotros, una presencia institucional son las oportunidades”, señaló Margarita Palacio, integrante de la Asociación Campesina del Bajo Cauca (Asocbac), quien insistió en que la presencia del Estado debe darse desde el territorio, “no desde el escritorio”. A esto, agregó, se suma la profunda desconfianza que tienen las comunidades hacia las instituciones.
Por su parte, Max Yuri Gil, coordinador del territorio Antioquia – Eje Cafetero de la Comisión de la Verdad, indicó que “la presencia del Estado tiene que ser una presencia integral, legal, legítima y que, además, ponga en el centro la implementación del Acuerdo de Paz y la atención a la agenda social que esta zona tiene”.
Durante el encuentro, los participantes accedieron a la cartilla «¿Qué le dijo el Bajo Cauca al país?, publicada por la Comisión de la Verdad en asocio con Rutas del Conflicto y la Fundación Friedrich-Ebert Stiftung en Colombia. La cartilla surgió del encuentro Diálogo para la no continuidad y la no repetición en el Bajo Cauca antioqueño que realizó la Comisión de la Verdad el 20 de noviembre del 2020 en Medellín.
Implementación del Acuerdo de Paz
Al tema de la presencia estatal, se suma la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 por el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), especialmente en el punto uno correspondiente a la reforma rural integral y, en este caso particular, en lo relacionado con la titulación y la propiedad de la tierra en el Bajo Cauca.
Refiriéndose a este tema, otro líder social de la región, quien también pidió la reserva de su nombre, afirmó que es necesaria la formalización y el acceso a las tierras para que se garantice el bienestar y el desarrollo de las personas. Y denunció que el acaparamiento de tierras persiste como problemática central en el Bajo Cauca. De hecho, según el informe Segregación y vaciamiento, la iniciativa privada ha crecido en la ocupación formal del territorio: “el caso del municipio de El Bagre es bastante ilustrativo, ya que en toda la ribera del río el propietario es Mineros S.A., otra parte es reserva forestal por la Ley 2 de 1959 y la restante, baldíos de la Nación, pero nada es propiedad formal de las cerca de 60.000 personas que en la actualidad habitan este municipio”, precisa el documento.
El padre Francisco de Roux, director de la Comisión de la Verdad, lideró esta visita de la Comisión de la Verdad al Bajo Cauca.
Por otra parte, la ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) también ha sido problemática. Según la lideresa campesina, Margarita Palacio, “no se están tomando en cuenta las recomendaciones comunitarias”. Afirmación con la que coincidió Luis Cardona, líder del pilar 8: Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz del PDET del Bajo Cauca, quien indicó que “hace falta la apropiación de los PDET por parte del territorio y es absoluta responsabilidad nuestra como institución”.
En cuanto al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) contemplado en el punto 4 del Acuerdo de Paz, Palacios sostuvo que “a la comunidad se le ilusionó y al Estado le ha faltado compromiso para cumplir lo que le prometió al campesinado en el tema de sustitución”.
El Bajo Cauca tendrá una gerencia de seguridad humana
“A solicitud de esta mesa plural de organizaciones y múltiples sectores, el gobierno departamental acepta la propuesta de instituir una Gerencia Integral en el Bajo Cauca”, informó al cierre del encuentro la comisionada Lucía González y agregó que la propuesta nace con la idea de construir paz, atendiendo a la necesidad de que la presencia del Estado no se dé solo a través de la fuerza pública, sino como un asunto integral de desarrollo para el Bajo Cauca.
Mediante comunicación con el padre Francisco de Roux, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, designó como líder de la Gerencia al exgobernador encargado, Luis Fernando Suárez, “él va a ser el hombre responsable que le va a poner todo el empeño y todo el corazón al Bajo Cauca”, precisó el mandatario. Tras conocer este anunció, los diferentes sectores que acudieron al evento aplaudieron la propuesta y señalaron la importancia de un trabajo articulado entre las entidades gubernamentales y la comunidad.
Francisco de Roux, director de la Comisión de la Verdad, junto a la comisionada Lucía González.
A la par con esta iniciativa, durante el encuentro surgieron otras propuestas con las que los actores sociales, políticos y empresariales del Bajo Cauca esperan enfrentar la violencia. Al respecto, el padre Francisco de Roux destacó la capacidad propositiva de las personas que participaron en estas jornadas lo que, según él, demostró un amplio y profundo conocimiento sobre las dinámicas de su territorio.
Entre las propuestas que surgieron para el territorio está la creación de una política de seguridad integral centrada en la seguridad de las personas que involucre estrategias de negociación y de sometimiento a la justicia de los grupos armados. Asimismo, está la necesidad de continuar los diálogos de paz con el ELN, asunto que propusieron distintas organizaciones sociales; la posibilidad de crear estrategias de protección especial para jóvenes y grupos étnicos, los cuales están siendo vinculados a las dinámicas del conflicto; la necesidad de que se reconozca la diversidad étnica en esta subregión para contrarrestar la segregación racial que viven algunos de sus habitantes; y la necesidad de que el Bajo Cauca sea reconocido como parte de Antioquia, porque “nos sentimos como un territorio de nadie”, señaló una de las lideresas de la subregión que pidió mantener en reserva su identidad.
Otro de los puntos mencionados fue el del desarrollo económico y la necesidad de que se trascienda de la dependencia minera, porque “el camino no es la minería. A Colombia hay que liberarla de la minería”, sentenció el padre de Roux, quien, finalmente, instó a la comunidad a que “no le entreguen la agenda de esta subregión a nadie, menos a ningún actor armado. La agenda debe mantenerla la sociedad civil y llamar al Estado a hacerse presente”.
Al término del evento, la Comisión de la Verdad se comprometió a acompañar el inicio de la Gerencia Integral para el Bajo Cauca y a incluirla como legado en las alianzas que dejará, después de entregar su informe final, que según anunció el padre de Roux, se hará una semana después de la segunda vuelta electoral del próximo año.
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