En Guatemala, el respeto a los acuerdos de paz ha sido casi nulo: Katia Orantes

Según la periodista e investigadora guatemalteca Katia Orantes, los documentos del archivo de la policía de Guatemala constatan la participación de policías, militares y funcionarios estatales en hechos de violencia en medio del conflicto armado en ese país.

Por: Estudiantes del curso Periodismo y Memoria[*]

Foto: archivo Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas de Guatemala

Desde 1962 hasta la firma del acuerdo de paz en 1996, Guatemala vivió un conflicto armado que dejó como resultado alrededor de 200 mil víctimas, entre ellas 45 mil personas desaparecidas, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).

En este país centroamericano, los diarios y el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, que fue descubierto en 2005, han tenido un lugar relevante en los procesos de verdad y justicia relacionados con casos de asesinatos, violaciones a los derechos humanos y desapariciones forzadas.

Para conocer más sobre la importancia de los archivos históricos en el esclarecimiento de la verdad y en la reparación de las víctimas en el caso de Guatemala, hablamos con Katia Orantes, periodista e investigadora que trabajó en el archivo de la policía aportando a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

Katia, empecemos hablando del Diario Militar de Guatemala ¿Qué documento era ese?

Ese documento, que se hizo público en 1999, tenía una sistematización de nombres y datos de personas asesinadas, desaparecidas y sobrevivientes.

Gracias a las investigaciones que pudimos realizar, encontramos códigos dentro del diario militar que hacen referencia a asesinatos; por ejemplo, “se lo llevó Pancho” significaba “murió en el lugar”. Este documento fue desclasificado por Kate Doyle, ella trabajaba en los archivos de la National Security de los Estados Unidos. Entender el diario militar pudo ayudar a la identificación de muchas personas.

¿Cuál es la importancia de estos documentos para la búsqueda de personas desaparecidas?

Los documentos nos permitieron unir información y datos que nos llevaron a localizar personas. En Guatemala, la mayoría de los casos están centrados en encontrar gente fallecida, pero a través de un proceso de investigación pudimos encontrar personas vivas. Uno de los casos que recuerdo fue el de una mujer que sufrió violencia sexual, estuvo retenida durante casi un año en una base militar y estaba embarazada. Sus hijos no conocieron a su papá, pero gracias al archivo lo vieron por primera vez en el Diario Militar. Fue muy impactante.

Mi papá es parte de los que aparecen en el Diario Militar. Fue muy impresionante saber que todos los datos registrados eran reales. Nosotros, a diferencia de mucha gente, tuvimos la triste suerte de encontrarlo; sabíamos el lugar donde había sido ejecutado, el lugar donde dejaron su cuerpo, y esto te da cierta certeza. Aunque para muchas personas eso significa abrir nuevamente la herida.

¿De qué manera los documentos han contribuido en el esclarecimiento judicial de casos relacionados con el conflicto armado?

En Guatemala, parte de la dinámica de la desaparición forzada es despistar y trasladar los cuerpos de un lugar a otro. Además, una de las principales dificultades es que no existe un patrón específico, la mayoría tienen destinos totalmente diferentes. Entonces, en las investigaciones sobre desaparición forzada pensábamos que podíamos agarrar fechas y hacer cruces, pero muchos familiares ni siquiera saben exactamente el momento de la desaparición. Todos estos factores crean más dificultades a la hora de buscar.

Si no hay documentación, prácticamente es imposible. A través de los procesos de investigación se puede llegar a contribuir a búsquedas y procesos de justicia, porque, aunque existen herramientas importantes como el ADN, hay que esperar mucho tiempo para que se confirme una coincidencia.

En 2005 se localizó el Archivo Histórico de la Policía Nacional, que ha permitido investigar muchos casos ¿Cómo fue ese hallazgo?

Cuando el archivo histórico se encontró, fue prácticamente de casualidad. La Procuraduría de Derechos Humanos fue a la oficina de la Policía y encontraron unas torres de muchos papeles dejados en el olvido. En ese momento, Gustavo Meoño fue nombrado director de ese archivo y se hizo un trabajo impresionante de sistematización, captación de imágenes y organización del archivo; la digitalización de los documentos era algo que no se podía evitar porque estaban en un estado lamentable.

Mi trabajo con el archivo de la policía consistió en revisar los álbumes fotográficos donde se recopilaba información. Estos documentos han tenido una importancia fundamental para la historia de la justicia en Guatemala, porque a través de ellos se han realizado peritajes que han sido determinantes en caso de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.

Gustavo Meoño dejó de trabajar en el archivo en el año 2018 por situaciones de bastante presión política, aun así, el archivo continúa, aunque con un acceso bastante limitado. Para cuando yo dejé de trabajar en el archivo se habían tomado las imágenes de 23 millones de documentos y se calcula que hay unos 65 millones de documentos que datan de 1895 a 1996.

¿Cómo funcionaba el registro de casos en ese archivo?

La policía registraba las capturas, los hechos violentos, vigilaba y sistematizaba la información de personas. Por medio de la investigación logramos evidenciar cómo desde los años 70 en Guatemala la policía realizaba persecución a las personas, principalmente a miembros de la comunidad LGBTI. Llevaban fichas de cada persona con los delitos o las acciones políticas que realizaban. Por ejemplo, en una de las fichas consignaban como delito el ser homosexual, además de la acusación, la policía hizo prácticamente un álbum de fotos de una chica trans.

¿Cómo fue la recepción de la gente del Diario Militar y del archivo de la policía?

Creo que hacer público el Diario Militar tuvo varios impactos, primero para las familias porque muchas no sabían qué había pasado. Para mucha gente fue poder confirmar qué podía haber pasado con sus familiares; algunos ni siquiera sabían que sus hijos estaban involucrados en temas políticos, simplemente no supieron más de ellos.

Y, ante la opinión pública, la verdad es que estos temas siempre tienen esa doble cara: el Estado se negó, dijo que era un documento armado, que las mismas organizaciones lo habían hecho, a pesar de que era National Security de los Estados Unidos la entidad que lo había desclasificado, pero durante mucho tiempo trataron de deslegitimarlo.

En Guatemala todavía hay mucha criminalización y muchos mitos con relación a esto. Entonces, el impacto que tiene el archivo histórico es darle validez a lo que se ha denunciado. Muchas veces la Comisión para el Esclarecimiento Histórico le solicitó información a la policía y la negaron. Creo que en todos los países, principalmente estas instituciones militares, hacen la recopilación y sistematización de su información, pero lo difícil es encontrarla y leerla en el contexto correcto.

¿Qué otros documentos de recuperación de memorias se han trabajado en Guatemala y qué ha pasado con ellos?

Tenemos dos fundamentales: el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y la publicación del informe de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi). Este último marcó la historia de Guatemala. El Remhi es el informe realizado por la iglesia guatemalteca, monseñor Juan José Gerardi tomó la iniciativa de recopilar testimonios de parte del conflicto, vio la realidad, trabajó con comunidades indígenas y realizó un documento de cinco volúmenes; una parte con testimonios y otra de análisis político.

Luego, cuando empezaron las negociaciones y se firmó la paz, se creó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico con una comisión internacional que recopiló testimonios de víctimas. En este informe se reflejó que más o menos el 95 por ciento de los crímenes fueron cometidos por el ejército y las autoridades.

Con el informe de la Comisión se tuvo la posibilidad de visibilizar, sistematizar y plantear responsabilidades gracias a los testimonios y los datos recopilados. Actualmente es un documento de referencia. El Remhi es un informe que da vida, la diferencia entre los dos informes es que el Remhi cuenta las historias de una manera muy fría, los testimonios de verdad te dejan frío.

Han pasado 25 años desde el acuerdo de paz ¿Qué avances hubo en cuanto a la justicia y la reparación a las víctimas?

Yo creo que el balance no es alentador como quisiéramos, el respeto a los acuerdos de paz ha sido casi nulo, poco a poco se han diluido. Realmente creo que han sido instituciones, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos las que han hecho el esfuerzo de búsqueda. En Guatemala no hay una comisión nacional de búsqueda de desaparecidos. A pesar del trabajo de la Fundación de Antropología Forense que ha encontrado cientos de personas víctimas de desaparición forzada, el Estado no tiene una comisión propia y eso hace que se dificulten los procesos.

En Guatemala, lamentablemente, indigna más la corrupción que una masacre. Si hay una masacre de una población indígena, pues dicen que seguro en algo estaban metidos. Hay un proceso de criminalización institucionalizado. Mucha gente estaba pendiente de lo que pasaba con jóvenes detenidos y otro montón de gente diciendo que quién sabe qué estaban haciendo ahí, «para qué se meten, se deberían quedar en su casa». Esa cultura de criminalización el Estado la mantiene bastante vigente.

 

 

*El curso Periodismo y Memoria es ofrecido en el pregrado de Periodismo de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia y está a cargo del profesor Víctor Casas, coordinador de Hacemos Memoria. Esta entrevista es producto de la interacción virtual de los estudiantes con Katia Orantes, quien participó en una sesión de clase.