Para Botero, quien fue relatora especial para la libertad de prensa de la CIDH, es fundamental entender lo que pasó en Colombia, rescatar el derecho a la memoria, reivindicar a las víctimas y evitar que se repita la violencia.

 

Por: Comisión de la Verdad

Foto: CIDH

En diálogo con Hablemos de Verdad, Catalina Botero, especialista en Derecho Constitucional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Justicia Transicional, quien fue relatora especial para la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que la Comisión de la Verdad en Colombia es fundamental para entender lo que pasó, más en un país donde, dijo, han existido odios heredados y es necesario unir retazos para comprender el pasado de violencia. En este contexto, agregó la abogada, el periodismo debe explicar mejor el mundo en que vivimos y no generar más ruido.

Hablemos de Verdad es un espacio que amplía las conversaciones necesarias alrededor de la tarea de la Comisión de la Verdad. En este espacio, diferentes voces nacionales hablan sobre lo que espera el país del informe final, las verdades que se necesitan, los retos para construir un relato nacional sobre el conflicto armado y la verdad para otros futuros posibles. Si bien las personas entrevistadas contribuyen a un debate amplio y pluralista, sus respuestas no son reflejo de la posición de la Comisión de la Verdad.

 

¿Qué significa ser designada por Facebook como codirectora del Comité Asesor de Contenidos?

Nosotros no trabajamos con ni para Facebook. Somos una especie de órgano de supervisión externo. Es como si los medios de comunicación tuvieran a una persona fuera del propio medio. Somos una entidad que trabaja por fuera y estudia si algunas decisiones a través de las cuales Facebook ha sacado de su plataforma cierta información son compatibles con los estándares comunitarios de Facebook, con el derecho a la libertad de expresión y con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Infiltramos el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la protección del derecho a la libertad de expresión en el proceso de toma de decisiones de los casos más significativos y más difíciles, en los que Facebook ha decidido excluir un contenido de su plataforma.

¿Cuál es el sentido de una Comisión de la Verdad en tiempos de posverdad, de noticias falsas? ¿Cuáles son sus retos?

¡Es indispensable! En tiempos de posverdad todas las versiones circulan, incluso aquellas que no tienen un fundamento empírico, no están fundadas en evidencia o ni siquiera son razonables. Eso está permitido en una democracia. Y por eso es tan importante que existan instituciones como la Comisión de la Verdad, para que, con instrumentos metodológicos rigurosos, serios y ponderados, logren rescatar distintas versiones que nos permitan construir fragmentos de nuestra historia de manera razonable y con fundamento en metodologías rigurosas. Ahora más que nunca es indispensable que existan este tipo de instituciones.

¿Cuál cree que es el desacuerdo central entre los colombianos, sobre lo relacionado con el conflicto armado y el proceso de paz?

Es muy difícil dar una respuesta corta. Hay un libro muy bonito que acaba de salir, de Mauricio García Villegas, que se llama El país de las emociones tristes. Muestra cómo las distintas generaciones en Colombia hemos heredado odios pasados. Por otro lado, el Estado, en la mayoría de las oportunidades, se ha encargado de avivar esos odios. Ahora estamos en un momento en donde parece políticamente rentable generar esas emociones tristes: la rabia, la decepción, la frustración, el miedo. A partir de la generación de esas emociones y de heredar esos odios ancestrales, no podemos ponernos de acuerdo en un relato. Para algunos, un grupo de colombianos es de héroes, y para otros es de bandidos, sinvergüenzas, narcoterroristas, paramilitares o cualquier adjetivo que quiera ponerle. Yo creo que parte de la tarea de la Comisión es tratar de tomarse en serio todas esas versiones y responderlas con argumentos sólidos, para que quien esté dispuesto a oír, a pensar, a hablar, pueda revisar ese informe y de pronto tenga emociones más sosegadas y comprenda que ver el país a partir de esas emociones tristes, de los odios, de los resentimientos, de la rabia, del miedo, no nos va a permitir encontrarnos y tener un relato que podamos compartir relativamente —no hay que compartirlo ciento por ciento—. Y para eso es importante tomarse en serio todas las versiones, particularmente las de quienes han sufrido los efectos de esta guerra.

Como relatora especial para la libertad de prensa, ¿cuáles cree que fueron las afectaciones a este gremio?

En Colombia, durante todo el conflicto armado, incluso en este momento, hay zonas que tienen una especie de block out informativo, que la Relatoría de Libertad de Expresión llamó “zonas o territorios silenciados”. Eso pasa porque las organizaciones criminales necesitan clandestinidad. Cuando deciden mandar mensajes de terror, escogen cómo hacerlo, como los desmembramientos públicos, para que el pueblo pueda verlos. Pero no les interesa demasiada publicidad, no les interesa que investiguen lo que están haciendo, que se hable de las rutas del narcotráfico o de la cooptación de instituciones públicas, que es un elemento central del conflicto armado. Necesitan clandestinidad para poder operar y tener el control total del mensaje, así que atacan a los medios de comunicación, amedrentan a los periodistas independientes, los expulsan de la zona o los asesinan, y ningún periodista de las ciudades puede ir a hacer esa investigación sin que corra riesgo su propia vida. El Estado no ha generado suficientes medidas de protección para que la prensa pueda hacer su trabajo. Eso es gravísimo, porque muchas veces la prensa, y lo estamos viendo en Colombia muy recientemente, es la que logra investigar los hechos para crear la hipótesis sobre la cual después la justicia entra a operar. La justicia entra a operar con unos mecanismos muy robustos de debido proceso, de protección de derechos fundamentales, a partir de las hipótesis que le da la prensa. El daño que el conflicto armado, los señores de la guerra, los actores armados, los grupos criminales —porque acá hay muchas violencias— le han generado a la libertad de expresión es todo, porque las “zonas de silencio” son zonas de total impunidad.

¿Por qué cree que es importante esclarecer patrones, como el del silenciamiento, por ejemplo?

Para poder entender lo que pasó, para poder rescatar el derecho a la memoria, para poder reivindicar a las víctimas y para poder evitar que vuelva a pasar. Por lo menos por esas cuatro razones, el trabajo de la Comisión de la Verdad es absolutamente fundamental.

Hablemos del rol de los periodistas en la justicia transicional.

Yo creo que el rol de la prensa, en general, es el de tratar de hacer un periodismo serio, riguroso, sosegado, que explique mejor el mundo en que vivimos y no que genere más ruido. El ruido, nuevamente lo digo, está permitido en una democracia, porque ¿quién sería el encargado de decidir qué es ruido y qué no es ruido? Eso es muy peligroso. Pero creo que el periodismo de verdad, profesional, serio, tiene la tarea de tratar de transmitir esos hallazgos, como, por ejemplo, la identificación de esos patrones al público que no tiene tiempo de leer grandes informes o que está bombardeado por desinformación o por información sesgada, teñida de esas emociones tristes. Para mí, la tarea del periodismo es separar la paja del heno.

¿Qué espera del informe final?

Que a partir de una metodología seria, que es la que yo creo que la Comisión está empleando de manera cuidadosa, tome en serio las distintas versiones y logre ofrecernos un panorama. Coger todos esos retazos que son tan difíciles de unir y ofrecernos un panorama para poder entender mejor la tragedia por la que pasamos, las razones por las cuales se produjo esa tragedia. Que logre reivindicar los derechos de las víctimas, reconocerlas como víctimas, reconocer que sus derechos fueron vulnerados, que el Estado fue el responsable de buena parte de esas vulneraciones, y también explicar dónde están los otros responsables, las FARC, los grupos paramilitares, de manera tal que podamos adoptar medidas que reparen un poco a las víctimas y que nos permitan encontrarnos con nosotros mismos para tratar de evitar que esto vuelva a suceder. Es difícil, porque hay mucha gente que parece no estar dispuesta a enfrentar lo que pasó, que parece que solo estaría dispuesta a aceptar una versión que se corresponda con sus intereses, así sea imposible demostrar esa versión. Y parece que esas personas están dispuestas a usar todo su poder para impedir que otras versiones puedan circular y que su propia manera de ver el país pueda ser puesta en duda. La Comisión se va a enfrentar con versiones que van a intentar desacreditarla y estigmatizarla. Creo que hasta ahora lo ha hecho muy bien, de manera tranquila; no se ha subido al ring, lo ha manejado científicamente: nadie ha podido cuestionar la metodología de la Comisión, que se ha entrevistado con actores de todas las orillas en este conflicto armado tan duro, que tiene no solo actores políticos, sino de distinta naturaleza. Y aunque no es fácil cuestionarla, estamos en un momento donde el rigor no parece ser muy valorado. Yo creo que ese es el desafío más importante.

¿Cómo evalúa usted estos años de posacuerdo? ¿Qué balance puede hacer de los avances en materia de justicia transicional?

Primero, déjeme decirle desde dónde hablo. Yo soy una persona que cree que la mejor manera de terminar el conflicto armado era a través de la negociación, y que en la negociación uno tiene que renunciar a ciertas cosas para lograr otras. Ningún acuerdo de terminación de conflicto es completamente bueno, pero este me parece razonable. La propia Corte Penal Internacional ha sostenido que esto está mostrando que es posible terminar un conflicto armado con un acuerdo, incluso en circunstancias tan difíciles como las de Colombia, donde el acuerdo no termina la violencia. Hay muchos países en donde el acuerdo termina la violencia porque los únicos actores que ejercen la violencia son los que están pactando la no violencia. En Colombia eso no pasa, pero desde el punto de vista del derecho comparado y de política comparada, yo no encuentro otro mejor que el que se hizo en Colombia, así haya cosas que no me gustan. Me parece que todo el trámite ante la Corte Constitucional, la primera parte de la implementación, fue dificilísima, pero sus decisiones ayudan a darle solidez al proceso. Luego entran a operar las distintas instituciones del Sistema Integral. La Comisión de la Verdad, en particular, ha sido objeto de muchos ataques y ha sido muy cuidadosa en no responderlos inadecuadamente. El momento más difícil va a ser el de la presentación del informe: van a aparecer esas rabias, los miedos, los temores, la necesidad de desacreditarlo, personas que no van a estar de acuerdo con lo que diga el informe.

A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por otro lado, le costó mucho trabajo arrancar, porque empezó sin normas que reglamentaran su procedimiento interno. Luego, ese procedimiento interno lo objetó el Presidente de la República. La JEP ha tenido muchos tropiezos desde afuera, que le han impedido avanzar. Creo que la anterior Fiscalía General de la Nación tuvo un comportamiento muy inadecuado con la JEP, no le mandó información que necesitaba para poder tomar ciertas decisiones y contribuyó también a un descrédito, yo creo que inmerecido. No es fácil esclarecer y tomar decisiones de un conflicto armado de cincuenta años con macrocasos de decenas de miles de víctimas en pocos meses. Si ustedes miran, los casos ante la Corte Penal Internacional toman tiempo. Esto no puede hacerse como un proceso expedito para declarar responsabilidades sin oír a todas las víctimas, sin permitir que haya unas versiones que son fundamentales para la reconstrucción de lo que pasó, y sobre todo sin un diseño institucional adecuado, que era lo que no tenían, porque el Congreso no lo había sacado. Eso ha hecho que la JEP no haya tomado decisiones sustanciales hasta este momento. Hay algunos autos que son muy importantes, pero eso ha hecho que no haya condenas, por decirlo de alguna manera. Hay muchas críticas porque la JEP no ha producido victorias tempranas, pero creo que el año entrante habrá decisiones sustantivas sobre los temas que nos importan, como qué tipo de sanciones y medidas de reparación se van a imponer para lograr avanzar en la satisfacción de los derechos de las víctimas.

¿Quiere decir algo más sobre la Comisión, sobre la verdad?

Les tengo un profundo agradecimiento por todo lo que han hecho. Creo que no ha sido fácil; es un país fragmentado. Las personas de la Comisión han sido objeto de ataques absolutamente injustos y, sin embargo, han hecho su trabajo sin subirse al ring. Confío en que, con los instrumentos metodológicos que están adoptando, tengan la claridad de juicio de recoger todas esas versiones y traten de hacer un informe que sea reconocible, particularmente por quienes sufrieron los efectos de este conflicto, y que nos ayude a entendernos para que, cuando exista una mejor coyuntura, podamos ponernos todas y todos de acuerdo en que tenemos que estar de un solo lado cuando hablamos de la paz y de la necesidad de restablecer los derechos de las víctimas. Y que el informe ayude, por ejemplo, a que el Gobierno implemente políticas públicas, a que alcaldes y gobernadores implementen políticas públicas, a que el Congreso adopte legislación que reconozca esos hechos y que tienda, nuevamente, a reparar a las víctimas y a evitar que esto vuelva a pasar. No tengo palabras sino de agradecimiento con la Comisión por el trabajo que están haciendo por este país.

 

Esta entrevista fue publicada originalmente el 4 de diciembre de 2020, aquí.