El archivo recopilado por la Comisión de la Verdad en Colombia completó más de 13 mil entrevistas, 500 informes y 372 bases de datos. Aunque una parte de la información debe permanecer resguardada, por su carácter de reserva, otra podría estar a disposición del público.

 

Por: Pompilio Peña Montoya

Foto: Comisión de la Verdad

El enorme volumen de información con que ha contado la Comisión de la Verdad en Colombia para la escritura de su informe final, que debe ser entregado en noviembre de este año, constituye para César Osorio Sánchez, miembro de la Red Americana de Investigación-Acción, un patrimonio nacional para la exigencia de derechos humanos, una herramienta para recuperar las memorias de las víctimas, y un modo de luchar contra la impunidad.

Estos aspectos presuponen retos para la Comisión porque en el país persisten modalidades de violencia y negacionismo que demandan de la entidad no solo un informe riguroso, sino también un cuidado especial del archivo recolectado para que perdure en el tiempo, sea consultado e interrogado y, sobre todo, sirva a los intereses de las víctimas del conflicto, agregó el experto quien participó en el conversatorio “Memorias futuras: el archivo de la Comisión de la Verdad”, realizado el 19 de mayo de 2021 por la Comisión de la Verdad y la línea de investigación Memoria y Sociedad de la Universidad de Antioquia.

Para que el archivo de la Comisión pueda servir a las víctimas y a la sociedad en general es necesario que haya políticas claras de accesibilidad y que se priorice la garantía de que se resguardará la identidad de quienes dieron información y quieren permanecer en el anonimato, advirtió César Osorio, quien explicó que “habitualmente se ubican los aportes de las comisiones de la verdad en sus informes, cuando en realidad, además de ello, el archivo reunido debe ser considerado como una contribución a la realización del esclarecimiento de la verdad”; una verdad que en Colombia es negada, silenciada y minimizada por un sector de la población, revictimizando a aquellas personas que padecieron algún tipo de hecho violento en el marco del conflicto armado, anotó el investigador en memorias, archivos y justicia transicional.

Osorio añadió que “en los principios internacionales de lucha contra la impunidad, se dice explícitamente que junto al derecho a la verdad está el deber de recordar de los estados, es decir, los estados deben generar políticas para que estos eventos de barbarie no se olviden y un aspecto esencial es la conservación de los archivos, como un modo de luchar contra la impunidad”.

Hasta el momento, el material archivístico de la Comisión está compuesto por 13.225 entrevistas que están siendo transcritas (en promedio una hora y 40 minutos de duración por cada entrevista), las cuales fueron concedidas por toda clase de actores a lo largo del territorio nacional, así como por personas que residen en otros países, en cuatro continentes, la mayoría de ellas exiliadas. Además, la entidad recibió cerca de 500 informes y casos de diferentes organizaciones de víctimas, defensoras de derechos humanos y entidades del Estado, y recaudó 372 bases de datos con cifras y estadísticas alusivas al conflicto armado.

Una vez dado a conocer el informe final, que será de dominio público, el material de archivo será resguardado por una entidad depositaria que está por definirse, según lo indicó Diana Britto Ruíz, directora del área de Conocimiento de la Comisión, la cual tiene a su cargo los equipos de investigación y el Sistema de Información Misional que contiene todos los archivos.

Diana Britto, quien también participó en el conversatorio, indicó que la entidad depositaria del informe y el material de archivo deberá encargarse de permitir que gran parte de este material esté a disposición del público, con preferencia a las víctimas. Este material primario, por completo digitalizado, estará regido por una política de accesibilidad creada por la misma Comisión, esto es, definir quiénes y en qué condiciones pueden acceder a los archivos y la información, entre otras cosas porque en un contexto como el que vive Colombia, será necesario en algún momento acceder a la fuente. Lo que se busca es que los archivos sirvan a las víctimas en sus procesos, así como a los investigadores y demás, lo que convierte al archivo en una fuente de nuevos conocimientos.

Es por ello que el reto más grande del área encargada de los archivos de la Comisión, delegada a su vez de categorizar y clasificar el material a partir de una serie de criterios ya establecidos, es mantener el anonimato de ciertas fuentes y apartes de relatos sensibles, en aras de permitir el acceso a la mayor cantidad de documentos posibles. Pero según Andrés Medina, experto en metodologías de investigación cuantitativa en ciencias sociales e investigador de la Comisión, quien también participó en el conversatorio, el proceso “no es sencillo y debemos revisar los acuerdos de confidencialidad, los acuerdos firmados con las diferentes fuentes e instituciones, y estamos en ese proceso”.

El asunto de los archivos con carácter de reserva es tan valorado dentro de la Comisión que incluso ahora, cuando se está analizando el material para la creación del informe, no todos los investigadores y jefes de áreas tienen acceso a la totalidad del material recolectado, puesto que incluso se maneja información de inteligencia y contrainteligencia de diferentes organismos de seguridad del Estado colombiano, así como de victimarios en hechos victimizantes puntuales, anotó Andrés Medina.

Para no dar un paso en falso frente al compromiso de la Comisión de permitir que la sociedad conozca la mayor cantidad de información contenida en los archivos Marta Lucía Giraldo, docente de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, resaltó, en entrevista con Hacemos Memoria, que hay que estudiar casos desafortunados de comisiones como los ocurridos en Guatemala y Chile. “En el caso de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala, se terminó el mandato en 1999 y la decisión fue que el archivo quedara clasificado como secreto y fuera a reposar a la sede de Naciones Unidas, para ser abierto al público en el año 2050. Esto implica que más allá del informe que hizo la Comisión no se puede hacer consulta del archivo, se obstaculiza el acceso a la verdad y a la justicia, se impide la construcción de nuevas narrativas a partir de lo consignado en el archivo. Además, implica que no se puede examinar el trabajo de la Comisión, cómo estuvo estructurado, cómo funcionó, entre otras cosas”.

Algo similar ocurrió con la comisión Valech en Chile. Esta terminó su mandato y la documentación también quedó clasificada. Pero en Chile la sociedad civil se organizó para exigir la desclasificación de esos archivos. “Existe un proyecto que se llama Desclasificación Popular y es organizado por el artista Francisco Papas Fritas quien se propone, mediante una serie de demandas jurídicas, solicitar que las víctimas que dieron su testimonio puedan tener acceso a sus propias declaraciones. Esa desclasificación ha sido tortuosa por toda la burocracia de la tramitología”, afirmó Marta Lucía Giraldo, quien añadió que se puede considerar positivo lo que ocurrió con la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú: “Esta terminó su mandato y su archivo fue trasladado a la Defensoría del Pueblo, se creó el Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos que se encarga del archivo. Aunque es una entidad pública hasta el momento se ha garantizado el acceso”.

Frente a este caso, César Osorio afirmó que “la política de acceso es muy compleja, pero es un ejercicio necesario en su publicidad, entre otras cosas porque en Colombia la ley de acceso a la información pública establece que tratándose de graves violaciones a los derechos humanos no pueden oponerse reservas legales, cuando se trata de información aportada por las víctimas”. Eso implicaría que esa información delicada, que estará dentro del módulo que almacenará los datos, debe ser clasificada con claridad y no debe ser divulgada, dados los riesgos a la vida y la integridad de la persona o comunidad que pidió algún tipo de reserva de su identidad o de la historia que contó.

Considerando lo anterior, la entidad destinataria del archivo de la Comisión tendrá que contar con un complejo sistema, un software diseñado a manera de buscador que contará con herramientas básicas de categorización para hacer la búsqueda más sencilla. “A esto hay que decir que se ha seguido avanzando en la producción de información analítica, que sirva como sustento para la investigación a través de un portal geo estadístico, tableros de visualización de datos de los corpus más importantes de datos estructurados que, a su vez, permiten navegar dentro de los datos y obtener estadísticas y filtros básicos sin mayor conocimiento de estadística, sino simplemente haciendo unos clics”, indicó Andrés Medina. Estos recursos también quedarán al servicio del público una vez el informe final sea entregado y la Comisión defina la política de accesibilidad que regirá su archivo.

Para Diana Britto, la usabilidad de la información es importante porque garantiza que personas de todas las edades y condiciones accedan y entiendan lo consultado. La funcionaria añadió que una tarea que sigue, tras la entrega y socialización del informe final a la ciudadanía, es continuar generando información que quede en un formato electrónico compatible con la mayor cantidad de dispositivos posibles, esto porque el objetivo es apelar a la sensibilidad, a la vivencia de las personas, para generar empatía con las víctimas del conflicto, quienes por años han vivido al margen de garantías sociales de parte del estado, donde su estabilidad emocional y física se ha visto gravemente comprometida por hechos como el homicidio, la tortura, la humillación, el desplazamiento, la amenaza y la revictimización. Esto con el fin último de que la sociedad colombiana no permita que este tipo de hechos de violencia se repitan y corte así la espiral del conflicto para construir un país más justo y equitativo.

Por su parte, Marta Lucía Giraldo instó “a la sociedad civil a pensar el archivo,  legado de la comisión, como un bien común que es preciso defender. La existencia del archivo sirve para que las graves violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, cometidas en el marco del conflicto armado interno, se conozcan y no queden en la impunidad”.