Medellín, 7 de mayo de 2021

Comunicado

El 7 y 8 de junio de 1929 un grupo de estudiantes, liderados por Gonzalo Bravo Pérez, marchó por las calles de Bogotá para expresar su indignación por la masacre ocurrida en diciembre de 1928 en Ciénaga, Magdalena, la cual conocemos en la historia del país como la Masacre de las Bananeras. En el segundo día de protestas, cerca de la Casa de Nariño, la Policía disparó contra los manifestantes. El líder, Gonzalo, fue asesinado. Este es el primer registro que se tiene del asesinato de un universitario en medio de una manifestación pública.

El 8 de junio de 1954, durante la dictadura del general Rojas Pinilla, en Bogotá otra vez universitarios salieron a las calles a recordar los sucesos ocurridos en 1929. Nuevamente, policías dispararon para disolver a los manifestantes, asesinaron a Uriel Gutiérrez, estudiante de filosofía y medicina de la Universidad Nacional. Al día siguiente, el 9 de junio, una marcha en la que participaron 10 mil estudiantes indignados por la muerte de Uriel fue atacada por tropas del Ejército: 9 personas fallecieron por las balas de los militares y otras 25 resultaron heridas.

A finales de mayo de 1969, estudiantes de la Universidad de Antioquia, nuestra casa, promovieron una jornada de protestas en rechazo a la visita de Nelson Rockefeller, entonces gobernador de Nueva York quien viajó por América Latina en una misión que le encargó el cuestionado presidente Richard Nixon. En las manifestaciones, la Fuerza Pública asesinó a Luis Alfonso Muñoz Zapata, dejó decenas heridas y más de 120 estudiantes fueron detenidos.

En 1971, el Ejército y la Policía detuvieron a 650 estudiantes de nuestra universidad y luego varios de ellos fueron juzgados en consejos de guerra, establecidos durante el Estado de Sitio que declaró el entonces presidente Misael Pastrana Borrero.

Años después, durante las jornadas de protesta ocurridas en desarrollo del Paro Cívico de 1977 —convocado por centrales obreras, estudiantes y algunos partidos políticos para reclamar mejores condiciones laborales y respeto a los derechos humanos— murieron solo en Bogotá al menos 25 personas, la mayoría jóvenes.

Este recuento es solo una selección, son muchos más los casos que dejamos de mencionar.

Vienen también a la memoria, en medio de esos recuerdos de violencias y represiones, las movilizaciones que en 1990 lograron que la ciudadanía se manifestara a favor de una nueva Constitución Política, las marchas del 2011 que lograron contener la reforma a la Ley 30 de educación propuesta en el gobierno de Juan Manuel Santos y que fueron lideradas principalmente por jóvenes, como ocurre hoy en el país.

Las dolorosas imágenes que circulan en redes sociales y algunos medios de comunicación sobre lo que está ocurriendo durante las manifestaciones convocadas en desarrollo del Paro Nacional, nos han llamado a reflexionar sobre la urgencia de poner a los derechos humanos en el centro de cualquier contienda política y de acudir a nuestra memoria para reconocer que el irrespeto a la manifestación política ha provocado daños irreparables en la vida personal y colectiva.

Desde el pasado 28 de abril, día en que se llevaron a cabo las primera jornada de manifestaciones en contra de la reforma tributaria, «proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible» presentado por el Gobierno de Iván Duque, observamos en las calles a ciudadanos que reclaman sus derechos a través de arengas, pancartas, música, baile, performance, murales y hasta con golpes a una cacerola. Tales expresiones son propias de los repertorios pacíficos con los que la mayoría de manifestantes han expuesto en el escenario público sus descontentos y malestares. Estos lenguajes dan esperanza porque son muestra de que el diálogo y la conversación son caminos posibles para salir de la crisis que afrontamos.

Lastimosamente, las acciones violentas han opacado este escenario. En las redes sociales, los periódicos y los informativos radiales y televisivos circulan imágenes y relatos que en las noches nos desvelan y reviven pesadillas que como país ya hemos sufrido: asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, agresiones a periodistas y a defensores de derechos humanos, enfrentamientos, incendios, violencias sexuales, personas que se reportan como desaparecidas: 87 según la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH). Estos hechos son repudiables, especialmente aquellos actos cometidos por la Fuerza Pública que, con la intención de reprimir las protestas ciudadanas y sin tener en cuenta el principio de proporcionalidad, viola las leyes colombianas e internacionales que resguardan los derechos humanos.

Situaciones como las que vivimos, nos hacen pensar que en Colombia no superamos eso que la profesora María Teresa Uribe definió como estado de guerra, “una voluntad permanente y no declinable de entrar en batalla, ejercer violencia y la fuerza bruta hacia el contradictor (…) para lograr el propio interés, sometiendo por las armas y la sangre derramada a todos aquellos que se interpongan en el camino».

Los hechos aquí enumerados y los que siguen ocurriendo, esa voluntad permanente y no declinable de entrar en batalla, las imágenes de uniformados que persiguen con armas en sus manos —a pie, en motocicletas, en tanquetas y en helicópteros— a personas en la calle, nos recuerdan el texto que el poeta español Federico García Lorca tituló Cazador, publicado en 1927:

¡Alto pinar!

Cuatro palomas por el aire van

Cuatro palomas

Vuelan y tornan

Llevan heridas sus cuatro sombras

¡Bajo pinar!

Cuatro palomas en la tierra están.

Si bien las imágenes que circulan son documentos que sirven para denunciar la brutalidad de quienes han usado la violencia, no deberíamos permitir que se instalen como una niebla sobre las movilizaciones pacíficas, como una bruma que nos impida ver caminos para superar la crisis y nos arroje a escenarios más oscuros, como los que dibujaría la declaración del Estado de Conmoción Interior.

Insistimos: en los lenguajes que usan los ciudadanos que se han movilizado en la última semana, además de reclamos, hay propuestas de un horizonte social y político en el que es central el respeto por los derechos humanos, como bien lo interpretaron los rectores de varias universidad del país quienes, en un comunicado reciente, urgen sobre la apertura de diálogos acerca del desarrollo económico y social incluyente, el derecho a la salud, el derecho a la educación, la implementación del acuerdo de paz, el fortalecimiento de la democracia y las garantías para el ejercicio de la protesta social. Conversar sobre estos problemas es necesario para que a futuro la violencia sea inaceptable, para que el Estado deje de ser el cazador del que nos habla García Lorca.

 

Hacemos Memoria

Proyecto de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia