El proceso de reparación colectiva que emprendió esta institución a mediados del 2017 se ha visto atrasado, entre otras cosas, por la inestabilidad institucional de la universidad y por temores en el círculo docente.

 

Por: Pompilio Peña Montoya

Foto: Facebook Unicesar

A la Universidad Popular del César (UPC) no llegó la paz tras la desmovilización de las estructuras paramilitares ni luego del acuerdo entre el Estado y la guerrilla de las Farc. Así lo afirmó Imelda Daza, representante del Comité de Impulso de la Reparación Colectiva a la UPC, quien agregó que la reparación a esta institución universitaria, reconocida por el Estado como víctima colectiva del conflicto armado, no ha logrado avances significativos porque hay intereses políticos que “no quieren que se sepa la verdad: que el paramilitarismo sigue dirigiendo esta alma mater”.

De acuerdo con lo relatado por Imelda Daza, el panorama institucional en la UPC es complejo: desde julio de 2019 la universidad no cuenta con un rector en propiedad, dado que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar ordenó suspender las elecciones para el periodo 2019-2023, en medio de un proceso por presuntas irregularidades en la elección del funcionario anterior. Distintos rectores encargados han pasado hasta ahora por la institución que sufre una fuerte inestabilidad.

La UPC fue reconocida como sujeto de reparación colectiva por la Unidad Nacional de Víctimas el 16 de julio de 2017. A la fecha, el proceso de reparación está en la etapa de alistamiento, en la cual, contó Imelda Daza, los miembros del Comité de Impulso han logrado recuperar información histórica acerca de cómo la universidad, desde su fundación en 1977, fue impactada por la violencia en diferentes periodos de tiempo. Lea también: Las universidades públicas, otras víctimas del conflicto armado

Sin embargo, este proceso se ha visto retrasado por lo que Imelda Daza llama un “silencio institucional”, el cual, según ella, pareciera tener el propósito de no reconocer la persecución vivida dentro de la universidad. Y es que buscando esclarecer la verdad de lo que ocurrió en medio del conflicto, los miembros del Comité de Impulso pidieron conocer “cuáles habían sido las acciones de cada uno de los rectores de la universidad desde su creación, pero no se pudo; entonces pedimos las actas del Consejo Superior de todo el periodo de captación paramilitar, pero nos cobraron 780 mil pesos por suministrarnos esa información, y no pudimos acceder a ella; pedimos información sobre la deserción estudiantil y nos dijeron que no hay registros; preguntamos por información sobre la estabilidad laboral de los docentes: no hay un solo papel. Al final, no tuvimos información suficiente para hacer un análisis de fondo. Entonces nos empeñamos en mostrar los problemas éticos, morales y académicos de la UPC. La situación administrativa sigue siendo caótica hoy”, relató. Lea también: Memoria y reparación colectiva, dos procesos clave en la Universidad Popular del Cesar

Ante las barreras para acceder al archivo institucional, los miembros del Comité de Impulso decidieron acudir a otras fuentes de información como los archivos de prensa, documentos suministrados por exmiembros de la comunidad universitaria y algunos testimonios de personas que se “atrevieron a hablar”, según reveló Juan Sebastián Niño, estudiante de Derecho e integrante del comité.

Pero participar en este proceso les trajo inconvenientes a varios estudiantes, denunció Sebastián Niño, quien se incluyó entre los afectados y contó que “la universidad denunció a varios estudiantes ante la Fiscalía por ‘perturbaciones al certamen electoral’ del rector, algo que nunca antes había pasado, y esto por exigir mayores garantías para las elecciones, ya que no se estaba cumpliendo con requisitos de este proceso. Esta, sin duda, es una muestra de la persecución que aún vivimos quienes hacemos parte de movimientos estudiantiles, y con este tema de la pandemia, con todo el mundo en su casa, nadie se entera, y los medios de comunicación de la UPC no son claros sobre estos asuntos, ya que solo cuentan lo que les conviene”.

Una universidad víctima el paramilitarismo

Para el Comité de Impulso la violencia contra la comunidad universitaria comenzó a finales de los años ochenta y principios de los noventa, con los asesinatos de los profesores José Francisco Ramírez, miembros de la Unión Patriótica, y José David López Terán. “Cuando se dan estos crímenes, el docente Ricardo Palmera, hoy conocido como ‘Simón Trinidad’, toma la decisión de vincularse a la insurgencia, no quiso exiliarse”, recordó Imelda, quien, por esos mismos años sufrió amenazas que la obligaron a exiliarse en Suecia, de donde regresó en el 2015 para retomar su labor como activista de la Unión Patriótica.

A finales de los años noventa, según Sebastián Niño, la violencia y la persecución en contra de estudiantes se intensificó. En su investigación, el Comité de Impulso identificó que a partir de esa época el paramilitarismo, más exactamente el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, organización de extrema derecha que operó en los departamentos de Córdoba, Sucre, Santander, Norte de Santander y Bolívar, se tomó la universidad, básicamente, con dos propósitos: arremeter contra quienes denunciaban actos de corrupción y manejar los recursos de la institución.

Uno de los años más críticos de la violencia paramilitar en la UPC fue 1997, cuando fueron asesinados tres estudiantes que llevaban una vida activa dentro de los movimientos estudiantiles de la época: José Alfredo Cuello Saucedo, asesinado el 23 de enero; Elizabeth Córdoba Uliana, asesinada el 13 de febrero; y Rosilda Arias Velásquez, asesinada el 14 de febrero. Ver: Semillas de la UPC.

Los asesinatos y otros crímenes como amenazas y persecuciones contra miembros de la UPC, fueron recopilados en el informe Conflicto en el campus: una generación que no aprendió a rendirse, el cual fue entregado a la Comisión de la Verdad el 30 de noviembre de 2020. Durante el acto de entrega, Edgar Ignacio Fierro Flores, exjefe del frente José Pablo Díaz de las AUC, se refirió al porqué el paramilitarismo quiso tomarse varias universidades del Caribe: “Nuestro objetivo era desarticular todas las redes ideológicas que estuvieran dentro de las universidades”, las cuáles, según él, tenían ideas afines a las guerrillas.

 

Una reparación en medio de un incierto futuro

La inestabilidad institucional que atraviesa la UPC, asociada a la crisis rectoral, constituye una barrera para continuar con el proceso de reparación colectiva, explicó Sebastián Niño, puesto que el Comité de Impulso debe contar con el apoyo institucional y con la participación de diferentes estamentos que, según él, están silenciados por el miedo que les impide proyectar el plan integral de reparación a la universidad, el cual busca incorporar procesos de reivindicación de las víctimas y de reconstrucción de su memoria.

Lo anterior es para Sebastián Niño de suma importancia, ya que ninguno de los pregrados actuales cuenta con asignaturas en las que se enseñe lo que, dice él, es el pasado real de la universidad. De hecho, en la actualidad se dicta la Cátedra Libre de Historia Regional ‘Álvaro Araujo Noguera’, que no solo lleva el nombre de un reconocido político de la región condenado por parapolítica, sino que narra una verdad histórica que convendría a ciertos sectores políticos, expuso con preocupación el estudiante.

Según Imelda Daza: “El caos en la UPC es total, la autonomía es una asignatura en desuso. Hoy se pelean el poder burocrático y presupuestal dos grupos que hacen parte de la extrema derecha política y pelean eso, el botín que es la universidad con 18 mil estudiantes que pagan en promedio 800 mil pesos de matrícula, es decir, la universidad dejó de ser gratuita como lo fue en sus primeros 11 años de funcionamiento. Y se pelean la nómina burocrática que es exagerada, es decir que si la universidad tienen 600 profesores, 565 son catedráticos y el resto son de planta y tiempo completo. Eso tiene unas implicaciones tenebrosas en la academia, en la calidad educativa y en el funcionamiento de la universidad, y nunca se hacen reuniones para evaluar la calidad educativa, no hay academia. La corrupción es alarmante, repugnante”.

Mientras se resuelve quién quedará en la rectoría, el Comité de Impulso busca reanudar vínculos con la Unidad de Víctimas para seguir con el plan de reparación que, hasta el momento, tiene tres componentes: la implementación de una cátedra de paz para todos los estudiantes; la creación de un museo de la memoria que acoja el recuerdo de las nueve víctimas fatales que dejó el paramilitarismo en la universidad; y la evaluación de todos los programas con los que cuenta esta institución, con el fin de mejorar su nivel académico, pues, según explicó Imelda Daza, solo una carrera de la UPC cuenta con la acreditación exigida por las autoridades académicas del país.

El Comité de Impulso, concluyó Imelda Daza, es consciente de que el camino hacia la reparación colectiva es largo y lleno de tropiezos, pero al final tiene como último propósito mejorar la calidad académica de la UPC y proyectarla hacia el futuro con una visión que beneficie el progreso de la región Caribe.

 

Ver en video el evento organizado por la Comisión de la Verdad en el que varias universidades del Caribe, entre ellas la UPC, dan testimonio de las afectaciones que sufrieron a causa de la violencia y entregan una serie de informes sobre las implicaciones del conflicto armado en la comunidad universitaria: