Martha Nubia Bello dijo que Colombia necesita una verdad transformadora, que no solo diga lo que pasó y quiénes fueron los responsables, sino que trace un camino de reformas y de transformaciones necesarias para la superación de la guerra.

Por: Comisión de la Verdad

Foto: Museo de Memoria de Colombia

Martha Nubia Bello es trabajadora social, magíster en Ciencias Políticas, fue coordinadora del Informe General del Centro Nacional de Memoria Histórica ‘¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad’ y de varias investigaciones en la misma institución. Ella asegura que el gran reto del país es recoger las verdades (judiciales, de la sociedad civil, académicas) que ya se conocen, hacerlas públicas y lograr que tengan consecuencias, tanto judiciales como éticas y políticas.

Hablemos de Verdad es un espacio que amplía las conversaciones necesarias alrededor de la tarea de la Comisión de la Verdad. En este espacio, diferentes voces nacionales hablan sobre lo que espera el país del informe final, las verdades que se necesitan, los retos para construir un relato nacional sobre el conflicto armado y la verdad para otros futuros posibles. Si bien las personas entrevistadas contribuyen a un debate amplio y pluralista, sus respuestas no son reflejo de la posición de la Comisión de la Verdad.

Hay dos temas que están sacudiendo a Colombia hoy: la pandemia y el recrudecimiento de la guerra. ¿Cuáles son los retos de la Comisión de la Verdad en este nuevo contexto?

Lo que nos ha mostrado este contexto es que la paz y la verdad no pueden ser temas que se aplacen, no pueden ser “para después de la pandemia”, porque justamente en la pandemia se ha agudizado la violencia. El mandato de la Comisión sigue siendo aún más vigente. Hay quienes dicen que en este momento más que esclarecer, más que la verdad, necesitamos otro horizonte; yo creo que no. Este nuevo retorno a la guerra no se desactiva sin verdad, sin justicia, sin que las víctimas tengan un lugar de reconocimiento y respeto en este país.

¿Qué ingredientes ha aportado la pandemia a la intensificación del conflicto armado?

Desde antes de la pandemia estábamos asistiendo a un retorno doloroso de prácticas de violencia, que desde 2016 venían en un franco descenso: masacres, desplazamientos y reclutamientos forzados, entre otros. Ese escalonamiento se explica por el posicionamiento en el nuevo Gobierno de un discurso guerrerista, por el vacío del Estado en las zonas donde la guerrilla de las FARC estaba, por la presencia de nuevos actores armados ligados a las dinámicas de las drogas… La pandemia tal vez lo que muestra es que la gente está más sola en los territorios, que los líderes y las organizaciones sociales están en un confinamiento que los ha puesto en una situación de indefensión absoluta. Los actores armados no pararon y las Fuerzas Armadas han sido ineficientes para contenerlos. Durante la pandemia estamos observando dramáticas situaciones de confinamiento, desplazamiento, amenazas y masacres que dejan ver el grave incumplimiento del Gobierno con los acuerdos de paz, las precarias condiciones de vida de la población y la ausencia de unas fuerzas militares realmente comprometidas con la lucha contra la criminalidad y con su mandato constitucional de proteger la vida de los colombianos.

Ya el país tiene un informe como el “¡Basta ya!” y otro sinnúmero de investigaciones, del mismo Centro Nacional de Memoria Histórica, de organizaciones de víctimas y de derechos humanos, que han buscado reconstruir lo que nos sucedió. También vendrá un informe final de la Comisión de la Verdad. ¿Qué tendríamos que hacer con toda esta información para que realmente podamos pensar en una transformación, en un nuevo futuro?

De acuerdo. Este país, a diferencia de otros, tiene un gran cúmulo de trabajo cuyo objetivo ha sido ese: la memoria y la verdad. La Comisión no se enfrentó a un país carente de información, de testimonios, de análisis. Y esa riqueza enorme quizás no se ha sabido aprovechar. No solamente por el trabajo de instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), sino porque las organizaciones sociales llevan años haciendo este ejercicio de búsqueda de verdad, con sus propios recursos y a costa de su propia vida. Organizaciones como ASFADDES, por ejemplo, te dicen: “no hemos parado un solo día, no solamente buscando los cuerpos de nuestros familiares, sino intentando que la verdad se sepa: quién lo hizo y por qué lo hizo”. Ellas lo han dicho: “tenemos una verdad y, aunque aún faltan verdades por develar, queremos que esa verdad tenga consecuencias”. Como ASFADDES, hay muchas organizaciones que se han encargado de adelantar procesos de investigación que el Estado no asumió, y que hoy cuentan con valiosos informes: bases de datos, cartografías, testimonios, archivos… Pero, a mi juicio, hay una verdad que lastimosamente ha sido muy subestimada: la verdad judicial. Es una verdad que también ha implicado un esfuerzo institucional enorme, que ha costado vidas a jueces y defensores, a investigadores, a abogados; que ha costado esfuerzos enormes de las víctimas y de las organizaciones. En Colombia tenemos más de 18 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenan al Estado colombiano por la violación de derechos humanos. En estas sentencias hay revelaciones impresionantes, análisis de contextos, identificación de responsabilidades, daños e impactos; se trazan caminos y rutas de reparación. Y mi pregunta es: ¿esas sentencias tuvieron consecuencias judiciales? Sí. Pero, ¿las conoce el país? ¿Han tenido consecuencias éticas, políticas? ¿Nos han ayudado a que como sociedad nos enteremos un poco más del país que tenemos? Claramente no. Y no me refiero solamente a esas sentencias, que tienen un gran valor porque son cosa juzgada. Tenemos también las sentencias de Justicia y Paz, las sentencias de Restitución de Tierras, las sentencias del Consejo de Estado. Cada sentencia revela verdades. Para la Comisión de la Verdad, este es un reto enorme: cómo no ser inferiores a esa verdad que ya se sabe: la judicial, la de las organizaciones sociales, la de la academia…

¿Qué hacer con esas verdades?

En primer lugar, creo que la responsabilidad es decir lo que ya se sabe, y saber decirlo. En este momento no podemos decir que el país tiene que empezar a preguntarse por lo que pasó; este país empezó a preguntarse eso hace muchos años. Creo que todavía nos falta mucho por saber, pero la preocupación y el reto de hoy es: ¿qué hacemos con lo que ya se sabe? Para mí, el reto de la Comisión, más que una comisión de investigación, por el corto tiempo que tiene (en el Centro de Memoria nos tardamos en informes como el de Bojayá tres años, el mismo tiempo de mandato de la Comisión), es recoger las verdades que ya existen y entregar unos cinco o diez mensajes contundentes sobre lo que pasó. Unos mensajes claros. Por ejemplo: para nadie es ajeno decir que nuestra guerra no se explica sin el problema de la tierra. Es una verdad que todo el mundo ha gritado. Y que mientras el problema de la tierra siga, seguramente no vamos a salir de esta guerra. Bueno: ¿cuál es la verdad sobre la tierra? Hay una cantidad de informes que calculan el número de tierras expropiadas a los campesinos, y la pregunta es: ¿quién se quedó con esas tierras? No basta con decir cuáles fueron las tierras que se despojaron. La verdad que tiene que decir la Comisión es la verdad de las responsabilidades, que hace parte de su mandato: quién fue el responsable, quién se quedó con esas tierras, qué mecanismos y complicidades hicieron posible este despojo.

Pero, además, hablamos de la necesidad de una verdad y una memoria transformadora, que no solo se limite a decir qué pasó y quiénes fueron los responsables, sino que señale claramente qué es lo que no puede seguir manteniéndose como está. Para mí, ese es el gran reto de la Comisión: entregarle al país una ruta, un camino de transformaciones y de cambios, que comprometan acciones y responsabilidades institucionales y también sociales. La Comisión podría recoger las propuestas y reclamos que claramente han formulado organizaciones sociales, académicos, y trazar una ruta de cambios que requiere el país. Identificados los factores y las condiciones que hicieron posible la guerra, y que la siguen manteniendo vigente, es necesario señalar con contundencia y autoridad qué es lo que tiene que desmontarse y transformarse. En este sentido, la verdad se convierte en un horizonte de paz.

¿Qué espera usted del informe final?

Un documento sintético, sencillo, contundente, que le pueda decir al país cuáles son esos asuntos que han sido determinantes para explicar la guerra, cuáles son las responsabilidades. Pero, insisto, sobre todo, que señale un camino de transformaciones necesarias para el país. Claro, para llegar a establecer los cambios requeridos es preciso señalar las condiciones y las responsabilidades que han hecho posible la violencia, y en este sentido, esperaría que la Comisión contribuya a responder con claridad a quiénes ha servido, ha beneficiado y sigue beneficiando esta guerra.

Es una aspiración similar al llamado de las madres de falsos positivos: ¿quién dio la orden? ¿A alguien le sirvió y a quién le sigue sirviendo esto? Eso es develar verdades necesarias, para asumir las transformaciones. También pienso que el informe nos debe dejar tareas. Que la Comisión, en su autoridad, les trace tareas al Estado y a sus instituciones, a los académicos, a las universidades, a los partidos políticos; para que asumamos las tareas pendientes con la memoria, con la verdad, que nos mantendrán ocupados por muchos años más. La Comisión tiene una autoridad ética, una legitimidad, para trazarnos unas tareas de mediano y largo plazo, y para determinar mecanismos para hacerle seguimiento a esas tareas. Insisto: tenemos verdad. ¿Cómo hacemos para que se vuelva pública y transformadora? Tenemos dos retos: comunicar esa verdad y hacer que tenga consecuencias, no solo judiciales, sino éticas y políticas. Que la gente al conocerla pueda decir: “esto me cambia mi manera de ver y de valorar el país; después de esto no puedo seguir comportándome igual, seguir siendo indiferente, seguir siendo cómplice”. Y eso es lo que no está pasando: hay mucha verdad, pero sin apropiación social y sin consecuencias. Es un reto complicado, pero esa es la apuesta. Ojalá no nos sigamos llenando de más folios, de más papeles; eso es importante, pero no es lo fundamental en este momento.

Hay muchas expectativas, y muy diversas, frente a lo que debe decir ese informe. ¿Cómo encontrar un balance?

Nosotros hicimos un ejercicio interesante cuando desde el CNMH estábamos haciendo el guion del Museo de la Memoria Histórica. Partimos de reconocer dos cosas: no podemos pretender decirlo todo y no va ser posible crear consensos. Entonces, en lugar de preocuparnos por todo lo que debíamos decir e incluir, optamos por preguntarnos: ¿qué es lo que no podemos dejar de decir?, y a partir de ahí construimos los mensajes centrales del Museo. Pienso que el reto de la Comisión es similar: qué es lo que no se puede dejar de decir.

En Colombia ha existido una lucha histórica por la verdad. ¿Cómo conciliar esa batalla en el informe final?

Un informe no es un consenso, no puede ser un consenso. Cuando pensábamos en el Museo, yo, como directora, me imaginaba un gran letrero en la entrada que dijera: “¡Bienvenidos al disenso!”. El país no necesita que tengamos consensos sobre la verdad. Es más, se precisa un debate desde perspectivas y posturas distintas, pero sobre la base de, por lo menos, tres principios: 1) No admitir el negacionismo: no negar algo que sí ocurrió, que está probado, que es un hecho innegable. 2) No permitir que se legitimen o justifiquen las prácticas de violencia y las vulneraciones de los derechos. 3) No aceptar posturas que reproduzcan y acentúen vulneraciones, discriminaciones y exclusiones. ¿No hay una verdad absoluta?, de acuerdo. ¿Las verdades admiten interpretaciones?, también. Pero esto no puede ser un popurrí, donde todo cabe y donde toda interpretación tiene validez. Aquí tenemos verdades innegables, hechos incontrovertibles basados en investigación rigurosa, en expedientes judiciales, en testimonios. Y estos se vuelven los reguladores para que, si bien se permita y estimule el debate y el disenso, este no se preste para negar, tergiversar, legitimar y vulnerar.

 

* Esta entrevista fue publicada originalmente el 24 de julio de 2020, aquí.