Los familiares de víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como  bajas en combate por agentes del Estado, en Antioquia, se pronunciaron sobre las versiones rendidas por exintegrantes de las brigadas IV y la XIV del Ejército nacional, quienes comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el Caso 03. La Audiencia de Observaciones se realizó en  Medellín y El Carmen de Viboral, los días 1, 2, 4 y 5 de marzo.  

Por Fabián Uribe Betancur y Margarita Isaza Velásquez
Foto: Margarita Isaza Velásquez, Fabián Uribe Betancur y cortesía JEP

Unas 220 víctimas acreditadas participaron en la Audiencia de Observaciones del Caso 03: Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, que para el subcaso Antioquia fue realizada en días consecutivos en el Museo Casa de la Memoria de Medellín y en el Centro de Convenciones de El Carmen de Viboral. Este espacio, organizado por la Jurisdicción Especial para la Paz, contó con la presencia de las organizaciones de víctimas, sus representantes jurídicos, los magistrados Óscar Parra y Catalina Díaz, la Procuraduría y los medios de comunicación.    

Al iniciarse la primera jornada en Medellín, el 1 de marzo, los representantes judiciales de las víctimas leyeron los nombres de 80 personas que fueron asesinadas y desaparecidas en el Valle de Aburrá, Oriente y Norte de Antioquia. Los familiares de las víctimas, al escuchar cada uno de los nombres de sus familiares, se unieron en una sola voz diciendo: “¡Presentes! ¡Presentes! ¡Presentes!”.   

En el auditorio del Museo Casa de la Memoria, las víctimas situaron cuidadosamente diversos objetos de memoria, para mostrar que cada uno de sus familiares sigue presente en sus vidas y no será olvidado.   

Los objetos constituían una especie de altar y recordatorio, que fue ubicado entre los magistrados de la JEP y los asistentes, de manera que se diera a entender a los públicos de la audiencia que las víctimas del conflicto armado en Colombia deben estar en el centro de la discusión.  

Elementos como un oso gris, un aguacate, un cartel, la fotografía de un hombre y un buso café desgastado evocaban asuntos de la vida cotidiana de las personas asesinadas y desaparecidas por agentes estatales, en este caso miembros del Ejército nacional. Una bolsa de papitas fritas, por ejemplo, llevaba  un listón de papel marcado con el nombre de Julián Andrés Vásquez Chaverra, quien fue asesinado el 29 de junio de 2005 por integrantes del Batallón Grupo de Caballería Mecanizada N.º 4 Juan del Corral, en la vereda El Pinal, de Bello, en el Valle de Aburrá, una de las regiones priorizadas en esta segunda fase del subcaso Antioquia.  

A través de un video, la mamá de Julián Andrés dijo que su hijo era una persona emprendedora, que tenía una fábrica de papitas fritas en Bucaramanga y que con ello ayudaba económicamente a su familia. La señora Gloria Vásquez Guerra les pidió a los exmilitares decir la verdad de lo que pasó con Julián Andrés: “Vean, señores coroneles, me da mucha pena con ustedes, pero los hago responsables del caso de mi hijo. Ustedes dijeron que no eran responsables, que no estaban presentes, que no se acordaban. Ahí es donde me siento tan dolida, porque no responden por la verdad; acepten la realidad”.  

Por la magnitud de los hechos, el subcaso Antioquia se abordó en dos fases o periodos: una de 2002 a 2003, en la cual la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP emitió el auto de imputación contra el general Mario Montoya y ocho militares más por 130 casos de “falsos positivos”. Y la otra fase cubre de 2004 a 2008, e investiga principalmente los hechos cometidos por batallones de las brigadas IV y XIV.    

En el desarrollo de la Audiencia de Observaciones, la magistrada Catalina Díaz especificó la dimensión de los hechos en el subcaso departamental: “De las 6402 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate en Colombia, entre 2002 y 2008, 1613 ocurrieron en Antioquia. Esto significa que 25,19% de este fenómeno se concentró en Antioquia”.  

Ya dentro del departamento, la magistrada Díaz explicó que esta práctica ilegal “se extendió por toda Antioquia. La región de Oriente concentró el 40% de los casos; el Norte y el Nordeste, donde actuó la Brigada XIV, el 24%, y el Valle de Aburrá, el 14%”.  

La Audiencia de Observaciones es  una instancia de la JEP que busca garantizar la participación de las víctimas en un proceso de construcción dialógica de la verdad. En esta diligencia pública, así como lo hizo la mamá de Julián Andrés Vásquez Chaverra, las víctimas acreditadas presentaron sus observaciones a las versiones que han rendido 81 exmilitares de las brigadas IV y XIV del Ejército, y a su vez, expusieron cómo la violencia y estos crímenes cometidos por agentes estatales han afectado sus vidas.

Las observaciones  

En la jornada del Museo Casa de la Memoria, Luis Fernando Castro, padre de Juan David Villa, hizo un llamado de atención a la JEP: “Le digo a la magistratura que los casos que no están priorizados son muchos; eso deja en desventaja a las demás víctimas en la defensa de sus derechos”. Juan David fue engañado con una falsa oferta laboral en la vereda San Pedro de Alejandría y fue asesinado por miembros del Batallón Energético y Vial.   

Luz Elena Rúa, hermana de Fabián Albeiro, insistió en que los altos mandos del Ejército deben de responder por los crímenes cometidos: “Quiero hacer un llamado a estos generales y comandantes que siguen empeñados en negar la realidad que vivió el país y en concreto el departamento de Antioquia”.  

Elizabeth Vera Lopera, hermana de Mario, quien vivió como habitante de calle luego de ser amenazado, señaló que miembros del Ejército se lo llevaron del centro de Medellín junto con Edwin Robinson Orozco con la promesa de brindarles un trabajo, y lo asesinaron en la vereda San Blas del municipio de San Carlos. Ella detalló que los responsables del asesinato de su hermano eran integrantes del Batallón de Artillería Jorge Eduardo Sánchez (BAJES), que estaban bajo el mando del teniente coronel Luis Javier Pérez. En su intervención se dirigió a los magistrados Parra y Díaz: “Señor magistrado y señora magistrada, me permito preguntarles por qué no se han llamado a declarar a estos señores; han pasado ya 18 años, nunca los han llamado a declarar. También pregunto si ellos siguen siendo miembros activos del Ejército, si hay detenidos sobre estos hechos. Además, quiero preguntarles a los militares por qué no se han pronunciado acerca el asesinato de mi hermano y de su compañero”.  

Elizabeth Vera también les preguntó a los magistrados si hay investigaciones contra los jueces de la Justicia Penal Militar: “Qué pasó con la jueza Luz Marina Polanco, de la cual tengo entendido que ocultó mucha evidencia e información de todos estos asesinatos que ha cometido el Ejército; por qué no se ha investigado aún a los altos jueces penales militares”.  

La magistrada Catalina Díaz respondió algunas de las preguntas de la hermana de Mario Vera: “Es una línea de investigación importante sobre el rol de la Justicia Penal Militar como un dispositivo de encubrimiento. Hemos escuchado en testimonio a una juez, sabemos que ahí hay una parte importante de esta maquinaria de encubrir los crímenes”.    

Entre otras observaciones que en El Carmen de Viboral realizaron los familiares de víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combates por miembros del Ejército, se encuentran que los militares dijeron en sus versiones información confusa o equivocada sobre los hechos que rodean las muerte de muchas víctimas; varios de estos militares no han asumido la verdad de lo que hicieron y negaron haber participado de algunos crímenes; si bien los responsables directos han sido señalados en otras instancias, como la justicia ordinaria o la justicia penal militar, algunos de estos casos parecen estancados en la JEP, y las víctimas piden celeridad y profundidad en las investigaciones.  

El Caso 03 tendrá dos autos de Determinación de Hechos y Conductas. El primero fue emitido el 30 de agosto de 2023; en él se determinaron los hechos y conductas ocurridos durante los años 2002 y 2003, atribuibles a miembros de la IV Brigada adscrita a la I División del Ejército Nacional. El segundo auto comprende el periodo 2004-2006, que corresponde a las audiencias desarrolladas en Medellín y El Carmen de Viboral. Se estima que este auto se emita en el primer semestre del 2024. Según los magistrados Parra y Díaz, también abordará hechos cometidos por la Brigada XIV en zonas como el Norte y el Nordeste de Antioquia. Al final del 2024 se espera adelantar la Audiencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, en el que los comparecientes se dirigirán a las víctimas y a todo el país.  

Recogemos a continuación algunos de los testimonios ofrecidos por familiares de víctimas, quienes en su relato no solo describieron cómo fueron cometidos estos crímenes, sino que también hicieron observaciones puntuales a la investigación que adelanta la JEP en el Caso 03. 

Liliana Durán Pérez 

Liliana Durán Pérez, integrante del colectivo Tejiendo Memoria en Sonsón. A su papá lo asesinaron en la vereda Río Verde de los Montes.  

«Yo estoy acá porque estoy representando a todas las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. No solo a mi papá.  

El 19 de marzo de 2005 el Ejército asesinó a mi papá. Nosotros teníamos que pasar siempre por la base militar que estaba en la vereda. Una vez nos pidieron los documentos y dijeron que mi hermana era guerrillera porque tenía la tarjeta de identidad mojada. Nos dejaron ir a las dos horas con la condición de que mi papá se presentara. Nos fuimos para la casa. Mi papá al otro día madrugó a la base y dijo que le tomaron fotos y las huellas de las manos. Él dijo que no lo trataron mal, pero yo sentía que mi papá nos estaba ocultando algo. 

A los quince días, mi papá estaba haciendo una construcción y vaya sorpresa: nunca llegó a la casa. Que no había ido a trabajar. 

Mi papá desapareció un jueves y nos llamaron a decir que lo habían presentado como baja en combate en Rionegro.

El sueño mío era ser oficial del Ejército nacional. Le dije a mi papá de ese sueño y él estaba orgulloso de mí y me quería apoyar. Quería que me vieran en uniforme, en un espacio como este. 

Destruyeron a nuestra familia. Él era un líder de la vereda y nos señalaron. Dijeron que él era un guerrillero. Con este hecho nosotros y toda la vereda nos fuimos desplazados. 

Éramos mi papá, mi mamá y seis hijas mujeres. Yo tenía 14 años. Cuando mataron a mi papá, nos tocó ponernos a trabajar para obtener el sustento. Nos rompieron los sueños. 

A Mario Montoya, a González Peña, y a todos los que no recuerdo ahora mismo porque tengo rabia… ¿Qué sienten de haber llegado tan alto a costa de nuestro sufrimiento?». 

Cristian Alejandro Martínez 

Cristian Alejandro Martínez fue retenido siendo menor de edad en la vereda El Porvenir de San Luis. Sus compañeros de juegos y estudio Disney Villegas y Uber Esneider Giraldo fueron asesinados.  

«Un 26 de julio de 2004, veníamos de tener una tarde recreativa en la escuela, cuando en una casa habitada por campesinos como nosotros estaba el Ejército resguardado. Cuando nos vieron, nos echaron mano. Esneider iba adelante, Disney iba en el medio y yo iba atrás. Esneider se zafó, pero le dispararon. Esneider cayó al suelo. Tuve que presenciarlo. A Disney también le dieron.  

Con un arma me decían: “Díganos que ellos eran guerrilleros. Si no nos dice eso, también va a morirse”.  

Estuve amarrado por mucho rato. Hoy puedo recordar cómo estos señores nunca han tenido compasión por nada. El poder que les dio el Estado para hacerle daño a la población civil, a los más indefensos que somos los campesinos… Estos señores deberían de tener vergüenza. No han sido capaces de reconocer los hechos.  

Nosotros no teníamos armas ni nada que nos comprometiera con un grupo armado. Íbamos en sudadera, si acaso teníamos una cubierta de machete, como todos los campesinos. 

Después de mucho rato me soltaron cuando mi hermano mayor apareció y les dijo que no tenía nada que ver. Me soltaron y me hicieron firmar una constancia de que no había recibido ningún maltrato. Debería darles vergüenza. 

He cargado con un peso que ni siquiera quise. Hoy Colombia sabrá lo que estos señores fueron capaces de hacernos a los que no teníamos nada que ver con el conflicto armado. Espero que esto no se vuelva a repetir». 

Abelardo Ramírez Arias 

Abelardo Ramírez Arias, hermano de Jaime Alberto Ramírez, conductor de bus escalera asesinado el 28 de marzo de 2004. 

«Les hablo a los miembros del Ejército. Todo lo de nosotros lo dejaron en ruinas. Ustedes llevan un pan a la mesa de su familia, y eso está manchado de sangre. Se llevaron a mi hermano, que trabajaba en el bus escalera. Era papá de dos niñas. Era un hombre fuerte. Lo amordazaron. Lo trajeron de Cocorná a una vereda de El Carmen y aquí lo asesinaron. Lo enterraron como NN en El Santuario. 

Se lo llevaron un domingo y el jueves lo encontramos. Todos lo buscamos hasta que nos dijeron dónde estaba. Lo sacamos de la bóveda y pudimos reconocer que era nuestro hermano. Mi mamá se desvaneció. Lo dejamos allá por respeto a los muertos. 

Éramos once hermanos, nos quitaron uno y mi mamá comenzó a enfermar. Creímos que con el amor de los que quedábamos iba a ser suficiente para ella, pero no fuimos capaces de remediar ese dolor. Ella murió a los cuatro años. Mi papá al año de mi madre. 

Ustedes todos saben qué fue lo que sucedió. En el campo si no trabajamos, no somos nada. ¿Cuántos quisieran volver al campo, pero no pueden? ¿Por qué no se fueron a otro lado a buscar a la guerrilla? ¿Por qué tenían que ir adónde nosotros estábamos trabajando?». 

Ana Sofía Echavarría 

Ana Sofía Echavarría, madre de Oscar Felipe Echavarría, estudiante de la Universidad de Antioquia asesinado en una finca de Guatapé el 12 de enero de 2007.  

«Mi hijo estudiaba Química pura en la Universidad de Antioquia. Nosotros nos criamos en Medellín, y en mi mente nunca pensé en estar en vuelta en algo tan raro, tan atroz.    

El 13 de enero me llamó la mamá de uno de los muchachos con los que él estaba de paseo en Guatapé, y me dijo que a los muchachos los habían matado.  

Yo me fui con la señora. Estuvimos en una inspección, pero allá no había policías; estaban los soldados, o sea que los que mandaban allá eran los soldados. Reconocimos a los muchachos, estaban muy destrozados, pero no estaba mi hijo. Los soldados que estaban custodiando ese día alrededor, estaban felices, habían hecho una fiesta ese día.      

A uno que tenía los documentos de mi hijo, le pregunté: ¿Usted por qué tiene los documentos de mi hijo? Entrégueme los documentos: “No, él está en una investigación”. Entonces, le dije: “Usted tiene los documentos de mi hijo, usted tiene que saber dónde está”. Ellos solo se reían. 

Esos soldados después fueron investigados porque cometieron una masacre, mataron a esos cinco muchachos, y ellos tienen que dar razón de eso. 

El señor que desapareció a Oscar Felipe tiene que darme razón de mi hijo; se llama Jorge Eduardo Salazar. Le estoy suplicando a él o a los soldados que mataron a esos muchachos que digan dónde está mi hijo».