De acuerdo con la abogada, experta en Derecho Internacional Humanitario y magistrada auxiliar de la JEP, en medio del conflicto armado las personas con discapacidad fueron víctimas de violaciones, homicidios, amenazas y atentados.

 

Por: Pompilio Peña Montoya

Fotografía: Proyecto Arte para Reconstruir de la Fundación Prolongar con el apoyo de USAID. Fotógrafos Santiago Vallejo/Federico Mejía

En Colombia, las personas con discapacidad representan el cinco por ciento de las nueve millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado en el país, según datos el Registro Único de Víctimas de la Unidad Nacional para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas. Así lo refirió la abogada Tania Bolaños Enriques, experta en Derecho Internacional Humanitario, quien se ha especializado en comprender y desarrollar mecanismos que refuercen los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad.

Hasta hace algunos años, explicó Tania Bolaños, “en Colombia solo se tenían en cuenta a aquellas personas que adquirían una discapacidad por cuenta del conflicto, pero no se tenía en cuenta a las personas ya discapacitadas que terminaron padeciendo la guerra”. Aunque esa situación ha venido cambiando, advierte que aún es poco lo que se ha avanzado en la implementación de políticas en favor de esta población. Esto, a pesar de que en el Acuerdo de Paz se les confirió a las personas con discapacidad un trato diferencial, en igualdad de condiciones con las demás víctimas del conflicto.

Acerca de estos asuntos hablamos con Tania Bolaños, quien es docente de la Universidad Cooperativa de Colombia y magistrada auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz.

 

En medio del conflicto armado, ¿se han vulnerado el Derecho Internacional Humanitario y los derechos de las personas con discapacidad?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) surgió para humanizar los conflictos armados, la guerra, ya de por sí inhumana, para tratar de minimizar las consecuencias del conflicto en los combatientes. Por consecuencia de la Segunda Guerra Mundial se amplió también para la protección de los civiles. Este derecho se aplica obligatoriamente; funciona independiente de la voluntad de las partes. En esta medida existen normas para proteger a la población con discapacidad. Específicamente, el DIH protege a las personas que no participan en las confrontaciones, a las personas con vulnerabilidad, ellas no pueden ser atacadas. Se prohíbe, por ejemplo, el uso de ciertos tipos de armas que van a ocasionar daños permanentes, severos y sufrimientos innecesarios. En ese marco, el DIH protege a la población con discapacidad.

Lamentablemente, en nuestro país hubo muchas violaciones al DIH, hubo muchos ataques dirigidos contra la población civil que no era objetivo militar o que no estaba participando directamente en las confrontaciones, y que terminó desplazada, juzgada, secuestrada o violentada sexualmente.

El conflicto fue el causante mayor de discapacidades físicas y mentales en nuestro país. Según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), por ejemplo, las personas con discapacidad específicamente fueron víctimas de violaciones, homicidios, amenazas y atentados.

Hay algo que resaltar, y es que hasta hace algunos años en Colombia solo se tenían en cuenta a aquellas personas que adquirían una discapacidad por cuenta del conflicto, pero no se tenía en cuenta a las personas ya discapacitadas que terminaron padeciendo la guerra. Esta perspectiva cambiaría y se vería reflejada en las políticas sobre víctimas que hoy rigen el país.

 

En ese sentido, según el Registro Único de Víctimas, ¿cuántas personas hay con discapacidad que deben ser reparadas?

El Registro Único de Víctimas (RUV) maneja algunas estadísticas interesantes. Por ejemplo, el RUV hasta hace algunos años solo tenía en cuenta a aquellas personas afectadas por las minas. Tras el Acuerdo de Paz se diseñaron otras caracterizaciones y ahora podemos encontrar que, de las 9 millones de víctimas registradas, cerca del 5 por ciento cuenta con alguna discapacidad. Con discapacidad múltiple hay cerca de 65 mil personas; con discapacidad auditiva, 23 mil; física, 103 mil; intelectual, 8 mil personas; visual, 31 mil; psicosocial, 5 mil personas. Y aún hay, según la Unidad, más 140 mil personas pendientes por determinar su tipo de discapacidad.

Esta información es crucial porque permite mejorar los programas de reparación que deben integrarse con la política pública de servicios del estado, programas dirigidos a la población vulnerable, en este caso la población con discapacidad, para que también cuente con la oportunidad de superar los daños del conflicto.

 

¿En Colombia se está cumpliendo la ruta de reparación para las personas con discapacidad?

La Ley 1448, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, está diseñada para brindar reparación integral a todas las víctimas del conflicto armado de manera rápida. Esta es una reparación administrativa y no judicial, lo que significa que las personas no tienen que ir a los tribunales a probar que efectivamente el daño se causó, lo cual implicaría un proceso largo y probatorio, sino que con unas simples pruebas y su relato se le puede considerar como víctima y eso agiliza los procesos de reparación. Contiene otra diferencia, y es que la reparación tiene unos límites en el campo económico, mientras que la judicial puede considerar reparaciones de más cuantía. Estas son acciones masivas para que el Estado asuma su obligación de reparar los daños ocasionados en el conflicto armado.

La Ley de Víctimas tenía una vigencia de diez años y ahora la han prorrogado porque no se ha llegado a cumplir con el 100 por ciento de las reparaciones. Lo que sucede con la implementación de la Ley es que se ha hecho un énfasis, a mi modo de ver errado, sobre la medida de reparación económica, cuando en realidad la rehabilitación es más importante y esto es especialmente notable para las personas con discapacidad. Hablamos de la rehabilitación, física, social, mental, etc.

Ahora, me parece que el gobierno ha avanzado en este proceso, pero se queda demasiado corto. El Acuerdo de Paz, por ejemplo, tiene algo que quiero destacar y es que llama la atención a que estos procesos de búsqueda de programas de reparación se hagan de manera dialógica, es decir, en vínculo directo con las víctimas del conflicto armado, puesto que son estas las que saben efectivamente qué es lo que necesitan y nos pueden brindar mejores orientaciones para diseñar programas adecuados a sus necesidades. Pero esto se está haciendo muy poco.

 

¿De qué manera incluyó el Acuerdo de Paz a las personas con discapacidad?

Yo creo que no podemos negar una realidad y es que la discapacidad apenas está siendo visibilizada en el país, precisamente por la ratificación de la convención de personas con discapacidad y la expedición de la Ley 1618 del 2013. Entonces, el Estado se ha visto apremiado en adaptar infraestructuras y sacar protocolos especiales de atención. Pero también hay otra realidad y es que las personas con discapacidad no se encuentran completamente organizadas o no tienen organizaciones fuertes, como sí ha pasado con movimientos como la población LGBTI o grupos étnicos o de mujeres.

Por ello, creo que el Acuerdo si bien tiene unas clarísimas menciones a la población con discapacidad, lo hace es en relación con el tratamiento de los enfoques diferenciales. El Acuerdo hace un énfasis especial en reconocer a las víctimas como ciudadanos con derechos, de esta manera se incorpora un enfoque de derecho como eje central para la implementación del acuerdo, que tiende a garantizar el goce efectivos de los derechos de todas las personas. Y aunque no se hace una mención explícita al enfoque diferencial de discapacidad, lo cierto es que uno de los principales puntos del acuerdo es la centralidad de las víctimas y, en esa medida, las personas con discapacidad adquieren mayor visibilidad.

Una consecuencia de esto es que hoy podemos ver en el Registro Único de Víctimas una caracterización que se dio después de la firma de Acuerdo y luego de seguir las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que se incluyera un enfoque de discapacidad en todos los programas de asistencia y reparación.

 

¿Cuáles son los mayores retos de nuestra sociedad para dejar de excluir a las personas con discapacidad?

Yo creo que los retos son muchos, pero sobre todo es lograr los objetivos centrales de la justicia transicional, que son: lograr una paz estable y duradera y la reconciliación nacional. Estos objetivos una vez logrados van a causar unos efectos, entre ellos cambios radicales en la sociedad, en las políticas públicas y en las instituciones, lo que va a llevar al fortalecimiento de los derechos sociales y culturales que a veces son dejados de lado, y que son importantes para la inclusión social.

Entre los retos está lograr ese trato dignificante a las personas con discapacidad en el ámbito de la justicia, y esto se traduce en un mejor trato en las instituciones públicas y privadas, y en las oportunidades de empleo y educación que se les pueda brindar. Esto ya se está dando, hoy vemos como en algunas instituciones de educación superior se están abriendo cupos para personas con dificultades visuales o auditivas. Este es un paso positivo, pero el camino hacia la inclusión completa aún es muy largo.

A su vez, es muy importante integrar a las personas con discapacidad porque son parte de la sociedad. Tradicionalmente hemos crecido en una cultura de diferencias. En países con mayor desarrollo las personas con discapacidad tienen acceso igualitario a sus derechos básicos, como lo son la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, etc. En Colombia pasa diferente y es algo que tiene que transformarse. La justicia transicional tiene que llevar a cambios radicales en la sociedad misma y eso también depende de nosotros.